ARTÍCULO ORIGINAL

 

El potencial democratizante de las redes sociales: imaginario versus realidad

 

Democratizing potential of social media: Imaginary vs. reality

 

 

Mgr. Nicole Jordán Prudencio¹

Correo electrónico: nicolejordanp@gmail.com
Fundación Friedrich Ebert (FES) - (La Paz, Bolivia)

Fecha de recepción: 19/09/2018
Fecha de aprobación: 26/11/2018

 

 

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Resumen

Si bien las redes sociales constituyen nuevos espacios de expresión, participación y acción política, es importante no sobredimensionar su potencial democratizante, pues también son vulnerables a cuestiones que podrían limitar u obstaculizar determinados procesos democráticos, principalmente en contextos altamente politizados y polarizados, como los ciclos electorales. Por ello, es imprescindible hacer un balance de los aspectos tanto positivos como negativos de la relación redes sociales y democracia para, a partir de dicho análisis, continuar con la desmitificación de algunos imaginarios e identificar cuáles son los verdaderos desafíos y oportunidades que estos nuevos espacios políticos digitales representan para la continua construcción democrática en el país.

Palabras clave: Redes sociales, democracia, espacios, política, participación.

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Abstract

Even though social media represent new spaces for political expression, participation and action, it is important not to overestimate their democratizing potential, since they are also susceptible to issues that could limit or hamper certain democratic processes, particularly in highly politicized and polarized contexts, such as electoral cycles. Thus, it is crucial to make a balance of all the positive and negative aspects of the relationship between social media and democracy, in order to -based upon the former analysis- continue to demystify some imaginaries and identify the true challenges and opportunities posed by these new digital political spaces for the ongoing construction of democracy in the country.

Keywords: Social media (networks), democracy, spaces, politics, participation.

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I. Introducción

La política es un fenómeno que se encuentra dentro y entre todos los grupos, instituciones y sociedades, y atraviesa tanto la vida pública como la privada ... Se encuentra involucrada en todas las relaciones, instituciones y estructuras que están implicadas en las actividades de producción y reproducción en la vida de las sociedades. (Held, 1996, p. 310).

La política se siente en las redes sociales en el marco de la nueva era digital (Castells, 2007). Desde el momento en el que un meme se vuelve viral; desde el instante en el que una persona comparte una noticia a través de sus grupos de WhatsApp; cada vez que se redacta un tuit; o cuando se inicia un debate controversial en respuesta a un comentario político en Facebook, se hace y se respira política.

La política permea las redes: se produce y reproduce a través de ellas. Pero esto no necesariamente significa que lo haga promoviendo valores democráticos. La conexión entre estas nuevas formas de hablar de política y la democracia todavía se encuentra en discusión; tal vez en razón a la complejidad del concepto mismo de democracia. En la introducción al Índice de Democracia, realizado por Laza Kekic (2007), el texto comienza con la siguiente afirmación: "no existe un consenso acerca de cómo medir la democracia" (p. 1). De igual manera, no existe una conceptualización única del término, sino una multiplicidad de definiciones, muchas de ellas en disputa. Estas definiciones forman parte de un debate en proceso de construcción permanente, ya que no sólo responden a los cambios coyunturales, sino que, además, analizan a la democracia como ideal (lo que debería ser) y como realidad (lo que es)².

Dada la dificultad del concepto de democracia y, para poder identificar el potencial democratizante de las redes sociales, es imperante partir de un acercamiento a este. La aproximación más generalizada se vincula a su origen etimológico, que se remonta a la antigua Grecia. Bajo esta acepción, democracia es traducida como el poder o gobierno del pueblo. Hoy en día, la democracia es el régimen político más utilizado a nivel mundial (Kekic, p. 2), pues continúa siendo reconocido como el mejor sistema de gobierno frente a las otras alternativas históricas, a pesar de atravesar una crisis generalizada. Pero hablar de "democracia" como si fuera una sola es una inexactitud, ya que la misma puede adoptar diversas formas, de las cuales las más reconocidas son la democracia directa, caracterizada por la participación de la ciudadanía sin intermediarios; y la democracia representativa, caracterizada por la elección de representantes a través del voto.

Por cuestiones demográficas, en la actualidad las democracias adoptan formalmente la forma representativa, sin que ello excluya la utilización de mecanismos propios de la democracia directa, como el referéndum o la consulta previa. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la Constitución (2009, p. 13) reconoce, en su artículo 11, tres formas de democracia: la directa y participativa, la representativa y la comunitaria. Esto se debe a que, en la mayoría de los casos, los sistemas políticos utilizan mecanismos provenientes de distintas formas de democracia, por lo cual no es necesario optar por una u otra. Para fines de este artículo, lo que se busca es realizar una breve caracterización de los principios, valores e indicadores comúnmente asociados al ideal de la democracia, tanto en su vertiente más directa, como en su versión representativa o liberal, para identificar si los mismos son potenciados por las redes sociales, coartados por las mismas, o más bien una combinación de ambas cosas. A continuación, se detallan algunos de los principios más emblemáticos:

-   Elecciones regulares, libres y justas.

-   Pluralismo político y un sistema de partidos competitivo.

-   División de poderes, controles y contrapesos al poder (checks and balances), y rendición de cuentas (accountability)

-   Igualdad de los ciudadanos ante la ley y un estado de derecho fuerte que contemple:

•   El ejercicio pleno de los derechos políticos por parte de los ciudadanos.

•   Una participación política activa y libre.

•   El respeto de los derechos y libertades civiles, como la libertad de expresión y de asociación, entre otros.

•   El respeto de los derechos colectivos (en el caso de la democracia comunitaria).

-   Respeto del principio de mayoría, pero sin dejar de lado el respeto a los derechos de las minorías.

-   Una cultura política democrática que comulgue con los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

A lo largo del artículo, cada vez que se utilice el término "democracia", se lo deberá entender a la luz de esta caracterización. De igual manera, el término "democracia digital" deberá concebirse como "un modelo democrático híbrido que contiene elementos³ de formas tanto participativas como representativas de la democracia" en el contexto de la era digital (Hague & Loader, 1999, p. 7). Es importante recalcar, asimismo, que conceptos como "democracia digital" o "democracia 2.0" (Caldevilla, 2009) dan cuenta del creciente interés de la Academia por comprender el papel que las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) juegan en la democracia, y los cambios producidos en esta última, justamente en virtud de dichas transformaciones tecnológicas.

