Primer acercamiento a la historia de la archivología en el Uruguay

First approach to the history of the archival science in Uruguay

Víctor Barranco García*
Eliseo Gabriel Queijo Fellosa**
* Archivólogo Víctor Barranco García, encargado del Archivo Central e Histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ]]> ** Archivólogo Eliseo Gabriel Queijo, Archivo de Contaduría General de la Nación, presidente de la Asociación Uruguaya de Archivólogos.
Recepción: 28 de agosto de 2015 Aprobación: 12 de octubre de 2015 Publicación: Abril de 2016

Resumen

Esta investigación ofrece un acercamiento a la archivología uruguaya, su historia, procesos y avances, así como a la contribución de las principales instituciones que se comprometieron con su progreso, procura brindar una base que permita conocer y comprender mejor su desarrollo, la misma que se efectuó con información recopilada de diversas fuentes, reseñando los principales acontecimientos que marcaron a la archivología nacional.

Palabras clave: <Archivos> <Archivología> <Asociación Uruguaya de Archivólogos> <Fic> <Historia Del Uruguay>

Summary

This research provides an approach to the Uruguayan archival history, processes and developments as well as the contribution of the main institutions that committed to progress, seeks to provide a basis for knowledge and understanding of its development, which was conducted with information gathered from various sources, reviewing the major events that marked the national archival.

Key words: <Files><Archivistic> <Uruguayan Archivist Association> <Fic > <History Of Uruguay>

1. Nacimiento de los primeros archivos uruguayos

Consideramos que para comprender más cabalmente el proceso de gestación de la archivología uruguaya es necesario recorrer algunos hechos históricos que incidieron en la génesis y desarrollo de los primeros archivos del Río de la Plata, formados en gran medida por documentos que nacieron antes de la vida independiente de la República Oriental del Uruguay y tenían el fin de regular la administración y el comercio desarrollado en esta región geográfica.

Siguiendo las costumbres administrativas de la Metrópoli, las autoridades coloniales del Reino de España en América se dieron a la tarea de conservar estos valiosos archivos para poder informar periódicamente a la Corona sobre los acontecimientos en los que le tocaba actuar en sus colonias.

La ciudad de Buenos Aires, fundada en el s. XVI, obtenía importantes ventajas del negocio mercantil de su puerto debido a sus naturales condiciones geográficas y se fue posicionando como centro de la estructura administrativa de la Corona española.

Paralelamente, la denominada por los españoles "Banda Oriental" fue adquiriendo un especial protagonismo en el desarrollo político y económico de la región, siendo su dominio objeto de diversas disputas por parte de las principales potencias europeas que participaron activamente en los procesos históricos que desembocaron en la independencia y formación de los países del cono sur americano.

... tendría muy acertado y muy del servicio de Dios y de S.M.R. se fuesen poblando algunas ciudades y villas y lurimero los puertos más principales y de más utilidad, para que el enemigo no se apodere de ellos, pues la provincia es grande y fertilísima para grandes crianzas y labranzas y capacísima para un nuevo y gran gobierno...¹

La pretensión de la Corona portuguesa de llevar las fronteras meridionales del dominio portugués hasta el Río de la Plata con la fundación de la Colonia del Sacramento y la oposición de España a este propósito propicia la fundación de la ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo en 1726. Su estratégica posición geográfica en la desembocadura del Río de la Plata la convirtió en un importante nudo de comunicaciones.²

Con el fin de defender sus posesiones al sur del continente, la Corona española crea el Virreinato del Río de la Plata (1776-1814), la cual funcionaba a través de organismos como el Tribunal de Cuentas, la Real Audiencia y el Consulado, cuyo centro administrativo era la ciudad de Buenos Aires. Éstos comenzaron a producir sus propios documentos, aumentando el volumen de las tramitaciones y ocasionando numerosos inconvenientes que debilitaron la efectividad del gobierno; la estructura administrativa se volvió más compleja y burocrática, provocando que los documentos de archivo fueran multiplicándose de manera exponencial.

En este contexto, los Cabildos tomaron especial relevancia, eran órganos compuestos por un número variable de vecinos importantes de una población, tenían la función de ejercer lo que actualmente se conoce como el gobierno municipal; las necesidades de decisión y contralor de diversas actividades vinculadas a la vida de las ciudades, especialmente cuando algunas fueron adquiriendo importancia, llevó a que los cabildos fueran extendiendo sus atribuciones, así sucedió con el Cabildo de Montevideo, instalado el 1 de enero de 1730, asumiendo diferentes facultades, dando origen a los primeros archivos de la ciudad.³

Paralelamente a estos hechos, la orden religiosa de los Jesuitas en Montevideo atesoraba un importante archivo. El historiador Carlos Ferrés, en su Historia de los Jesuitas en la Banda Oriental, manifiesta que la documentación producida por los jesuitas estaba custodiada en lo que fue su residencia en Montevideo, y luego, tras la orden del rey Carlos III, en el año 1767, de extrañar a la Compañía de Jesús de sus dominios, estos documentos y otras propiedades fueron absorbidos por otras instituciones.⁴

Entre los años 1811 y 1828 se sucedieron diferentes acontecimientos que desembocaron en la independencia del territorio oriental del Uruguay, comenzando con la "Admirable Alarma" de 1811, primera acción revolucionaria del levantamiento Oriental. Entre otros hechos, Artigas promulgó las Instrucciones del año XIII, se conformó la "Liga Federal"⁵ y ocurrieron ocupaciones e invasiones que desembocaron en la independencia de la Banda Oriental.

