ARTÍCULO

 

El enriquecimiento: fortunas e infortunios bolivianos

 

Enrichment: Bolivian Fortunes and Misfortunes

 

 

Jean Pierre Lavaud¹
1 Sociólogo y vive en Francia. Correo electrónico: lavaudjp@hotmail.fr Dice: "Éste breve ensayo, escrito en 2007, es un esbozo necesariamente incompleto que amerita ser alimentado con otros ejemplos. Sin embargo, expone hipótesis que creo robustas y fecundas para analizar las transformaciones actuales de los núcleos dirigentes del país. Por tanto, es un llamado para probar su validez".
Recibido en: 6.04.2016 Aprobado en: 29.05.2016

 

 

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Resumen:

Es común presentar como una gran novedad la llegada de una burguesía chola a los asuntos políticos y económicos de Bolivia. Sin embargo, las elites bolivianas nunca dejaron de renovarse desde los inicios de la República; las nuevas elites surgieron principalmente desde mundo rural, en un proceso de circulación que Vilfredo Pare-to (1917, 1926) ha puesto en evidencia. Este artículo ofrece algunos ejemplos de este mecanismo.

Palabras claves: Riqueza, elite, mina, militar, coca, Movimiento Nacionalista Revolucionario.

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Abstract:

The ascendance of a "cholo bourgeoisie" in Bolivian political and economic affairs is often presented as a great novelty. However, since the beginning of the republican period, Bolivian elites have constantly updated themselves. New elites have mainly emerged from the countryside, in a process of circulation described by Vilfredo Pareto (1917, 1926). This article offers examples of this mechanism.

Keywords: Wealth, elite, mines, military officers, coca, Revolutionary Nationalist Movement.

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"Allí como en todos los países, esa clase media exitosa se manifiesta como conservadora; e incluso cuando es de sangre indígena, instintivamente resulta que trabaja en contra del Indio a favor de la supremacía de la raza y de la civilización blancas, cuyo destino es el que comparte" (Siegfried, 1942: 51).

La propaganda política del gobierno de Evo Morales se nutre abundantemente de una fábula histórica simple y eficaz. Hace más de 500 años que los pueblos autóctonos fueron colonizados, explotados y sometidos por una clase blanca venida de afuera. Sus riquezas les fueron robadas y su cultura negada o pisoteada. El hecho de que las guerras de Independencia de inicios del siglo XIX hubieran dado fin a la colonia española no cambió nada a esta situación: los españoles fueron remplazados por otros extranjeros, capitalistas voraces (chilenos, ingleses, norteamericanos.) que, vinculados con la oligarquía nacional, se alimentaron con las riquezas locales y se siguen atiborrando de ellas, aprovechando las políticas económicas liberales y luego, neoliberales.

La consecuencia política de tal diagnóstico es evidente: hay que restablecer la supremacía del o de los pueblos indígenas autóctonos a través de medidas que permitan recuperar los recursos nacionales y restaurar la cultura y los valores ancestrales.

Colonizadores / colonizados, capitalistas / comunitaristas, ricos / pobres, oligarquía / plebe y, finalmente, Oriente / Occidente son las parejas opuestas que la propaganda oficial machaca sin cesar para dar cuenta del estado actual del país y a la vez explicarlo, y para justificar la liberación del territorio y su reapropiación, supuestamente para recuperar dignidad y prosperidad. A primera vista, esta combinación ideológica tiene sentido. Evidentemente, tanto en la época colonial como en los inicios de la República, hubo minorías que se enriquecieron apropiándose de los recursos disponibles en el territorio, oprimiendo a segmentos mayoritarios de la población: tanto la mita de Potosí como los obrajes, el pongueaje o las prácticas del enganche son modos de sometimiento de la mano de obra que subsistieron más allá de la Independencia: no se puede negar la expoliación recurrente de las tierras por los poderosos de turno.

Dicho esto, esta tesis -cuya sencillez seduce- no resiste el análisis cuando deja entender que los dominantes o los ricos de hoy son los mismos de ayer, o más precisamente los descendientes y continuadores de los de ayer y menos aún cuando asimila a dichos descendientes con los blancos o bien cuando expone que los dominados de hoy, los indígenas, son también los descendientes de los de ayer.