Por lo general, los debates respecto a este último punto se han dividido, a grosso modo, en dos vertientes diferenciadas: 1) aquellas que destacan a estas tecnologías como poderosas y efectivas herramientas de democratización; y 2) aquellas que contrarrestan esa visión, resaltando, más bien, las limitantes y los peligros que ellas mismas conllevan para la democracia. Este análisis abordará argumentos que refuerzan ambos lados de la balanza, pero no por ello pretende implicar que el vínculo entre redes sociales y democracia es necesariamente dicotómico, sino más bien intenta mostrar, a través de esta división, que se trata de un análisis complejo que puede abordarse desde enfoques contrapuestos.

Esto con el propósito de hacer un balance crítico y realista acerca de las potencialidades y riesgos de las redes sociales para la democracia.

Se adoptará la definición de "redes sociales" planteada por Stephen Tully (2014, p. 154), quien las concibe como "un grupo de aplicaciones basadas en internet que se cimientan en las fundaciones ideológicas y tecnológicas de la Web 2.0⁴ y que permiten la creación e intercambio de contenido generado por usuarios". Cabe aclarar, que las "redes sociales incluyen, pero no están limitadas a los blogs, wikis (por ejemplo, Wikipedia), sitios de networking social (por ejemplo, Facebook), servicios de microblogging (por ejemplo, Twitter), y servicios para uso compartido de archivos multimedia (por ejemplo, Flickr y YouTube)" (Bertot, Jaeger & Grimes, 2010, p. 266). Si bien el presente artículo se focalizará, principalmente, en el impacto de las redes sociales entendidas en este sentido, también hará alusión a la influencia de Google, como principal motor de búsqueda, y de Internet, en general.

Este artículo plantea que, si bien las redes sociales constituyen nuevos espacios de expresión, participación y acción política, es importante no exagerar su potencial democratizante, pues también son vulnerables a cuestiones que podrían ser contraproducentes para determinados procesos democráticos, principalmente en contextos altamente politizados y polarizados, como es el caso de los períodos electorales. Para cumplir con dicho objetivo, el artículo propone, en primer lugar, examinar bajo qué circunstancias o en qué medida las redes sociales han constituido tanto una ampliación de la democracia como una limitante para la misma. En segundo lugar, a partir del balance entre los aspectos positivos y negativos de la relación redes sociales y democracia, se plantea continuar con la desmitificación de algunos imaginarios. En tercer lugar, se pretende ejemplificar brevemente el rol cada vez más preponderante de las redes sociales en Bolivia, bajo la luz del análisis precedente, para visualizar cuáles son los principales desafíos y oportunidades de una democracia que se ha ido desplazando cada vez más hacia estos nuevos espacios políticos digitales.

Para ello, el presente documento se estructura en tres secciones. En la primera parte, se analizarán los principales impactos positivos de las redes sociales en la democracia, mientras que, en la segunda parte, se desarrollarán algunos de los impactos negativos, contraproducentes y/o principales limitaciones de las redes sociales en la democracia. En ambas secciones se ilustrarán los argumentos con una diversidad de ejemplos, entre los cuales se puede mencionar el derrocamiento de los dictadores de Túnez y Egipto durante la denominada "Primavera Árabe" y el escándalo alrededor de la influencia de Cambridge Analytica en el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Estos casos internacionales serán complementados y/o contrastados con algunos ejemplos propios del caso boliviano, para ver si estos últimos aportan elementos novedosos a los temas ampliamente debatidos, o si sólo refuerzan los mismos puntos de discusión. En la tercera parte, a modo de conclusión y en función a la sistematización de los argumentos planteados en las primeras dos secciones, se hará un balance del verdadero potencial de las redes sociales y se planteará qué significa esto para el contexto del país en términos de desafíos y oportunidades.

 

II. ¿Las redes sociales como motores de la democracia?

Internet y redes sociales han jugado un rol cada vez más preponderante en los procesos políticos y sociales de los últimos años; y en respuesta a esta creciente presencia, numerosos académicos se han dedicado a explorar la influencia de las tecnologías de la información y comunicación en la democracia. Al respecto, autores como Yochai Benkler (2006), Henry Jenkins (2006) y Charles Leadbeater (2008), han concluido que la última generación de las TIC posee "capacidades democráticas inherentes" (Loader & Mercea, 2011, p. 759); opinión compartida por personalidades internacionales con gran influencia en la construcción de narrativas como Frank La Rue, ex Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y la protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión (Tully, 2014, p. 155).

Entre los diversos argumentos a favor de este primer enfoque se destacan los siguientes puntos: 1) las redes sociales son poderosos canales para la convocatoria y la movilización social; 2) constituyen importantes fuentes de información y plataformas de expresión política ciudadana, principalmente en lugares en los que los medios tradicionales de comunicación y la libertad de expresión se encuentran censurados; 3) permiten una mayor transparencia, control y fiscalización por parte de la ciudadanía a los gobiernos; y 4) generan una relación más directa (horizontal) entre gobernantes y gobernados.

Estos cuatro puntos ilustran los elementos por los cuales muchos autores consideran a las redes sociales como catalizadoras de transformaciones políticas y sociales en pos de la democracia. Esto en razón a que, por un lado, en los ejemplos que se presentarán a continuación, las demandas en las redes sociales y las consecuentes movilizaciones, giraron en torno a la exigencia de una apertura democrática, en los lugares con regímenes autoritarios, y al respeto de ciertos procedimientos democráticos, en el caso de Bolivia, con un régimen democrático. Pero también porque, por otro lado -y de forma concordante con la caracterización de la democracia presentada en la introducción-, en dichos casos, las redes sociales se convirtieron en plataformas para la libre expresión de los derechos y libertades civiles, propiciando una participación política ciudadana más proactiva.