Es en este convulsionado proceso histórico, donde se producen las primeras pérdidas importantes de patrimonio documental, consta el historiador Carlos Machado, en su libro Historia de los Orientales tomo I, que el 29 de octubre del año 1806 se produce la invasión de los ingleses por Maldonado, encontrando una fuerte resistencia que es vencida y provocando destrozos en la ocupación y el incendio del archivo de la ciudad, hecho que se referencia en la circunstancia de una reclamación de títulos de tierras. En ese proceso, las autoridades del momento imponen la obligación de certificar esos títulos de propiedad, aunque sin éxito, por sucederse el hecho del incendio. Aunque no encontramos otros datos que confirmen la veracidad de estos acontecimientos, es probable que nos encontremos ante el primer caso de incendio de un archivo en la Banda Oriental.

... Al retirarse las tropas porteñas sometieron a la ciudad a un verdadero saqueo, arrancándose las puertas y vidrieras del Fuerte, como haría constar el escribano Luciano de las Casas y librándose a discreción de la chusma el archivo de gobierno, dicen los memorialistas Larrañaga y Guerra, perdiéndose por tal barbaridad una multitud de preciosos expedientes y documentos. Pero además, la precipitación fue tal que originó un desastre: al arrojar a paladas la pólvora de las casernas donde se encontraban almacenadas, una chispa derivó en la terrible explosión de las Bóvedas, muriendo en el accidente ciento veinte personas.⁶

Quedando diezmado el archivo del Cabildo, algunos documentos pudieron recuperarse, pero quedó escrito un caso en que el historiador y director del Archivo General Administrativo (1890-1904), Isidoro De María⁷, refleja en su libro Montevideo antiguo, tradiciones y recuerdos, que tras el episodio se supo de documentos extraviados que pasaron a diferentes manos, sin conocer quizás su valor testimonial. Un honorable vecino de Montevideo y miembro de la Hermandad de la Caridad, Roque Antonio Gómez, se dio a la búsqueda incesante por el interior del país del expediente que comprobaba la propiedad de la Casa de Comedias, donada al hospital de los pobres, el que finalmente pudo localizarlo y logró devolver esta propiedad un tiempo después. Fue uno de los primeros rescates documentales que se realizó en la Banda Oriental.

En marzo de 1827, un miembro integrante de la Honorable Sala de Representantes, don Francisco Vidal, en oportunidad del primer intento de creación del Archivo General de la Nación (AGN), sostuvo que: "Es preciso señores convencerse que los pueblos deben conservar sus archivos y todos los legajos de que se hallen vestidos".⁸ A finales del año 1829 se determina por las autoridades la disolución del Cabildo de Montevideo, pasando éste a la órbita de los jueces de Primera Instancia, por lo que se decide entregar el archivo al archivero don Pedro María de Tabeiro. Un decreto posterior creó el cargo de Escribano Público, que tuvo entre sus funciones la de custodiar los archivos públicos.

El 18 de julio de 1830 los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay hacen la solemne jura pública de su Primera Constitución. Paradójicamente, 65 años después de este hecho histórico, en la narración "El Mobiliario de la Sala de Representantes en la Jura de la Constitución de 1830", Isidoro de María da cuenta de cómo el secretario de la Cámara de Representantes, García Santos, recuperó el libro original de la Constitución de la República, que yacía abandonado entre el polvo, la humedad y los insectos, en un rincón de un armario olvidado, rescatándolo y dándole el lugar importante que se merecía.⁹

Posteriormente a la jura constitucional de 1830, y conscientes de la importancia que revestían los documentos de archivo, se procuró reunir en la capital del país la totalidad de los documentos públicos emanados de los órganos integrantes de los nuevos poderes; así, nuestros primeros archivos comienzan a consolidarse.

...la mayoría de las instituciones coloniales siguieron funcionando durante varios años, utilizando los mismos procedimientos administrativos y produciendo los mismos tipos documentales.¹⁰

2. Breve historia institucional de nuestro Archivo General de la Nación

El primer antecedente de nuestro actual AGN se remonta al 5 de marzo de 1827. Un decreto de la Gobernación y Capitanía General de la Provincia Oriental crea un Archivo General, en el que se reunirán los documentos correspondientes a los Departamentos y Oficinas de la Provincia con el objeto de proveer a la conservación de los archivos y facilitar a la vez la pronta expedición y acierto en el despacho de los asuntos administrativos, el que estaría ubicado en las inmediaciones de la residencia de Gobierno, y su Dirección estuvo a cargo de don Pedro María Tabeiro.¹¹

Más adelante, el 21 de noviembre de 1859, el Archivo General queda anexo a la Escribanía de Gobierno, donde su Escribano elaboró un inventario e índice general de todos los documentos, libros y objetos contenidos en este archivo.¹²

Sucedió que el préstamo de los documentos no estaba regulado, provocando su pérdida o eliminación. Algunos expedientes que pertenecían a los archivos públicos y estaban en el poder de varios particulares fueron recuperados por la policía y devueltos a la escribanía de Gobierno y Hacienda donde pertenecían, debido a lo cual, en nota del 12 de octubre de 1860, el fiscal José M. Montero manifiesta:

... la conveniencia que habría de no permitir que los expedientes que se encuentran archivados en la Escribanía de Gobierno y Hacienda, que constituyen el protocolo de ella, no saliesen de allí bajo ningún pretexto... si se continuase la práctica de conceder esos expedientes en vista a los que tienen algún motivo para pedirla, se continuaría exponiéndolos a pérdidas, adulteraciones, destrucción.