Efectivamente, que perdure la estructura de dominación y se mantenga la desigualdad en la distribución de la riqueza no significa que los aristócratas, oligarcas y plutócratas sean los mismos de una época a otra. Y tampoco resulta de ello que el maniqueísmo lapidario de la propaganda oficial sea suficiente para dar cuenta de los cambios económicos y políticos del país.

Estos se explican mucho mejor poniendo en escena a grupos de poderosos, enfrentados entre sí, que van incorporando constantemente en su seno sangre nueva proveniente de capas sociales inferiores, principalmente rurales; es lo que lleva a su renovación. Y Bolivia ofrece al historiador y al sociólogo el caso particularmente interesante de un muy amplio cementerio de elites².

Su historia republicana se caracteriza efectivamente por un turn-over acelerado de dirigentes, tanto en la esfera económica como en la política cuya inestabilidad bien conocida y estudiada se ha vuelto proverbial. En el ámbito de la vida económica, bastará con algunos ejemplos para mostrarla y, en esta oportunidad, para descartar el dualismo simplista del buen salvaje y del malvado blanco colonizador.

 

El enriquecimiento y sus ciclos

La edificación de nuevas fortunas y la aparición y consolidación de nuevas elites económicas dependen primero de la creación de mercados. En el caso boliviano, se trata de mercados de exportación que nacen y mueren en función de las demandas mundiales. Esto determinó, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, una sucesión e incluso una superposición de una serie de ciclos de productos de exportación: la quina (de 1825 a 1880, con un pico entre 1840 y 1850), la plata (principalmente entre 1873 y 1895), el estaño (sobre todo de 1900 a 1930 pero en realidad hasta 1985), los hidrocarburos (sobre todo el gas desde fines de los años 1980), los productos de la agroindustria oriental (principalmente la soya, a partir de los años 1980), diversos metales, entre los cuales el oro desde principios del siglo XXI. Otros productos de exportación constituyen también importantes fuentes de recursos para algunos sectores sociales: las maderas preciosas, la almendra, el cacao, el café, la quinua, por ejemplo.

En periodos de bonanza, las exportaciones de estos productos brutos o semi-elaborados impulsan un conjunto de otras actividades (comerciales, bancarias, de transporte, de construcción...) que se encuentran en el origen de la constitución o de la consolidación de las fortunas.

Al mirar la historia económica republicana con cierta distancia, uno se sorprende por el hecho de que está marcada por periodos sucesivos de restricción y de apertura de mercados y de bienes y de capitales, periodos favorables a la inversión, a la producción, al comercio internacional, y otros en los que aquellos están limitados, protegidos e incluso encorsetados y sometidos a mayores impuestos. A esta oposición entre liberalismo y proteccionismo se superpone otra: a periodos productivos o mejor dicho favorables a la producción, siguen periodos enfocados en la distribución o la redistribución. En todo caso, un equilibrio razonable entre las dos opciones, que habría sido admitido por la mayoría de la población, nunca pudo instalarse de manera duradera y la política económica del país ha oscilado sucesivamente de una tendencia a otra.

Una periodización rápida puede, desde esta perspectiva, mostrar las secuencias históricas siguientes: de la Independencia hasta 1872, una secuencia proteccionista hasta que el gobierno de Agustín Morales aboliera definitivamente el monop-sonio estatal sobre la plata; luego, un ciclo liberal hasta la Guerra del Chaco (1932-1935) y, de nuevo, un ciclo proteccionista a partir de 1936; efectivamente, desde entonces, el Estado controla las ventas de estaño al exterior. La Revolución de 1952 trae consigo un control estatal reforzado que empieza a aflojarse durante la dictadura militar de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), pero hay que esperar el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) para ver el inicio de un ciclo neoliberal que se extendería por unos veinte años. Desde 2006, Evo Morales vuelve a reforzar los controles estatales sobre la producción y la redistribución de las riquezas.