Respecto al primer punto, movimientos tan diversos como la Primavera Árabe en Oriente Medio y el Magreb, los Indignados de España⁵, Occupy Wall Street en Estados Unidos⁶, "Ni una menos" en Argentina⁷, y el 21F en Bolivia⁸, son ejemplos del enorme poder de convocatoria, movilización y organización política de las redes sociales.

En el caso específico de la Primavera Árabe, los protestantes protagonizaron revueltas exigiendo la apertura democrática y provocaron el derrocamiento de los gobiernos dictatoriales de Túnez y Egipto -que habían permanecido en el poder durante décadas-, además de propiciar revoluciones similares en otros países de la región. Los llamados a las movilizaciones se propagaron de manera viral a través de videos en Youtube, por medio de hashtags en Twitter y Facebook, y convocatorias en diversos blogs, páginas de Internet y correos electrónicos. De acuerdo a un Working Paper del año 2011, conducido por el Proyecto sobre Información Tecnológica & Política del Islam (pITPI, por sus siglas en inglés) (Howard et al., p. 3), "las conversaciones sobre libertad, democracia y revolución en blogs y en Twitter por lo general precedieron inmediatamente protestas masivas".

De esta manera, las redes sociales se convirtieron en mecanismos comunicacionales efectivos para la movilización multitudinaria y también en plataformas de opinión y canalización del enojo ciudadano generalizado. Es importante destacar el rol primordial que Youtube jugó en este caso en particular, ya que, si bien se ha escrito bastante sobre el papel de Facebook y Twitter en distintos procesos políticos y sociales, de acuerdo a David Caldevilla (2009, p. 37), Youtube es responsable del 12% del total de tráfico en Internet. Esta cifra adquiere aún mayor relevancia cuando se comprende que "[e]l impacto visual que produce el video en la comprensión intuitiva del usuario es mayor y más efectivo que el de los mensajes de texto en Internet, los medios impresos o de radio".

Las grabaciones que capturaron la represión de las fuerzas de gobierno durante la Primavera Árabe y que fueron subidas a Youtube y a otras plataformas, constituyeron un mensaje mucho más potente que los testimonios escritos. Una clara muestra de ello son las repercusiones que generaron estas imágenes en gran parte de la comunidad internacional (principalmente en Occidente) -que conmovida- se solidarizó con la causa de los manifestantes. Por ejemplo, tras el bloqueo a Internet por parte del entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo conocer su apoyo al derecho de las personas a acceder a la información y a ejercer su libertad de expresión, destacando el "increíble potencial de la tecnología para empoderar a los ciudadanos" (Tully, 2014, p. 156).

Según Khaled Koubaa, entonces presidente de la Sociedad de Internet en Túnez (como se citó en Beaumont, 2011), "tres meses antes de que Mohammed Bouazizi se prendiera fuego en Sidi Bouzid se tuvo un caso similar en Monastir", sin embargo, no tuvo repercusiones porque no había sido filmado. En palabras de Castells (2007, p. 241), "lo que no existe en los medios de comunicación [en este caso, en las redes sociales] no existe en la opinión pública". La diferencia entre ambos sucesos respecto a su impacto fue, justamente, que la inmolación de Bouazizi fue captada en imágenes y viralizada a través de las redes sociales, lo cual sirvió como catalizador para la revolución en Túnez y, posteriormente, en Egipto.

En segundo lugar, los canales por los cuales las personas acceden a las noticias y se informan han cambiado en gran medida en las últimas décadas. Según el Informe del año 2017 del Latinobarómetro (2017, p. 42), en los últimos veinte años se produjo una reducción del acceso a la información a través de medios de comunicación tradicionales, tanto formales (de 46% a 33% en el caso de la radio; de 47% a 20% en el caso de los diarios y revistas; y de 77% a 73% en el caso de la televisión) como informales (de 28% a 20% en el caso de los amigos; de 14% a 10% en el caso de los compañeros de trabajo; y de 7% a 4% en el caso de los compañeros de estudios). Simultáneamente, se ha evidenciado un incremento significativo en el acceso a la información por medio de las redes sociales (28%) e Internet (18%, aunque descendiendo de un 21% en 2016).

Además, en el contexto de la Revolución Árabe, las redes se transformaron en los únicos medios a través de los cuales se pudo dar a conocer al mundo las violaciones a los derechos humanos provocadas por los regímenes dictatoriales; esto en razón a la censura de los gobiernos a los medios de comunicación tradicionales. En estos lugares, las redes sociales reemplazaron casi por completo a los medios como primera fuente de información, pues gran parte de los reportajes comenzaron a basarse en lo publicado en ellas a través de Internet (este fenómeno persiste en la actualidad y no es exclusivo de contextos autoritarios⁹).

El amenazante poder de las redes no pasó desapercibido para el gobierno egipcio, cuya respuesta -como se mencionó brevemente- fue bloquear el acceso a Internet y a la telefonía celular, creyendo que de esta manera se pondría fin a la revolución. Los resultados de tal medida fueron completamente contraproducentes ya que, al cortarse los únicos canales de expresión política, los manifestantes no tuvieron más alternativa que trasladarse por completo a las calles, recrudeciendo el conflicto. La situación se tornó "insostenible y el gobierno egipcio se vio obligado a devolver el acceso a Internet y a las redes de telefonía móvil a la población, aunque la censura a Twitter y otros servicios siguió existiendo" ("Las redes sociales", 2011). Dos semanas más tarde, Hosni Mubarak fue derrocado.

Como se ilustra en los ejemplos previos, las redes estructuran verdaderas plataformas de expresión política, ya que permiten formas de participación más activa por parte de la ciudadanía. En un contexto político completamente distinto como el de Bolivia, las redes sociales han comenzado a asumir roles similares:

[e]quipados con redes sociales, los ciudadanos ya no tienen que ser consumidores pasivos de propaganda político-partidaria ... del gobierno, o de noticias de los medios masivos de comunicación; sino que en su lugar pueden desafiar discursos, compartir perspectivas alternativas y publicar opiniones propias. (Loader & Mercea, 2011, p. 759).