A la semana siguiente por decreto se declara que no se concederá vista, bajo ningún pretexto, de los expedientes archivados en la Escribanía de Gobierno y Hacienda, sin perjuicio de que se otorguen los testimonios que se soliciten.¹³

Creado el Archivo General Administrativo, y con el fin de concentrar en una sola oficina todos los documentos correspondientes, el 14 de agosto de 1883 se decreta la remisión de todos los documentos de las oficinas dependientes del Poder Ejecutivo que se relacionen con la historia política, económica y administrativa del país hasta el año de 1870.¹⁵

El 14 de julio de 1909 se aprueba la Ley 3527 que crea al Archivo Histórico Nacional, reglamentándose el 23 de febrero de 1915, y denominando a este organismo como Archivo y Museo Histórico Nacional.

No fue sino hasta el 28 de octubre del año 1926, en virtud de la Ley N° 8015, que se crea el AGN, compuesto por documentos del Archivo y Museo Histórico Nacional y del Archivo General Administrativo. Se decretó la entrega íntegra de sus documentos con sus índices y catálogos, además de los documentos de interés histórico que existen en otras oficinas públicas y que no son necesarios para el despacho de las mismas. Según este decreto, el AGN deberá publicar cuando menos tres veces al año una revista, la que será preferentemente destinada a dar a luz en forma metódica documentos del propio Archivo.¹⁶ La finalidad primordial de la nueva institución estaba dirigida a la custodia y conservación bajo las mejores condiciones de la documentación pública y privada de propiedad nacional, propósito que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el presente. Esta ley tiene como antecedente un proyecto redactado en 1918 por el director Ángel G. Costa, en el que se propone por primera vez la formación de un "cuerpo de archiveros".

Esta ley obliga a las oficinas públicas a entregar en un tiempo prudencial toda documentación que el AGN juzgue de carácter histórico; para tal fin establecía que todas pusieran a disposición de funcionarios del Archivo General especialmente designados toda documentación que guarden, a fin de proceder a su selección.¹⁷

Con el transcurso del tiempo ingresan documentos del Ministerio del Interior de los años 1865 a 1906¹⁸ y del ex Consejo Nacional de Administración;¹⁹ en agosto de 1937 se designa al doctor Juan Carlos Gómez Haedo y a donJuan E. Pivel Devoto para intervenir en la selección y clasificación de la documentación histórica existente en los Archivos Judiciales a fin de transferirlos al AGN.²⁰

Por decreto fechado el 26 de diciembre de 1941 se reglamenta su funcionamiento, las competencias del director, de los Jefes de Sección, la administración de los libros contables, disposiciones relativas a los empleados, requisitos para investigaciones e informaciones,²¹ y posteriormente con el decreto 295/977 se aprueba un nuevo reglamento orgánico.²²

Actualmente es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, y gracias a la promulgación del la Ley N° 18220 de 20 de diciembre de 2007, "Función archivística y Sistema Nacional de Archivos", es el órgano rector de la política archivística nacional.

Con la creación de la Contaduría General de la Nación en el año 1826, muchos documentos contables y padrones de funcionarios producidos por los distintos entes de la Administración eran remitidos y archivados en esa institución, y fue a partir del 1 de enero de 1968, con el Proyecto de Ley de Contabilidad y Administración Financiera, puesto en vigencia por el Decreto 104/968, que se establece que con la creación de las Contadurías Centrales la documentación pertinente deberá archivarse en cada una de ellas.

Como consecuencia, muchos de estos documentos de archivo fueron depositados en lugares precarios y carentes de las necesarias condiciones de seguridad, provocando que muchos se perdieran o destruyeran a causa de la mala conservación. Uno de los mayores casos de pérdida de patrimonio documental se produjo tras el incendio del Archivo del Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (SODRE) el 18 de septiembre de 1971, donde además se quemó parte del Archivo Musical, el más importante de América del Sur, perdiendo en el mismo gran parte de sus partituras.

A partir de la ley N° 14041 del 14/10/1971 se declara la creación de un Catastro Nacional de Archivos Públicos y Privados. Esta ley protege la documentación manuscrita e impresa relacionada con la historia del país y crea la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

En setiembre del año 1974, con el decreto No. 713/974, se dispone la obligatoriedad de todas las Oficinas Públicas del envío al AGN de aquellos documentos que tengan treinta años de archivados y que al tiempo de cumplirse dicho término no sean objeto de trámite; como consecuencia, los espacios de que disponía la institución se vieron reducidos considerablemente provocando un hacinamiento de los documentos públicos e incluso su pérdida.

Los años que van desde 1973 a 1985 son marcados por una dictadura cívico militar, periodo en el que se mantuvo el funcionamiento de la administración pública bajo controles de poder, se incautan y ocultan documentos, algunos archivos fueron literalmente desguazados, y muchos documentos de archivo de esa época permanecen perdidos hasta el día de hoy a causa de intereses políticos y militares.