En segundo lugar, los vaivenes de la vida política nacional y las decisiones económicas que resultan de ella, al favorecer o perjudicar a tal o cual sector económico, también pueden haber originado nuevas fortunas así como la desaparición de patrimonios constituidos con anterioridad. El ejemplo más evidente es el de la Revolución de 1952 que, mediante la Reforma Agraria, confiscó los bienes y quebró el poder de la aristocracia terrateniente del altiplano y de los valles y mediante la nacionalización de las grandes minas de estaño, expulsó del país a los tres "barones del estaño": Ara-mayo, Hochschild y Patiño. Pero, debido al reparto de las cartas de la explotación productiva y comercial como a las posibilidades que ofrecía la captación de beneficios en el seno de instituciones estatales que se volvieron omnipresentes, también dio lugar a la aparición de nuevos ricos.

En una menor escala, las reformas que, a fines del siglo XIX, obligaron a las comunidades indígenas a vender sus tierras, también favorecieron la ampliación y la consolidación de grandes propiedades agrícolas y la creación de nuevas haciendas que pasaron a manos de propietarios oriundos de los pueblos vecinos.

De la misma manera, la prolongada ocupación del poder por los militares, de 1964 a 1982 permitió que algunos de ellos pudieran constituir su propio patrimonio, sobre todo gracias a la adjudicación de tierras en las regiones del Oriente y del sur del país, tierras que muchos vendieron posteriormente con grandes beneficios. Pero el asunto del cambio de estatus social y del enriquecimiento de ciertas familias es un fenómeno recurrente en la historia del país, primero gracias al acceso a estudios militares y luego, una vez que podían ostentar rango de oficiales, al apropiarse del poder mediante golpes de Estado. Al respecto, Guillermo Bedregal (1971: 46-48) observa que, sobre todo a partir del gobierno de Bautista Saavedra (1920-1925) que amplía el combate político a la clase media (la "cholada saavedrista"), el ejército se convierte en un refugio para jóvenes de familias modestas, sobre todo de origen rural. El caso del presidente Enrique Peñaranda del Castillo (1940-1943), nacido el 15 de noviembre de 1892 "de un padre indio y de una madre mestiza"³ en Chuchulaya (municipio de Sorata, provincia Larecaja, departamento de La Paz) es uno de los más representativos. Dependiendo de las fuentes, Peñaranda es calificado como indio (Gunther, 1941: 224; Croly, 1946: 917; Reader's Digest Service, 1942, vol. 40: 91; Severin y Sorsby, 1944: 50) o bien como cholo (Eldemann, 1965: 400). Entre aquellos que se convirtieron en presidentes o ministros, en el siglo XX, y que provenían de familias modestas de las zonas rurales, se encuentran Bernardino Bilbao Rio-ja (Arapampa, Potosí)⁴, Gualberto Villarroel (Muela, Cochabamba), René Barrientos (Tarata, Cocha-bamba). El caso de Barrientos es más interesante aún en la medida en que, en sus discursos dirigidos a los campesinos de los valles de Cochabamba, hablaba en quechua -un idioma que dominaba perfectamente. Y se presenta generalmente a Juan José Torres, aunque nació en Cochabamba, como procedente de una familia pobre "de herencia mestiza con ancestros aymaras, principalmente"⁵. Por supuesto, esta lista está incompleta.

En todos estos casos, como se puede ver, las fortunas fueron erigidas en primer lugar en base a la puesta en marcha de políticas económicas o de decisiones tomadas por instancias estatales controladas por agentes específicos que eran favorables al enriquecimiento de algunos sectores de la población.

Se puede contrastar, sobre la base de esta presentación esquemática, dos maneras de hacer fortuna: la primera tiene como punto de partida el esfuerzo productivo y la audacia y la segunda, el parasitismo y el uso abusivo de los poderes y de los fondos públicos. Pero también se las puede vincular entre sí. Algunas fortunas privadas adquiridas gracias al esfuerzo productivo no habrían sido factibles si, previamente, sus beneficiarios no se hubiesen aprovechado de los permisos, las bondades o las prebendas de tal o cual agencia del Estado: este fue el caso, por ejemplo, de ciertos empresarios agroindustriales de Santa Cruz durante el periodo de dictaduras militares. Pero, al fin de cuentas, es algo bastante común en Bolivia, considerando el hecho que el Estado acentúa más o menos su control sobre la economía desde 1936 hasta 1985, de manera más o menos acentuada según los momentos. Es una figura que se repite, hoy en día.