A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales constituyen espacios de opinión abiertos a todos. Uno no necesita ser un experto en algún tema específico, una autoridad de gobierno o un periodista para poder expresar sus ideas y que las mismas sean transmitidas de manera masiva. Los que alguna vez fueron simples espectadores, se han convertido en productores de contenido e información. Es por esta razón que las redes sociales son herramientas de empoderamiento ciudadano, en tanto permiten que las personas tengan una "voz" y puedan divulgarla como mejor les parezca.

Asimismo, gracias a Internet y a sus diversas plataformas, ahora es posible que las opiniones de cualquier persona puedan ser difundidas en cualquier parte del mundo y que lleguen a grandes audiencias, sin costo alguno (aunque empresas como Facebook sí cobran por intensificar y mejorar las estrategias de difusión). Es por este motivo, que "las redes sociales son... consideradas tecnológica, financiera y (por lo general) legalmente más accesibles para la mayoría de los ciudadanos viviendo en sociedades avanzadas" (Loader & Mercea, 2011).

El uso de las redes sociales se ha convertido en una práctica social cotidiana tan fundamental y se ha interiorizado en las personas tan profundamente que se ha convertido en parte del habitus¹⁰ de la sociedad civil globalizada. En la actualidad, resulta impensable trabajar o estudiar sin acceso a Internet. Incluso en países en vías de desarrollo, la mayor parte de la población cuenta con un teléfono inteligente, por medio del cual puede acceder a su correo electrónico o cuenta de Facebook, y hablar con sus amigos y/o familiares a través de WhatsApp u otras aplicaciones. Esto incluye también a poblaciones vulnerables, pues una encuesta del año 2018 encontró que en la región, "uno de cada tres latinoamericanos que tienen una sola comida al día tiene un Smartphone" (Latinobarómetro, 2018, p. 76); mostrando la importancia de las TIC incluso en contextos de pobreza.

En el caso de Bolivia, hasta el año 2014, el 39,5% de los bolivianos mayores de 18 años usaba Internet con frecuencia; y hasta el año 2016, existían alrededor de 4.500.000 cuentas de Facebook (LAPOP, 2014 y Owloo, 2016 como se citó en Quiroz, 2016, p. 491). Teniendo en cuenta que esa cifra ha ascendido en los últimos dos años y que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2018), Bolivia cuenta con más de 11 millones de habitantes hasta el 2018, se podría inferir que al menos la mitad de la población tiene una cuenta de Facebook en la actualidad. Esto coincide con los datos proporcionados por el último Informe de Latinobarómetro (2018, p. 78) que establece que el 56% de la población en Bolivia usa Facebook¹¹.

No sucede lo mismo, sin embargo, con otras redes sociales, pues como se puede ver en la tabla 1, las redes más utilizadas en Bolivia al 2018 son WhatsApp (60%) y Facebook (56%), seguidas de lejos por Youtube (26%). En comparación, las otras redes resultan ser prácticamente insignificantes (ver figura 1), o su uso se encuentra restringido a grupos determinados: intelectuales y actores institucionales en el caso de Twitter y jóvenes en el caso de Instagram y Snapchat. Otro dato que resulta crucial para el análisis es que el 35% de las personas en Bolivia no utiliza ninguna red social¹², cuestión que disminuye, en cierta medida, el grado de influencia de las redes sociales en el comportamiento de un segmento significativo de la población.

 

Pero entonces, ¿cuáles son las implicaciones políticas reales del uso social y cotidiano de las redes sociales en Bolivia? Brian Loader y Dan Mercea (2011, p. 759) afirman que, mientras mayor penetración exista de estas nuevas tecnologías a nivel de las prácticas sociales mundanas, mayores son las posibilidades que tienen éstas de configurar relaciones de poder. Es así que se trata no sólo de una práctica social diaria, sino también de "una nueva forma de hacer y pensar la política" (Caldevilla, 2009, p. 35). Esta penetración puede ser considerable para la mayoría de los bolivianos; sin embargo, no lo es para ese 35% excluido del uso de dichas plataformas. Por lo tanto, hoy en día, la probabilidad de que las redes sociales tengan un impacto real en la configuración de las relaciones de poder en el país son más reducidas que en el caso de otros países de la región.

En tercer lugar, muchos autores han explorado el potencial que tienen las redes sociales para mejorar la transparencia y combatir la corrupción, a través de una mayor fiscalización del trabajo de las autoridades e instituciones de gobierno por parte de la ciudadanía. Se ha evidenciado que una mayor difusión de información por parte de los gobiernos, permite a los ciudadanos fiscalizar las actividades de los mismos, promoviendo procesos más abiertos y continuos de rendición de cuentas. Según un estudio conducido por Shim y Eom en el año 2008:

[Las] TIC pueden reducir la corrupción promoviendo la buena gobernanza, fortaleciendo iniciativas orientadas a la reforma, reduciendo el potencial de comportamientos corruptos, potenciando las relaciones entre los funcionarios de gobierno y los ciudadanos, permitiendo a los ciudadanos hacer un seguimiento de actividades, y monitoreando y controlando los comportamientos de los funcionarios de gobierno. (Shim & Eom, como se citó en Bertot et al., 2010, p. 265)

Esta idea del control y la vigilancia aparece en el texto de Caldevilla (2009, p. 39), según quien "los líderes políticos tienen una mayor responsabilidad en todos sus actos, ya que van a ser «vigilados» por un mayor número de personas afines o no a su inclinación política". Es importante destacar que los esfuerzos por usar a las TIC como herramientas efectivas de fiscalización ciudadana pueden surgir tanto de las mismas instituciones de gobierno, como de la sociedad civil. Iniciativas relacionadas con la promoción del gobierno electrónico en temas impositivos y de contratos de gobierno, han probado ser "soluciones exitosas para los problemas de corrupción de numerosas naciones" (Bertot et al., 2010, p. 265-266). De igual manera, la creación de Wikileaks es un ejemplo emblemático de una iniciativa nacida desde la sociedad civil y pensada para promulgar la transparencia, mediante la revelación de información clasificada y de uso netamente oficial sobre temas de corrupción, espionaje y guerra.