4. Restauración democrática

Gracias a la restauración democrática en el año 1985, nacieron nuevas instituciones estatales, educativas y civiles, que sumadas a las ya existentes comienzan a desarrollar políticas orientadas a la salvaguarda del patrimonio documental nacional, y si bien aún se continúa con el proceso de investigación y recuperación de los documentos de archivo relacionados con la última dictadura, se da un paso importante desde la Presidencia de la República cuando concretó la organización del Archivo de la hoy llamada Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, donde se trabaja en las políticas para el tratamiento de la documentación sensible a las violaciones de los derechos humanos ocurridos en el período de ruptura institucional.

Es a partir de esta época que se produce un despegue verdadero y consistente en la formación de un marco jurídico que sienta las bases para el ejercicio democrático de los ciudadanos uruguayos en la gestión de la producción documental del Estado y en la política archivística nacional.

La República Oriental del Uruguay es el único caso en la región -y creo que no me equivoco si digo del mundo- en el que se promovieron, debatieron, analizaron y aprobaron leyes que regulan el acceso a la información y la creación de un sistema nacional archivos. Esto se debe quizás a la particular conformación de la alianza que promovió las normativas, el Grupo Archivos y Acceso a la Información Pública (GAIP), constituido por las organizaciones APU, SERPAJ, AMARC, Transparencia Uruguay, IELSUR, Escuela de Bibliotecología de la Udelar, Asociación Uruguaya de Archivólogos, Archiveros sin Fronteras y Amnistía Internacional capítulo Uruguay. La participación de archivistas en la coalición explica probablemente la tematización casi conjunta de ambas legislaciones que culmina con la aprobación de la Ley 18220, que crea el sistema nacional de archivos, en diciembre de 2007, y la aprobación de la Ley 18381 de acceso a la información pública en octubre de 2008.²³

 

5. Enseñanza Archivística en Uruguay

El 21 de enero de 1982, el Poder Ejecutivo resuelve constituir un Grupo de Trabajo conformado por distintos especialistas, con el cometido de estudiar la posibilidad de creación de nuevas orientaciones o carreras de corta duración, entre las que se sugiere la de Archivología, y para instrumentar la puesta en práctica de la misma, el 3 de setiembre de 1982 el rector interventor de la Universidad de la República (UdelaR) resuelve formalizarlo, grupo de trabajo que tendrá por cometido estudiar la estructura curricular que deberá tener el Plan de Estudios de la Carrera de Archivología, así como también realizar los estudios referentes a las necesidades de personal docente, equipamientos, etc.

Estuvo integrado por dos delegados de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA), un delegado de la Unidad Ejecutora del Proyecto UNI-BID y un delegado de la Dirección General de Planeamiento Universitario, el mismo que funcionó en la órbita de la Dirección General de Planeamiento Universitario y estuvo facultado para solicitar asesoramiento a otros organismos o personas vinculadas al tema.

El 27 de diciembre de 1982, la directora de la EUBCA, Ermelinda Acerenza,²⁴ informa al rector de la Universidad que se ha iniciado la preparación del reglamento general de la Carrera de Archivología.

El primer antecedente de regulación de la profesión de Archivólogo data del 30 de diciembre de 1983, cuando la directora Ermelinda Acerenza eleva al rector interventor interino de la UdelaR el primer "Proyecto de Reglamentación de la Profesión de Archivólogo", el cual establecía quiénes podían ejercer esta profesión y sus atribuciones. Lamentablemente, este proyecto no prosperó y no fue sino hasta febrero de 2009 cuando esta vez la Asociación Uruguaya de Archivólogos elevó al Ministerio de Educación y Cultura el anteproyecto de "Ley de Regulación del Ejercicio de la Profesión de Archivólogo", aún pendiente de aprobación, al año 2015.

6. Las Misiones Archivísticas de 1985 en Montevideo

El desarrollo archivístico uruguayo tuvo un impulso muy importante con las visitas realizadas por el Dr. Aurelio Tanodi, quien en dos oportunidades brindó asesoramiento archivístico en Montevideo gracias a los auspicios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la primera del 23 al 26 de setiembre de 1985 y la segunda desde del 4 al 9 de noviembre de 1985.

En sus charlas y visitas, expuso aspectos de la problemática archivística en general, y en especial la cuestión de los recursos humanos para archivos que en esa época en Uruguay estaban en su fase inicial. La Carrera de Archivología comenzó a funcionar en 1983 y tenía dos años de duración, siendo el primer año en común con Bibliotecología. A partir de la diagramación del nuevo plan se decidió extenderla un año más. También propuso que las primeras investigaciones trataran sobre el diagnóstico de la situación de los archivos uruguayos, tanto públicos como privados, para que pudiera servir de base para los estudios e implementación de un Sistema Nacional de Archivos, además de presentar las necesidades concretas de recursos humanos, útiles para la promoción y organización de la carrera archivística en vista al mercado profesional en las próximas décadas.²⁵

Planteó establecer un convenio entre la UdelaR y la Universidad Nacional de Córdoba para la coordinación y colaboración archivística; también mantuvo una reunión con docentes y estudiantes de la Carrera de Archivología, en la que aún no había egresados, porque los primeros estudiantes que se inscribieron en 1983 terminaron con las materias en 1984, y en 1985 se dedicaron a efectuar su trabajo final.