 

La renovación de las elites

¿Cómo se produce la renovación de las elites económicas? Primero, desde los inicios de la República, gracias a la aparición y posteriormente al ascenso de personas que en su generalidad, provenían del mundo rural.

De hecho, los beneficiarios más famosos de la explotación del mineral de plata en el siglo XIX -Arce, Pacheco, Aramayo- tienen un origen humilde. Lo propio con Patiño o también con Nicolás Suárez, el "Rockefeller de la goma".

Hay otros ejemplos de este proceso que son de mayor relieve en cuanto se refieren a grupos sociales más que a individualidades. El primero es la apropiación de tierras de comunidades indígenas en el siglo XIX  y la primera mitad del siglo XX  en aplicación de decretos que las transforman en propiedades del Estado y obligan a los comunarios a comprarlas; en caso de no poder hacerlo, las tierras son rematadas (decretos de 1866 y 1868 del gobierno de Mariano Melgarejo y la ley de Exvinculación de tierras de 1874, en el gobierno de Tomás Frías, aplicada desde 1880).

Los estudios acerca de los compradores muestran que los más notorios son los miembros de la aristocracia terrateniente preexistente que busca ampliar su dominio, pero también aparecen descendientes de caciques indígenas, vecinos de los pueblos, comerciantes paceños. Silvia Rivera Cusicanqui (1978), quien ha estudiado específicamente la provincia Pacajes del departamento de La Paz, subraya el surgimiento de sectores medios en las zonas rurales que logran, aprovechando esta oportunidad, dotarse de grandes propiedades. Algunos, entre ellos, empezaron a constituir su capital a partir de actividades comerciales en los pueblos que se fueron expandiendo debido a la llegada del ferrocarril, impulsada a su vez por el auge de la extracción de la plata y más adelante, del estaño. De esta manera, se crea una nueva diferenciación en el mundo rural -o por lo menos, la brecha se acentúa-entre los campesinos y este sector medio constituido por vecinos de los pueblos que tienden a monopolizar el comercio de los productos destinados a las minas y a las ciudades: carbón vegetal, sal, productos agrícolas. Estos nuevos intermediarios tienden también a constituirse en "enganchadores" políticos, movilizadores de clientelas, más ampliamente en agentes de control social aliados con los miembros de la aristocracia terrateniente. Los más audaces y los más afortunados reinvierten sus capitales en otros campos de actividad económica.

Pero el caso más convincente, en cuanto se refiere a todo el territorio de poblamiento tradicional en Bolivia -y por consiguiente en amplios segmentos de la población rural- es el de la movilidad social inducida por la Reforma Agraria de 1953 y más ampliamente por la Revolución Nacional de 1952. Debido a la expropiación de los latifundios, los pueblos rurales se vaciaron de la población de vecinos que precisamente se instalaron allí en el periodo anterior. Y estos vecinos fueron sustituidos por un conjunto de nuevos intermediarios económicos y políticos, generalmente ya instalados en los pueblos pero algunos de ellos oriundos del campo (Mc Ewen, 1969; Barnes de Marchall; 1971; VVAA, 1980; Claudel, 2000). Los recién llegados estructuraron su poder en torno a dos actividades principales: el comercio y el transporte que, en la mayoría de los casos, lograban monopolizar.

Junto al éxodo del sector hacendado se ve la llegada de un sector sumamente comercial de mestizos: los de los pueblos provinciales del valle que se llaman "vallunos" y los de la ciudad de Cochabamba a los cuales la gente rural llama "cholos". Son rescatistas, camio-neros, chicheros. Este grupo, junto a los dirigentes sindicales de la época inmediatamente post-revolucionaria parece que fijaron el patrón socio-económico del futuro (Barnes de Marshall, 1971: 144).