El uso de las redes sociales como instrumentos de provisión de información, monitoreo y seguimiento de determinados procesos políticos y democráticos también se ha manifestado en Bolivia, por ejemplo, durante la jornada electoral del referéndum del 21 de febrero de 2016. Ese día, se difundieron imágenes de los recintos y mesas de votación con el recuento de los votos, denuncias, predicciones e información oficial, desde cuentas tanto institucionales (por ejemplo, el propio Tribunal Supremo Electoral transmitió información y respondió a las dudas de los votantes a través de las redes), como personales de Facebook, Twitter e Instagram, principalmente (Guarachi, 2016). En este proceso, las redes sociales probaron ser efectivas herramientas de fiscalización para la ciudadanía.

Asimismo, como iniciativa desde el gobierno, se crearon cuentas oficiales en distintas redes sociales y páginas web institucionales para conectar digitalmente a la ciudadanía con el trabajo de las instituciones públicas, y así mejorar la transparencia y eficiencia de estas. En esa misma línea, en el año 2015, también se creó la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), institución encargada del desarrollo e implementación del Gobierno Electrónico y las TIC en el país, en pro de la soberanía tecnológica y la transformación tanto de la gestión pública, como de la relación entre la ciudadanía y las entidades públicas, a través de la simplificación de los trámites burocráticos y de la modernización del Estado (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación [AGETIC], 2018).

En lo que concierne al uso de las redes, desde la sociedad civil, como herramientas de lucha contra la corrupción en Bolivia, hace poco se filtró un audio en el cual la jueza Patricia Pacajes, a cargo del caso bebé Alexander, admitía que el médico Jhiery Fernández había sido imputado y encarcelado por un crimen que no había cometido. Gracias a la viralización del audio a través de las redes sociales y medios de comunicación, y a la indignación de la población frente a tan macabra revelación, se pudo ejercer presión para la revisión del caso, dando lugar a la liberación del detenido del precinto carcelario, tras casi cuatro años de cárcel. En este ejemplo, las redes sociales, junto con los medios tradicionales de comunicación, sirvieron para poner en evidencia y denunciar los preocupantes niveles de corrupción del sistema de justicia (coadyuvando en la lucha contra la corrupción), la gravedad del uso discrecional de la detención preventiva y el atropello de los derechos de un inocente ("Caso Alexander", 2018).

Por último, las redes sociales posibilitan una relación más horizontal entre ciudadanos y funcionarios de gobierno, pues por medio de ellas es posible no sólo conocer de primera mano las opiniones de las distintas autoridades o candidatos políticos, sino también interactuar con ellos, compartir opiniones, emitir críticas e incluso interpelarlos directamente por medio de mensajes escritos y audiovisuales. A un año de las elecciones presidenciales en Bolivia, estas interacciones digitales ya se han comenzado a evidenciar, principalmente en las cuentas oficiales de los candidatos en Twitter y Facebook.

La comunicación 1.0 (o tradicional) se caracterizaba por su verticalidad y unidireccionalidad, mientras que la 2.0 se caracteriza por la horizontalidad y la bidireccionalidad ... la Web 2.0 pone en relación al creador de contenidos y al usuario de forma directa. Esto aporta una gran oportunidad a los políticos: pueden darse a conocer y conocer a su vez en primera persona y de forma automática lo que opinan los electores de sus decisiones políticas, además de tener multitud de herramientas para difundir su mensaje de manera fácil y efectiva. (Caldevilla, 2009, p. 35).

Dos términos son claves para entenderla nueva modalidad de comunicación que propician las redes sociales: bidireccionalidad y horizontalidad. Esto en razón a que, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, en los cuales el mensaje era generado por pocos y distribuido de arriba hacia abajo; con las redes sociales, la información se produce desde y hacia múltiples plataformas digitales de la sociedad interconectada de manera horizontal. El mensaje deja de tener una dirección única y una función meramente informativa y se genera un "intercambio multimodal de mensajes interactivos" (Castells, 2007, p. 246), que dan lugar a nuevas formas de participación ciudadana.

En resumen, es posible afirmar que las redes sociales han abierto el camino a nuevas formas de expresión, participación y acción democrática, en contextos con regímenes tanto autoritarios como democráticos. Asimismo, las redes han servido como herramientas efectivas de movilización y empoderamiento ciudadano; han actuado como fuentes de información alternativa (y en muchos casos como las únicas fuentes de información); y han propiciado un acercamiento entre gobernantes y gobernados, entre votantes y candidatos, a través de nuevas modalidades de interacción. Finalmente, las redes también han demostrado su potencial para coadyuvar en la lucha contra la corrupción y promover mayores niveles de transparencia, a través de un mayor involucramiento de la ciudadanía en la fiscalización de las actividades de los gobiernos.

 

III. Contribuyendo a la desmitificación de la creencia en el potencial inherentemente democrático de las redes sociales

Con el propósito de hacer un balance realista del impacto de las redes sociales en la democracia y tras la enumeración de las diversas razones por las cuales estas se venden como prometedoras herramientas de democratización, es necesario contrarrestar la visión idealista descrita en la sección precedente, presentando algunos argumentos que ponen en tela de juicio muchas de las proposiciones planteadas. De este modo, a continuación, se desarrollarán los aspectos que, según diversos autores, limitan u obstaculizan el potencial democrático de estos nuevos espacios políticos digitales.

Los principales argumentos de este enfoque crítico sobre el verdadero poder democrático de las redes sociales y sus limitaciones son los siguientes: 1) las redes promueven un activismo de bajo riesgo; 2) pueden desinformar a la población porque no están sujetas a controles de calidad; 3) priorizan el grado de viralidad de una noticia por encima de su calidad o contenido; 4) generan "comunidades amuralladas" y una mayor polarización; 5) crean la ilusión de un contacto más directo entre gobernantes y gobernados; 6) aún no constituyen verdaderos canales de captación de demandas y generación de políticas públicas; 7) no se encuentran libres de censura y pueden ser instrumentalizadas para manipular a los votantes y perseguir a los disidentes; y 8) pueden generar nuevas formas de exclusión.