Debido al proyecto de la Dirección General de Planeamiento, de elevar los estudios archivísticos a tres años, en 1985 se suspendieron las inscripciones a la carrera para modificar y ampliar el programa de estudio, postergando para el año 1986 las inscripciones de los interesados para que empiecen con el nuevo plan, el mismo que fue aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR el 6 de julio de 1987, resoluciones números 36 y 37, modificado parcialmente el 9 de marzo de 1993 por resolución número 96 del CDC. Según datos de la UdelaR, han egresado por estos planes un total de 250 archivólogos, 26 por el plan 1983 y 224 por plan 1987.²⁶

Graciasaunposteriorprocesodedescentralización y regionalización de la UdelaR, se logra impartir la tecnicatura en Archivología en los años que van desde el 2001 al 2005 en el Centro Universitario del Departamento de Rivera, a quinientos kilómetros de la capital del país.

Actualmente, la Licenciatura en Archivología se imparte también en el Centro Universitario del Departamento de Paysandú, situado a cuatrocientos kilómetros de Montevideo.

7. Instituciones que colaboraron con el desarrollo archivístico uruguayo

Asociación Uruguaya de Archivólogos (AUA)

La idea de asociacionismo de los archivólogos uruguayos surge gracias a la iniciativa de un grupo de estudiantes en el año 1984, al poco tiempo de fundarse la Carrera de Archivología, pero por distintas circunstancias logra plasmarse en 1993. Estudiantes y egresados se unieron para trabajar por intereses en común; esos intereses fueron y son: defender los derechos de los archivólogos universitarios y de los funcionarios de archivos, promoviendo su capacitación y desarrollo.

La AUA juega un papel amplio y participativo en el desarrollo archivístico uruguayo. Se creó el 22 de noviembre de 1993 en la ciudad de Montevideo, obtuvo su personería jurídica por Resolución N° 851/994 del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, se aprobaron sus estatutos. Desde sus inicios, la asociación defiende los intereses del colectivo archivístico nacional, asesorando a los órganos de la Administración Pública y Privada en el diseño de una política archivística que le otorgue a los archivos el lugar que le corresponde en el plan de desarrollo e identidad del país.

Al inicio se designó una Comisión Directiva Provisoria integrada por su Presidente, Marta Guerrero;²⁸ Secretario, Virginia Luzardo; Tesorero, Nancy Pérez; y Vocal, María Fernanda Pozniak, así como también una Comisión Fiscal. Se crean también las subcomisiones de Relaciones Públicas, Publicaciones, Cursos y Cursillos, Investigaciones, Asuntos Legales, Biblioteca y Archivo.

Desde su fundación va madurando la idea de elaborar un anteproyecto de Ley de Archivos para presentarlo ante el Parlamento Nacional. En el año 2001 se crea la Comisión de Legislación para el estudio y redacción de una Ley Nacional de Archivos, con el propósito de que se pusiera en consonancia con todos los archivos del país, pero sin éxito ni apoyo oficiales.

Con el transcurso del tiempo pudo plasmar un Código de Ética²⁹ Profesional y un Arancel Común; es miembro activo del Consejo Internacional de Archivos (CIA) y de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA). También ha realizado convenios con diversas instituciones para desarrollar sus fines; entre sus actividades ha organizado el III Congreso de Archivología del MERCOSUR (CAM) en el año 1999 y el VIII CAM en el año 2009, ambos en la ciudad de Montevideo.

Archiveros sin Fronteras Uruguay

Archiveros sin Fronteras Uruguay es una ONG que reafirma los ideales de solidaridad y cooperación internacional de AsF Internacional. Obtuvo su personería jurídica el 6 de marzo de 2012, pero su historia se remonta hacia el año 2003. Ha desarrollado diferentes encuentros, conferencias, proyectos y actividades; entre otros ha participado activamente en el Proyecto General de Organización y Acceso a los Archivos y Documentos sobre Regímenes Represivos en Iberoamérica entre los años 2005-2010.

Esta ONG persigue afianzar el rescate del patrimonio en peligro de pérdida por diferentes causas y contribuir a la defensa de los DDHH en Uruguay, ayudar en la recuperación de la memoria histórica y fortalecer el derecho de acceso a la documentación e información como un derecho democrático.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)

Es una organización que tiene como objetivo fundamental proporcionar al ciudadano una herramienta legal que respalde su derecho al acceso a la información, para lograr un mayor control de la gestión de los gobernantes y una mayor transparencia pública, para lo cual monitorea y realiza el seguimiento de la implementación de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Promueve la utilización de estas herramientas por distintos actores sociales: periodistas, activistas y ciudadanos en general, para lo cual realiza capacitaciones y produce guías y otros materiales de difusión. Integra el Consejo Consultivo Asesor de la Unidad de Acceso a la Información Pública en representación de la sociedad civil, y mantiene un diálogo fluido con las autoridades en la materia.

La ayuda internacional a través del Programa IBERARCHIVOS: ADAI.

Desde el año 2005, Uruguay pasó a integrar el Comité Intergubernamental del Programa ADAI y desde esa fecha al año 2013 se le adjudicaron ayudas económicas para 99 proyectos archivísticos que ayudaron a rescatar y conservar el Patrimonio Documental de diferentes archivos, entre ellos los de varias Facultades de la UdelaR, así como de la Intendencia de Montevideo, Ministerios Públicos, instituciones culturales y organizaciones no gubernamentales, como asociaciones, fundaciones y organismos de derechos humanos.