De hecho, el circuito sindical-polí-tico afianzó la emergencia de una franja importante del campesinado y favoreció su ascenso social. La mayor parte de los campesinos se encontraban obligatoriamente vinculados al aparato sindical puesto que, según el decreto de Reforma Agraria (de 1953) y la ley correspondiente (1956), solo era posible distribuir los nuevos títulos de propiedad mediante el sindicato que centraliza los trámites administrativos necesarios para conseguirlos. El peso de los sindicatos campesinos y de la estructura que los abrigaba, y que correspondía exactamente a la organización territorial-administra-tiva del país, fue tomando cada vez mayor importancia en la medida en que era imperativo que estuvieran bajo el control del MNR para ganar la masa electoral de un sector de empleo aún mayoritario en el país. Es entonces fácil imaginar que, en cada escalón de la pirámide, muchos de estos nuevos dirigentes lograran adquirir no solo poder y prestigio sino también riquezas: clientes del partido en el poder se beneficiaban con prebendas y tuvieron acceso a los circuitos de la corrupción.

Luego, a medida que la Reforma Educativa empezó a dar frutos, un conjunto de empleados y de maestros provenientes del ámbito rural entró al mercado de trabajo tanto en las ciudades como en los pueblos y los maestros rurales asumieron un creciente rol político.

A continuación, como ejemplo, vemos uno de los mecanismos de acumulación de riqueza que puso en marcha la revolución en el Valle Alto de Cochabamba. El control estaba en manos de socios rivales: los sindicatos campesinos y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) que ubicaban a sus parientes (reales y rituales, es decir compadres) en lugares políticos claves.

Varios de los nuevos ricos obtuvieron fortuna porque llegaron a ser autoridades y desde sus cargos tuvieron acceso a los arbitrios municipales en nombre de algunos de sus familiares y dicho dinero lo emplearon para la compra de algún vehículo (Barnes de Marshall, 1971: 145).

La clave del poder fue la recaudación de impuestos a la chicha y la playa de ganado, impuestos rematados por las alcaldías cada fin de año y entregados a los dirigentes vallunos y campesinos influyentes del valle. Estos nuevos intermediarios hacieron fructificar su aporte inicial al constituir una clientela cautiva propia, prestando con interés dinero, semillas, abonos, dando crédito a los consumidores de chicha; los préstamos fueron posteriormente rembolsados en productos agrícolas, siguiendo las modalidades acordadas previamente (Barnes de Marshall, 1971).

El rescate fue sin duda una de las actividades más jugosas: fue llevado a cabo por comerciantes y productores de chicha anteriormente residentes en los pueblos, pequeños propietarios agrícolas que no fueron afectados por la Reforma Agraria y dirigentes campesinos; todos lograron reunir sumas suficientes para comprar uno o más vehículos.

Varios de los rescatadores de productos son los nuevos ricos, mientras que los campesinos que son los verdaderos productores siguen en las mismas condiciones de vida, especialmente los campesinos de las alturas, quienes son explotados tanto por los rescatistas como por los transportistas (Ibíd.: 145).

Una de las objeciones a la tesis según la cual las elites ascendientes provienen del campo consiste en decir que para enriquecerse conviene tener un capital previo que no poseen los campesinos: así es como no se puede uno dedicar a la explotación minera sin un mínimo de inversiones; de la misma manera, no se puede comprar tierras sin capital. Aquello está fuera de duda.

Pero se puede fácilmente levantar esta objeción si se entiende que el medio campesino nunca ha sido homogéneo, ni en sus comunidades, ni en las ex haciendas; al contrario, siempre ha sido estratificado y desigual. Y la Reforma Agraria procedió a distribuir tierras a prorrata de las tierras previamente explotadas por las familias. Con las generaciones siguientes emergieron, desde las capas superiores del campesinado, hombres más hábiles que otros que, de una u otra manera, en función a las oportunidades económicas y políticas, pudieron y supieron constituirse un peculio y lo hicieron fructificar, trepando de esta manera en la escala social y permitiendo que algunos de sus allegados también cambien de condición social.