En primer lugar, si bien existe un consenso acerca de que las redes sociales son efectivas herramientas de coordinación política y movilización social, también hay una visión contraria, introducida por Malcolm Gladwell, quien sostiene que

las redes sociales promueven débiles vínculos políticos y un activismo de bajo riesgo (o 'slacktivism' [concepto original en inglés]) porque 'likear' algo en Facebook o retuitear una historia implica poco esfuerzo pero induce a los protagonistas a creer que están actuando de manera significativa. (Gladwell, como se citó en Tully, 2014, p. 157).

Las redes sociales impulsan a las personas a exponerse publicando lo mejor de sí mismas, lo cual incluye mostrar al mundo su compromiso con causas políticas importantes. Es por este motivo que los usuarios pueden ser políticamente muy activos en las redes, pero ello no implica que su activismo trascienda de las plataformas digitales a las plataformas políticas o de la sociedad civil. Un "like" como muestra de apoyo a una campaña en contra de la tala de árboles, por ejemplo, no va a llevar automáticamente a que deje de producirse dicha deforestación, a menos que tal demostración de activismo digital se materialice en acciones concretas y colectivas en pos de ese objetivo.

En el caso de Bolivia, la "calle" continúa siendo el ámbito muchas veces decisivo de la manifestación y lucha política; y las redes sociales no constituyen un reemplazo de la "calle", sino una ampliación de la misma en la era digital, pues representan formas innovadoras de acción política. El mismo patrón se observa en el caso de la Primavera Árabe, ya que, aunque las redes sociales fueron sumamente importantes para el éxito de las revoluciones, estas no se hubieran producido si la gente hubiera decidido no salir a las calles y hubiera optado por manifestar su descontento únicamente a través de las redes.

Aunque la crítica es correcta, no es neurálgica para el análisis del poder de las redes sociales, ya que "el hecho de que un actor apenas comprometido [con una causa] no pueda hacerse camino hacia un mundo mejor por medio de un clic, esto no significa que actores [en verdad] comprometidos no puedan usar las redes sociales efectivamente" (Shirky, 2011, p. 38). Es necesario ver que los posibles resultados del activismo digital son múltiples y dependen de cada caso. El fracaso de uno no tiene porqué anular el éxito de otro, pues caso contrario se estaría incurriendo en la "falacia de la composición"¹³.

En segundo lugar, si bien las redes sociales pueden constituir valiosas fuentes de información, principalmente en contextos no democráticos, éstas también pueden desinformar a la ciudadanía, pues no se encuentran sujetas a los controles de calidad de la información que los medios tradicionales deben incorporar obligatoriamente. Es por ello que, si bien efectivamente uno puede encontrar información veraz, también es igualmente frecuente que circulen noticias falsas. Como señala Noam (2005, p. 58), "sólo porque la cantidad de información aumente, ello no implica que su calidad en promedio incremente".

Muchos podrían argumentar que la circulación de noticias falsas no constituye una verdadera traba a la democracia, pues Internet es justamente una plataforma abierta y plural, y es el usuario quien debe aprender a diferenciar una noticia falsa de una real. No obstante, el problema radica en que la capacidad de discernimiento entre lo que es verdadero y lo que no lo es, no siempre es fácil; y "[l]a prevalencia de historias falsas en línea levanta barreras a la toma de decisiones políticas bien informadas y hace que sea menos probable que los votantes elijan sobre la base de información genuina" (Persily, 2017, p. 68).

Tomando en cuenta esta situación, la solución más adecuada pareciera ser educar a los usuarios de tal manera que puedan distinguir entre fuentes confiables y no confiables. Pero, por lo general, el ímpetu por implementar mayores regulaciones sobre la información disponible por parte de los gobiernos (conllevando riesgos de censura, como se verá más adelante), supera los esfuerzos por generar una educación digital que más bien permita a las personas identificar y separar las noticias reales de las falsas, sin necesidad de censurar o aplicar controles excesivos a la información en línea.

Se produjo mucha especulación respecto a las repercusiones de las denominadas "noticias falsas" en el resultado de las elecciones presidenciales del año 2016 en Estados Unidos, en razón a que autores como Hunt Allcott y Matthew Gentzkow (2017, p. 212) concluyeron que, en ese contexto, las noticias falsas que favorecían a Trump se propagaron cuatro veces más en las redes que aquellas que beneficiaban a Clinton. Esto puso en duda si la votación hubiera arrojado resultados diferentes de no ser por la proliferación de tales noticias.

Nathaniel Persily (2017, pp. 67, 70), quien escribe acerca de dicha campaña digital, señala que para analizar este debate es crucial "evaluar qué tipos de noticias falsas podrían tener un impacto electoral", dado que existen diversas clases, cada una con un fin diferente. No existen las "noticias falsas" como categoría homogénea y "el poder (si acaso alguno) de las [mismas] está determinado por la viralidad de la mentira que propagan, por la velocidad con que la diseminan sin contradicción oportuna y, consecuentemente, por cuántas personas reciben y creen en la falsedad".

Respecto a este último punto, es importante aclarar que una encuesta conducida por Allcott y Gentzkow (2017, p. 223) sobre las fuentes de noticias más importantes para las elecciones del 2016 en Estados Unidos, demostró que si bien las redes sociales han incrementado su preponderancia, la televisión continúa siendo, por un amplio margen, el medio preferido y dominante para la obtención de información, tanto por su "frecuencia de consumo", como por el nivel de confianza que se le otorga. De esta manera, los autores señalan que no es posible atribuir la victoria de Trump a la circulación —aunque masiva— de noticias falsas, pues para que ello hubiese sido factible, el alcance y grado de confiabilidad de las redes sociales debería haber sido mucho mayor.