8. Antecedentes de las leyes archivísticas en el Uruguay

Uno de los decretos más importantes en materia de administración de documentos aún vigente es el 500/91, elaborado por el Programa Nacional de Desburocratización a cargo de la Secretaría de la Presidencia, llevado a cabo por un grupo interdisciplinario de profesionales que crea una obra que regula el procedimiento administrativo en la Administración Pública, acortando el tiempo que se toma la administración para cumplir la gestión administrativa. Para lograr este fin era esencial poseer una reglamentación clara del manejo de la documentación y su organización, dado que sus antecesores, los decretos: 575/66 y 640/73, no resolvían los conflictos existentes.

Este decreto eliminó el falso expediente y sentó las bases para determinar el tiempo de conservación de la documentación, posibilitando la depuración de los archivos. Autorizó la copia fotográfica y microfilmada de los expedientes y demás documentos archivados en todas las dependencias del Estado, aunque insuficiente en las cuestiones relativas a la gestión documental en los archivos y otras cuestiones que hacen a la organización, conservación y difusión de los archivos públicos. Se sigue aplicando y utilizando, complementado en el presente con las leyes archivísticas aprobadas posteriormente.

Recién a partir de 2005, con la llegada al gobierno de la izquierda política y la designación de la licenciada Alicia Casas de Barrán como la primera archivóloga en tomar la dirección del AGN, se comienza a trabajar por los archivos nacionales. El 19 de diciembre de 2005 se aprueba la Ley 17930, que crea la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) y tiene como cometido procurar la mejora de los servicios al ciudadano, utilizando para ello las posibilidades brindadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones; el Decreto N° 205/2006 del 26 de diciembre reglamenta su funcionamiento; crea un órgano de control: Unidad de Acceso a la Información Pública. Posteriormente elabora y hace aprobar la Ley 18331 de Datos Personales y Acción de Hábeas Data, aprobada el 11 de agosto de 2008, que crea otro órgano de control, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

La construcción del marco jurídico uruguayo

Una característica especial de la sociedad civil nacional es que desempeña un rol muy activo en el desarrollo de la archivística uruguaya, apoyada en el principio de que para que las personas puedan acceder a la información de forma eficaz y eficiente, los archivos deben estar organizados, y para ello deben existir leyes que lo respalden.

Estas leyes tienen como objetivo garantizar el acceso a los documentos de archivo, buscan proporcionar a los ciudadanos un instrumento jurídico que ampare su derecho de acceso a la información pública, estableciendo mecanismos y plazos para la obtención de la información solicitada, así como a los procedimientos y las sanciones en caso de negarse el acceso a la misma, por lo que se tomó como referencia fundamental la Declaración Universal de Derechos Humanos, más específicamente el artículo 19 que establece la libertad de opinión y de expresión, que incluye el derecho a investigar y a recibir informaciones y opiniones. Se estudiaron, además, las legislaciones de otros países.

Gracias al esfuerzo mancomunado de la sociedad civil y el Estado, pudo aprobarse una ley de archivos, una ley de acceso a la información pública y una ley de protección de datos personales, leyes que brindan un marco adecuado para el manejo de los archivos y los documentos de archivo.

Sistema Nacional de Archivos

Se trató de un proyecto dirigido a fundamentar una estructura archivística permanente desde una visión sistémica que posibilite la elaboración y puesta en funcionamiento de políticas nacionales. Con este anteproyecto de ley se procura responder a las exigencias administrativas institucionales y atender el rescate de los fondos y colecciones documentales que se preservan, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se buscaba una ley que garantice la profesionalización de los archivos y procure un adecuado perfil profesional de sus funcionarios, con normas y procedimientos específicos, condiciones operativas mínimas que faciliten el espacio físico, así como la conservación y recuperación en instrumentos de gestión administrativa, logrando así ejercer un derecho, que es el de acceder a la información y lograr su democratización.

Era necesario que nuestro país cuente con un Sistema Nacional de Archivos que posibilite la integración, normalización, coordinación y control de los distintos archivos localizados en todo el territorio nacional,. Este sistema será el responsable de elaborar, dirigir y coordinar todas aquellas actuaciones encaminadas a la custodia, conservación y difusión del Patrimonio Documental del Estado uruguayo, y de la dirección, supervisión y asesoramiento técnico de los Archivos Estatales.

Se pretende la organización bajo normas y procedimientos técnicos homogéneos para todos los archivos del país, y que a su vez facilite la vinculación con otros organismos nacionales e internacionales afines.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2007 el trabajo de todos los factores involucrados dio sus frutos y se aprueba la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos (Ley N° 18220), sistema que tiene como objetivo la dirección, seguimiento, coordinación e inspección de los programas para la conservación, tratamiento y difusión del Patrimonio Documental. Esta ley se reglamenta el 31 de octubre del año 2012 por el Decreto 355/012.

Ley de Acceso a la Información Pública

Tras el continuo trabajo de actores de la sociedad civil y el apoyo de algunos senadores, se logra que se apruebe la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18381, el 17 de octubre de 2008, reglamentada por el Decreto N° 232 del año 2010. AGESIC hace de sus propósitos los objetivos que desde el AGN y la sociedad civil (GAIP) se venían trabajando e interviene en la reelaboración de la Ley 18381 de Acceso a la Información Pública.

Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data

En materia de datos personales, el 11 de agosto de 2008 se aprueba la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Hábeas Data (N° 18331), que regula el Derecho Fundamental a la protección de Datos Personales, creando como órgano de control la URCDP (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales), que depende de AGESIC. La URCDP tiene autonomía técnica y su competencia es custodiar el cumplimiento de la legislación de protección de datos personales y asegurar el respeto de sus principios.