Además, como lo revela de manera brillante el estudio de Herbert Klein y Jonathan Kelley (1981) acerca de las consecuencias de la Revolución de 1952 en materia de desigualdades y de movilidad social que fue realizado en 1965 y 1966 en seis pueblos, aquellos que, entre campesinos, artesanos y comerciantes de los pueblos, tenían ventajas selectivas no materiales las transmitieron a sus descendientes: cua-lificación, educación, dominio del idioma castellano, integración a una red social. Tales ventajas fueron aprovechadas por las generaciones de la post-Revolución cuya fortuna dependerá menos de la tenencia de la tierra o de la propiedad heredada de bienes diversos que en el caso de sus antepasados. Por ello, pese a que las redistribuciones de las tierras y los bienes de los propietarios hayan contribuido por un tiempo a atenuar las desigualdades sociales, las brechas se fueron abriendo de nuevo y son incluso mayores que en el pasado. Dicha constatación vale tanto para las poblaciones consideradas como no indígenas como para las que fueron etiquetadas como "indias" antes de la Revolución.

Por consiguiente, si la Revolución del 52 permitió el rápido enriquecimiento de vallunos y cholos, también proyectó a algunos campesinos hacia el bienestar. María L. Lagos (1997) muestra que en la comunidad de Mosojwasi, a 15 kilómetros del pueblo de Tiraque, que cuenta con 419 habitantes a fines de los años 1980, hay 8 familias propietarias de camiones que dedican parte de sus actividades al transporte. Mientras que 11 unidades familiares (de 60) viven en la prosperidad, con más de 20 hectáreas de tierras, animales, más de dos bueyes, casas en Tiraque, Punata o Cochabamba, y son comerciantes o se dedican al transporte, prestan dinero o insu-mos agrícolas, hay 17 unidades domésticas que tienen menos de tres hectáreas, poco o nada de animales, nada de bueyes, en las que las personas tienen que cultivar sus tierras "en compañía"⁶, alquilarse como jornaleros y migrar temporalmente como empleados domésticos o asalariados para sobrevivir, puesto que las ganancias que pueden obtener del trabajo local no son suficientes. Es interesante constatar que en la otra punta de la riqueza local, la situación de los vallunos evolucionó rápidamente en el periodo posterior: entre 1970 y 1980, 28 familias de propietarios de camiones dejaron Tiraque; 22 se fueron a Cocha-bamba donde siguen trabajando en el rubro del transporte urbano o de larga distancia, particularmente hacia el Chapare. Una de ellas compró una fábrica de procesamiento de arroz. Otras se han ido a Santa Cruz, La Paz, Tarija o aun a Argentina y a Estados Unidos. Sin embargo, todas conservaron sus casas y sus tierras en Tiraque y vuelven para supervisar la siembra y la cosecha en las tierras que son cultivadas "en compañía". La mayor parte de las familias de esta segunda generación ha prosperado (Lagos, 1997: 149-150).

Al reunir todos estos datos, se ve claramente que en una o varias generaciones, puede darse un movimiento ascendente y que esta promoción social, que lleva a algunos a las elites políticas y económica, depende fuertemente de las coyunturas políticas que podían conducir a algunos a la ruina, salvo que, habiendo gestionado sus recursos de manera prudente, hayan colocado todo o parte de sus capitales fuera del país.

 

Los ricos de la coca

A partir de los años 1970, la coca y la cocaína (la "veta blanca") se convierten en los medios más rápidos de enriquecimiento: para el campesino, no hay mejor producción que la de la hoja de coca, mientras que la cocaína es la mercadería que permite acumular capital más rápidamente. En 1977, se estimó que los beneficios del tráfico de cocaína ascendían a 335 millones de dólares mientras que las ventas de estaño solo alcanzaban 220 millones de dólares (Rodas Morales, 1996: 61).