Esta declaración debe ser contrarrestada con las afirmaciones de Christopher Wylie, exempleado de Cambridge Analytica, quien en una entrevista a la BBC ("5 claves para", 2018) declaró que parte del trabajo de la empresa británica durante la campaña electoral consistía no sólo en difundir propagandas personalizadas a través de las redes, sino también noticias falsas con el propósito de cambiar la percepción de las personas y generarles dudas respecto a la transparencia de los grandes medios de comunicación. Entonces, sería posible afirmar que el mayor o menor grado de impacto de las noticias falsas en las decisiones de los votantes está intrínsecamente vinculado al mayor o menor grado de confiabilidad que estos le atribuyen a los distintos medios de comunicación y plataformas digitales.

En el caso de Bolivia, tras la victoria del no en el referéndum del 21 de febrero de 2016, el gobierno denunció que el voto ciudadano había sido influenciado por la "campaña sucia" de la oposición en las redes sociales (Welp y Lissidini, 2016; Welp, 2018, p. 201), especialmente con el estallido del escándalo en torno a Gabriela Zapata semanas antes de la votación¹⁴. El mismo presidente Evo Morales, en una conferencia de prensa del 22 de febrero de 2016, declaró:

"Como no hay... cómo atacar este proceso... usan guerra sucia, mentira tras mentira" (Videos Bolivia, 2016). Si bien las declaraciones oficialistas siguieron la misma línea, condenando la circulación de las supuestas noticias falsas¹⁵, la mayor parte de las denuncias sobre el caso Zapata resultaron ser ciertas, pues Gabriela Zapata sí fue condenada a 10 años de cárcel por una serie de delitos relacionados al enriquecimiento ilícito y el mismo presidente Morales admitió tanto su relación afectiva con ella, como la existencia de un hijo que habría fallecido (Carrasco, 2017).

Dos años más tarde, las referencias a la "guerra sucia", las "fake news" y el rol de las redes sociales en el país siguen produciéndose —y todo parece indicar que se acentuarán a medida que se aproximen las elecciones presidenciales de 2019, aunque ningún estudio ha determinado aún su impacto real en el comportamiento electoral de los bolivianos. Un claro ejemplo del poder que ejercen las redes en el imaginario social se evidencia en el discurso del presidente Morales a sus bases durante la inauguración del ampliado nacional del pacto de unidad en noviembre de 2018, donde volvió a referirse a la "guerra digital", señalando que debían estar preparados, pues por culpa de ella podrían perder las elecciones de 2019 (Alanoca, 2018).

Ante el vacío de estudios empíricos que determinen el impacto real de las redes en el comportamiento político boliviano, un ejercicio que puede contribuir a direccionar los debates en ese sentido, siguiendo la línea de análisis de Allcott y Gentzkow (2017), es utilizar los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación, conducida por la AGETIC, para determinar el grado de preferencia de la población por las redes sociales para la obtención de información imparcial en comparación con otros medios de comunicación.

Al respecto, los resultados de la encuesta (AGETIC, 2017) muestran que, al igual que en el caso de Estados Unidos, la televisión constituye el medio de comunicación preferido por los bolivianos para acceder a las noticias (70%) y que las redes sociales se posicionan en tercer lugar (junto con los periódicos impresos), incluso después de la radio. De igual manera, el 31% de la población considera que la televisión es el medio más imparcial, frente a un reducido 7% que opina lo mismo de las redes sociales (ver la figura 2). En vista de que la televisión continúa siendo el medio de comunicación más influyente, y que el 35% de la población en Bolivia no utiliza redes sociales (AGETIC, 2017; Latinobarómetro 2018), resulta incorrecto atribuir la derrota electoral del 21 de febrero de 2016 solo a las campañas realizadas por medio de las redes sociales (Lafuente, 2016). En todo este tiempo se ha sobredimensionado la influencia real de las redes sociales en el comportamiento electoral ciudadano. Su poder de influencia debería interpretarse a través de su interacción con los medios de comunicación tradicionales.

En tercer lugar, el impacto de una noticia se mide cada vez más por su grado de viralidad, que muchas veces depende de su nivel de polémica más que de su calidad o veracidad. No existe el mismo tipo de rendición de cuentas sobre el contenido de los mensajes que se publican en las redes sociales, frente a los medios tradicionales de comunicación. Esto se debe a que las redes constituyen espacios en los cuales cada persona puede expresar sus opiniones y sentimientos libremente, incluso desde el anonimato. En muchos casos se encuentran mensajes poco tolerantes, xenófobos, racistas y homofóbicos, entre otros. Esta tendencia se ha comenzado a hacer cada vez más visible en las redes sociales con la presentación de candidaturas para las elecciones de 2019 en Bolivia, donde la tolerancia y el debate respetuoso parecieran encontrarse cada vez más disminuidos.

Durante la campaña digital de Donald Trump se demostró que "hoy en día, lo viral es la moneda del ámbito electoral. Aquellos candidatos y estrategias que puedan generar 'compartidos', 'likes' y 'seguidores' tienen una ventaja sobre aquellos que no pueden", más allá de si sus opiniones son políticamente correctas, interesantes, o pertinentes. El lenguaje incendiario y controversial utilizado por Trump en Twitter lo ha posicionado en el centro de la atención mediática y le ha otorgado un protagonismo que, si bien podría ser considerado bien merecido en términos del tipo de la estrategia empleada en la era digital, ciertamente no lo es en términos del contenido difundido. Es más que evidente que la propensión de las redes sociales a privilegiar la viralidad y la fama por encima de aspectos más sustanciales, no es necesariamente beneficiosa para el fortalecimiento de la democracia.

En cuarto lugar, aunque las redes sociales brindan oportunidades excepcionales para generar conexiones nuevas, entre una pluralidad de actores e ideas provenientes de distintas partes del mundo, la mayoría de las veces dan lugar a "cámaras de eco" (Bascuñán, 2018) o "comunidades amuralladas virtuales" debido a que, en ellas, la información se comparte mayoritariamente entre amigos, familiares, y personas afines, generando una especie de burbuja en la que solo se reafirman las creencias ya existentes, sin mayores disidencias. En su libro #Republic. Divided democracy in the age of social media, Cass Sustain (2017) analiza, entre otras cosas, la forma en la que Internet y redes sociales facilitan la interacción entre personas similares en términos ideológicos, políticos y socioeconómicos; y cómo esto conlleva una mayor polarización y radicalización de los grupos.