Existió también un movimiento paralelo en materia de archivos. Desde el retorno de la democracia, los grupos defensores de los Derechos Humanos pujan por crear un Archivo de la Memoria.³²

Finalmente, luego de muchas discusiones entre los legisladores y los miembros de la sociedad civil, se aprueba la Ley de Archivos de la Memoria, el 12 de diciembre de 2008, con la Ley N° 18435.

9. A modo de conclusión

Actualmente se están recogiendo los frutos de una década de logros archivísticos que obliga al profesional uruguayo a adaptarse a nuevas realidades y plantea a la archivología nacional nuevos desafíos.

En el presente y hacia el futuro se continúa la lucha para garantizar la profesionalidad del trabajo archivístico en pos de alcanzar los objetivos ligados a los compromisos con la sociedad uruguaya.

Notas

1. Levillier, Roberto. “Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres con los Reyes de España, tomo II,1588-1615 ”. Repertorio de los documentos históricos procedentes del Archivo de Indias.1921 Madrid 142pgs http://scans.library.utoronto.ca/pdf/4/35/repertoriodelosd00bibluoft/repertoriodelosd00bibluoft.pdf

3. Entre los años 1776 y 1790 correspondientes a los virreinatos de Pedro de Cevallos y Juan José de Vértiz y Salcedo, actuó como archivero Francisco Rodrigo, se consta que el primer virrey se llevó a España los documentos y que el segundo regularizó su producción y guarda. Andrés Arroyo concluye con ese cargo en la Real Hacienda pero sin reconocimiento oficial el período de gobierno del virrey Vértiz y Salcedo y Cristóbal del Campo en el año 1790.En el año 1791 el virrey Nicolás de Arredondo crea el cargo de archivero en la Secretaría, designando interinamente a José de Rebollar en 1794. El 5 de febrero de 1797 la Corona cedió, nombrando a Lorenzo Fuentes como el primer archivero Rioplatense de designación real. En la Banda Oriental se desconoce si hubo archivero en el Cabildo de Montevideo antes del año 1815, debido a que se perdió gran parte de los documentos del archivo producto del incendio. Si quedó registrado la existencia de un archivero en el año 1829, en el proceso de disolución del Cabildo, donde las autoridades señalan que pasara el archivo del Cabildo a la custodia del archivero Don José María Tabeiro director del Archivo General. Según consta en documentos de la Junta Económica Administrativa de Montevideo ( ex-Cabildo) de los años 1873-1874, se aprueba una moción para la creación de una plaza de archivero, designándose a Nicolás Paolo. El Dr. D. Pedro Mascaró y Sosa es designado como Archivero General y Bibliotecario Nacional, del Archivo General Administrativo, según Decreto del Ministerio de Gobierno con fecha del 26 de julio de 1880. Datos extraídos del Archivo General de la Nación de Argentina y del Archivo Histórico del Cabildo de Montevideo.

4. FERRÉS, Carlos. Época Colonial. La Compañía de Jesús en Montevideo. 1919. Reedición: 1975. Colección de de Clásicos Uruguayos. Vol 147. Cuidado del texto a cargo de los profesores José Pedro Barrán y Benjamín Nahum.

5. La Liga Federal, también conocida como Liga de los Pueblos Libres o Unión de los Pueblos Libres, fue una confederación de provincias aliadas dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue liderada por José Gervasio Artigas, gobernador de la Provincia Oriental (parte de la cual es hoy la República Oriental del Uruguay).

6. ARCHIVO ARTIGAS. Tercera Sección: Documentos relativos a don José Artigas (1814-1815). Serie documental XXXV. La desocupación del territorio de la Provincia Oriental por el ejército del Directorio. Tomo XVII. Pp. 568-570, 673. Montevideo. Impresores A. Monteverde y Cía. S.A. MCMLXXX. En AGN y www.bibliotcadelbicentenario.gub.uy, otra fuente informa que: "El 25 de febrero de 1815 proceden los porteños a evacuar la plaza no sin antes destruir gran parte de los archivos depositados en el Fuerte y su saqueo consiguiente, llevándose la imprenta conocida por la "Carlota", en razón que había sido regalada por esta princesa portuguesa y provocando la explosión de la pólvora que destruyó gran parte de las Bóvedas". en: http://www.artigas.org.uy/bibliotecas/ba/070.%20Artigas.Cronolog.hist/Pags.%20101%20a%20140.pdf

7. DE MARÍA, Isidoro. 3.DMontevideo Antiguo. Tradiciones y Recuerdos. Colección de Clásicos Uruguayos. Vol. 24, p. 255. Referencia primaria: Tomo XVII del Archivo del Hospital de Caridad de la Patria Chica.

8. Anales Parlamentarios 2. Palacio Legislativo. Marzo 5,1979, pp. 70 y 71.

9. Colección de Clásicos Uruguayos, volumen 24, 5.CMontevideo Antiguo, tomo II, Isidoro de María. Pág 355.

11. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental. Marzo de 1827, pág. 35.

12. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, noviembre de 1859, pág. 275.

13. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, octubre de 1860, pág. 376.

14. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, julio de 1880, pág. 181.

15. Armand Ugon, E. y otros. Compilación de Leyes y Decretos: 1883-1884. Montevideo, 1930, p. 245.

16. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, octubre de 1926, pág. 640.

17. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, febrero de 1927, pág. 58.

18. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, octubre de 1932, pág. 665.

19. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, abril de 1933, pág. 343.

21. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, diciembre de 1941, pág. 1.284.

22. Registro de Leyes y Decretos, Colección Legislativa de la República Oriental, mayo de 1977, pág. 959.

23. TORRES, Natalia. THacia una política integral de la gestión de la información pública: todo lo que quisimos saber sobre archivos. 1ra. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Palermo - UP, 2014, 208 pp.

24. Licenciada Ermelinda Acerenza, egresó en la primera generación de la EUBCA, ejerció la docencia en la misma y en la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas; ocupó el cargo de Directora de la Biblioteca de esa Facultad. Fue directora de la EUBCA. Bajo su gestión se estructuraron las bases de la Carrera de Archivología, por la que luchó fervorosamente. Socia honoraria de la Asociación Uruguaya de Archivólogos.

25. Expedientes administrativos consultados en el Archivo General de la Universidad y en el Archivo Administrativo de la EUBCA.

26. (http://www2.bedelias.edu.uy/fic/index_facu.armo_frames?p_facu=7) datos al 22 de abril de 2015.

27. Directores de la EUBCA- Facultad de Información y Comunicación: El primer director de la Escuela fue Arthur E. Gropp (1943-1947), luego Elvira Lerena (1947-1965), después de ésta Miguel Ángel Piñeiro (1965-1966), luego Nylia Ziegler (1966-1972), después Ermelinda Acerenza (1972-1983), por un breve período tomó la dirección nuevamente Nylia Ziegler (1984-1985); Cristina Pérez (1985-1986) asume la dirección interina, después Elvira Lerena (1986-1990) dirige por segunda vez la Escuela. Entre 1988 y 1990, Cristina Pérez subroga la dirección, y terminado este período ocupa la dirección María Teresa Castilla (1990-1994). Ulteriormente es elegido director Mario Barite (1994-2002), luego Gladys Ceretta (2002-2010) y desde ese año el director es nuevamente Mario Barité. En la actual Facultad de Información y Comunicación, 2014-2019, la primera decana es interina: Dra. Decana interina FIC: MSc. Ing. María Urquhart.

28. Presidentes AUA: Marta Guerrero 1993-1996, María Laura Rosas 1996-2001, Adriana Juncal 2001-2003, Beatriz Muiño 2003-2006, Mireya Calleja 2006-2013, Eliseo Queijo 2013-2015.

29. El Código de Ética de la Asociación Uruguaya de Archivólogos fue elaborado por el archivólogo Víctor Barranco, con la colaboración de otros integrantes de la asociación y el Escribano Leonardo Segalerba, aprobado en Asamblea Extraordinaria del día 9 de junio del año 2000. Esta elaboración se basó en el código de ética de los escribanos del Uruguay, por su similitud en los intereses, en sus planteos deontológicos y éticos de ambas profesiones. En esta materia, los profesionales de la archivística internacional se fundamentan como principio en el Código de Deontología para Archiveros, aprobado por la XIII Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, en Pekín, China, el 6 de setiembre de 1996 y adoptado por unanimidad por el V Congreso de Archivología del MERCOSUR, en Córdoba, Argentina, el 30 de agosto de 2003. La AUA se acoge a ambos documentos y se considera además en su pertenencia en la aplicación del Decreto N° 30/003 del 23 de enero de 2003, sobre Normas de Conducta en la Función Pública. En este marco, se plantea los principios éticos que deben observar los archivólogos uruguayos en el ejercicio de su profesión.

31. El GAIP (Grupo Acceso a la Información Pública), junto al Grupo de la Función Pública, constituyen dos grupos de trabajo para elaborar investigaciones y elaborar posteriormente los anteproyectos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Estuvo integrado por el Dr. Edison Lanza, por la Asociación de la Prensa Uruguaya; el Dr. Martín Prats, por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay; el Dr. Roberto Gossi, por Uruguay Transparente; Gustavo Gómez, por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y los archivólogos Lourdes Ramos, por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines; Beatriz Muiño, por la Asociación Uruguaya de Archivólogos; y Victor Barranco, por la Asociación Archiveros sin Fronteras Uruguay. Esta ONG se constituye en el año 2005, y una vez que logró sus objetivos se transformó en en el Centro de Archivo e Información (CAINFO), en el año 2009. Los archivólogos desarrollaron su participación en ambos grupos, ya que los temas de ambos anteproyectos se relacionaban con temas archivísticos de la organización de la documentación de los archivos públicos, así como de su acceso a los mismos.

32. Creación del Centro Cultural y Museo de la Memoria: es un centro que está dedicado a la recuperación de la memoria sobre el horror del terrorismo de Estado y los esfuerzos del pueblo uruguayo en su lucha contra la dictadura, de modo de aportar conocimientos a las nuevas generaciones sobre la historia reciente de nuestro país para fortalecer los elementos constitutivos de la identidad nacional. El centro es apoyado por la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura, además del apoyo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, CRISOL, UDELAR, PIT-CNT, Universidad del Trabajo del Uruguay y otros. Asimismo, son instituciones que promueven en forma activa los derechos humanos, civiles y la cultura de paz, constituyendo espacios de intercambio social y ámbitos generadores de conocimiento, no sólo histórico, sino también sociológico y pedagógico. El Centro Cultural y Museo de la Memoria se creó en Montevideo el 10 de diciembre de 2007.

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