La burguesía ilegal de la cocaína -aún poco visible- que se conformó en ese momento, se benefició de la adjudicación de tierras por el gobierno militar del general Banzer (1971-1978) en la parte oriental del país, así como de créditos destinados principalmente a impulsar el cultivo del algodón pero parcialmente desviados para los fines ilícitos del tráfico (Bascopé, 1982). Estos favores otorgados a los clientes del régimen (civiles y militares) permitieron a algunos de ellos reunir el capital inicial para invertir en las infraestructuras necesarias para la producción y la comercialización de la droga. Muy pronto, los traficantes estuvieron en condiciones de adquirir empresas legales de todo tipo: comercios, bancos, minas, de construcción, agrícolas, etc. Gracias a ello, se volvieron invisibles, amparados por actividades legales: además, estaban emparentados con familias cuyos otros miembros no estaban necesariamente vinculados con el tráfico y presentaban una fachada respetable.

Si bien inicialmente el epicentro de la fabricación y comercialización se ubicó en el departamento de Santa Cruz, específicamente en Montero -y los primeros beneficiarios identificados pertenecíann a la sociedad local- más adelante, en función a las peripecias políticas y a la represión, el tráfico se desplazó primero hacia el departamento del Beni a partir de 1982 y luego, tendió progresivamente a expandirse hacia el conjunto del país.

Por tanto, no es posible mantener la imagen inicial de una mafia oriental de la cocaína. Los beneficiarios del circuito no eran únicamente cambas, aunque algunos entre los más conocidos en los años 1970-1990, provenían de las tierras bajas⁷. Numerosos productores e intermediarios del Chapare se aprovecharon directamente de la situación, sobre todo cuando, a principios de los años 1980, los productores podían contar con un ingreso anual de unos diez mil dólares por hectárea de coca. La mayoría, sin embargo, cultivaba entonces superficies de menor extensión. Estos ingresos fueron invertidos por un lado en agencias financieras e inmobiliarias como la Firma Integral de Servicios Arévalo (FINSA) que ofrecían tasas de interés anuales record (20%) pero que luego entraron en quiebra⁸. Pero también hubo mucho dinero invertido en la construcción, la compra de camiones, de taxis, dinero blanqueado por el contrabando. Y una parte también fue colocada en el exterior del país. En total, pese a que la economía regional parece haberse beneficiado poco con el dinero de la coca⁹-salvo un boom de la construcción en Cochabamba-queda claro que permitió que muchos hicieran fortuna: una fortuna a veces efímera, según un esquema bastante común en Bolivia.

Evidentemente, el circuito coca-cocaína sigue fabricando ricos en la actualidad, en una coyuntura política permisiva hacia los productores de coca que posibilita la extensión de su cultivo a nuevas regiones del país: Sud Yungas y Apolo (La Paz), Yapacaní (Santa Cruz). En cuanto a la producción de cocaína, antes reducida -se exportaba pasta base hacia Colombia para su transformación en clorhidrato de cocaína-, ahora se expande en el país: la policía desmantela a diario laboratorios clandestinos no solo en las grandes ciudades sino también en lugares alejados en el altiplano o en los llanos donde, en algunas regiones, son activados y protegidos por las poblaciones locales.

 

Notas

2 Sería interesante, desde este punto de vista, desarrollar estudios precisos comparativos sobre las "burguesías" de La Paz y de Santa Cruz, por ejemplo, y su evolución a lo largo de un siglo, retomando los registros de las cámaras de comercio e industria, entre otros. El gobierno actual suele presentar a Santa Cruz como si estuviera bajo el control de "cuatro familias" tradicionales. Pero sin temer caer en contradicciones, sus seguidores también señalan la dominación que ejercen los inmigrantes de origen serbio-croata. Sin embargo, si se examina los registros de las organizaciones consulares de los años 1950, o los de los integrantes del Comité pro Santa Cruz de la misma época, no aparece ningún apellido serbio-croata (salvo Kuljis). Se puede suponer, evidentemente, que el nexo entre los dos grupos se da a través de los matrimonios de las hijas con los recién llegados aunque aquello todavía queda por comprobarse. Y, de todas maneras, la buena fortuna actual de estas familias con apellidos oriundos de Europa central constituye la prueba de un aporte nuevo, como pudo ser, en la primera mitad del siglo XX, el de las familias alemanas. Lo que es menos evidente, pero igualmente importante para nuestro propósito, es que ha desaparecido o ha ido desvaneciéndose un gran número de apellidos de origen hispano, a veces por falta de descendientes, pero también debido a la emigración, o simplemente porque se mimetizaron con la "gente común". Por consiguiente, si bien existen algunas familias acomodadas y poderosas de las que se puede encontrar raíces antiguas en la región, en contraparte, hay decenas de nuevas familias y decenas de otras que ya no están representadas en este grupo.

3       http://en. wikipedia.org/wiki/Enrique_ Peñaranda: "Peñaranda was born into e politically influencial family —to a family of Aymara heritage— to an Indian father-land a Mestizo mother". Fuentes: Ry-croft (1944: 330) y Parkinson (1944: 20).

4       Encabezó una junta militar de gobierno (28.VI.1930-5.III.1931).

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_ José_Torres

6 Se trata de un acuerdo según el cual el propietario concede una parcela de terreno, semillas, animales de tracción, herramientas, a una familia sin tierra o que no la tiene en extensión suficiente; la cosecha será posteriormente dividida en dos; también puede darse una situación en la que el propietario de un terreno requiere herramientas, semillas, fertilizantes, que consigue de un rescatista, un comerciante o un gran propietario; en este caso también, la cosecha será compartida.

7 La historia boliviana está llena de indicios y escándalos que se relacionan con narcotraficantes y altos cargos del poder político y militar: las acusaciones en contra de la familia del ex dictador Hugo Banzer, en los años 1970; la declaración del "Rey de la cocaína", Roberto Suárez, que quería pagar la deuda externa de Bolivia a cambio de impunidad (1982-1983: caso de los "narco videos"); las acusaciones de protección al narcotráfico contra el ministro del Interior Fernando Barthelemy del gobierno del MNR en el caso Huanchaca (1986); el asunto de la cercanía de líderes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria con el narco-traficante "Oso" Chavarría, que le costó al secretario general del partido, Oscar Eid Franco, pasar cuatro años en la cárcel y al ex presidente de la República, Jaime Paz Zamora (MIR), su visa de entrada a los Estados Unidos por varios años; la incautación de un suministro de varias toneladas de cocaína boliviana en el aeropuerto de Lima, perteneciente a un tal "Barbaschocas" cuyo padre era bastante cercano al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR); el caso del mafioso Mariano Diodato, que tenía vínculos estrechos con la familia y el entorno de seguridad del presidente Hugo Banzer; el descubrimiento de un suministro record de cinco toneladas de cocaína en Santa Cruz en agosto de 2003. La culminación de la relación narco-militar fue, sin dudas, la llamada narcocracia del general Luis García Meza (1980-1981) a quien se acusa de haber protegido y organizado el negocio de la cocaína desde el Palacio Quemado.

8 El caso FINSA es una ilustración adecuada de lo que intento transmitir. Tenemos un grupo familiar que, aprovechando su inserción en una red política (en este caso, del MNR), arma un negocio fraudulento en una coyuntura favorable, que dura tres años y que desemboca en el asesinato de uno de los hermanos, el encarcelamiento de los demás y la ruina de numerosos ahorristas. "El asesinato de Arévalo fue el corolario de un estafador audaz, iletrado e irresponsable que, durante tres años, llevó una vida de magnate griego derrochando de una manera estrafalaria el dinero ajeno, junto a sus hermanos Eddy y Carlos, padres, amantes, administradores y adulones, haciendo evaporar en total 56 millones de dólares y sumiendo en la negra desesperación a quienes tuvieron la desgracia de empozar su dinero en las oficinas de lo que pomposamente se denominaba 'Firma integral de servicios Arévalo, FINSA’." Última Hora, 26 de noviembre de 1999.

9 Sin embargo, cuando en 1985, la economía fue liberalizada por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro con el famoso decreto 21060, el éxito de la operación quedó asegurado gracias al colchón que representaba la economía ilícita de la coca, estimada en 9% del PIB aunque algunos calculan que el porcentaje fue mayor (Ayo, 2007).

 

Bibliografía

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