Esto se produce por dos motivos: el primero es que la sobresaturación de información que uno encuentra en Internet lleva a que páginas como Facebook o buscadores como Google, apliquen algoritmos o filtros que permitan a las personas acceder con mayor facilidad a aquello que desean; facilitando, en otras palabras, la creación de burbujas que aíslan a los usuarios de información distinta o contraria a sus intereses. En segundo lugar, porque las personas que piensan igual tienden a seguir las mismas páginas y a tener amigos similares; como señala Sustain (2017, pp. 62-67), "a menudo la gente sabe o cree saber lo que le gusta y le disgusta" y se inclina naturalmente a buscar la reconfirmación de sus puntos de vista.

En palabras del autor, "los filtros colectivos funcionan porque las personas tienden a likear lo que personas como ellas tienden a likear". Pero esto no es algo nuevo, ya que las personas siempre han optado por seleccionar aquellos periódicos o programas de radio y televisión en los cuales ven reflejadas sus propias opiniones. El problema es que si bien Internet se caracteriza por ofrecer una pluralidad de perspectivas, al final de cuentas, la capacidad de filtrar la información que uno recibe o busca hace que las personas estén aún más aisladas en sus propias comunidades virtuales y, por ende, más expuestas que antes a múltiples ecos de sus propias voces.

La "ciberpolarización" y el cercamiento en zonas de confort fragmentadas dificultan los procesos democráticos, pues obstaculizan el debate plural, el intercambio de opiniones y la posibilidad de construir consensos a partir de diferencias. De igual manera, altos niveles de polarización y aislamiento, así como la difusión de determinados mensajes de manera continua, pueden propiciar la creación de grupos intolerantes y extremistas. Irónicamente, "las personas que tienden a filtrar los puntos de vista contrarios son aquellas que más necesitan escucharlos" (Sustain, 2017, p. 71).

No obstante, es necesario aclarar que algunas plataformas digitales son más propensas a esta "ciberbalcanización" que otras. Debido a que WhatsApp se configura por medio de los números de contacto almacenados en el teléfono móvil, esto hace que la comunicación se reduzca a cerrados círculos familiares o de amistades cercanas. En cambio, plataformas como Facebook y Twitter, en las cuales los círculos se amplían, incluyendo a conocidos y desconocidos, permiten una mayor pluralidad en el debate.

Es así que, por lo general, las personas tienen la propensión a evadir las perspectivas que contradicen sus creencias, excepto en las circunstancias en las que buscan rebatirlas o ridiculizarlas. Por ello, "los blogueros sistemáticamente se comentan unos a otros, incluso si es sólo para manifestar su desacuerdo" (Adamic y Glance, 2005, p. 38). Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en los 431 comentarios que se hicieron tanto a favor como en contra del tuit de Carlos D. Mesa Gisbert del 6 de octubre de 2018, en el cual compartía su anuncio de candidatura; o en la pelea en Twitter, de fecha 25 de junio de 2017, entre Evo Morales y Sebastián Piñera ("Piñera le dice", 2017).

En quinto lugar, se ha establecido que las redes sociales crean relaciones horizontales entre la sociedad civil y las autoridades y líderes políticos. Sin embargo, muchos autores afirman que esta idea de un contacto más directo entre gobernantes y gobernados, propiciado por las redes sociales, es simplemente una ilusión. Efectivamente, las redes poseen ese potencial y es por ello que funciona a nivel discursivo; sin embargo, en la práctica es imposible que autoridades con una sobrecarga de responsabilidades, como el presidente de un país, tengan el tiempo para publicar contenido en sus redes todos los días y contestar personalmente todos los mensajes que reciben de desconocidos a través de ellas. A modo de ilustración, sólo entre el 1 y el 19 de noviembre de 2018, se publicaron entre 12 y 31 tuits por día desde la cuenta oficial del presidente Evo Morales; en total: 354 tuits en 19 días (https://twitter.com/ evoespueblo).

Es por este motivo que, por lo general, las autoridades de alto rango tienen equipos de trabajo encargados de gestionar sus plataformas digitales, con lo cual esa relación "directa" a la que se hace alusión, es en realidad sumamente intermediada. Según Eli Noam (2005):

Sí, cualquiera puede mandar un correo electrónico a autoridades públicas y tal vez incluso recibir un mensaje automático, lo cual puede brindar la ilusión de acceso. Pero el recurso limitado seguirá siendo escaso: la atención de dichas autoridades. Por necesidad, sólo algunos mensajes llegarán a su objetivo. En todo caso, mientras mayor sea el flujo de mensajes, los agentes de poder que pueden proveer acceso serán más importantes que nunca. (p.58).

En sexto lugar, las redes aún no se han convertido en verdaderos canales de interacción con la ciudadanía, que puedan gestionar las demandas o críticas y traducirlas en políticas públicas. Diversos académicos han demostrado que, en las redes sociales, las figuras políticas parecieran estar más interesadas en la difusión de sus propias opiniones, y en la cantidad de likes, retuits y seguidores que obtienen, que en propiciar verdaderos debates con los usuarios (Campos-Domínguez, 2017). Es por ello que

no hay que ponderar la importancia de una figura política según la cantidad de seguidores que tenga en una red social. Esta herramienta es útil solamente si se usa como medio de comunicación alternativo, no como una encuesta de afiliación ciudadana. (Caldevilla, 2009, p. 36).

Este desinterés por procesar las opiniones de la ciudadanía digital es una limitante a la bidireccionalidad y horizontalidad de las redes sociales, puesto que, aunque estas características de la Web 2.0 constituyen oportunidades únicas para comprender las necesidades de la población e incorporarlas de la mejor manera en el diseño de políticas públicas, por lo general, dichas plataformas continúan siendo utilizadas unidireccionalmente; es decir, para la simple difusión de la información de arriba hacia abajo. Sucede lo mismo en Bolivia con las páginas y cuentas oficiales, que se asemejan más a espacios propagandísticos y publicitarios que a plataformas que permitan un verdadero intercambio de opiniones con la ciudadanía. Mientras no se busquen maneras de incorporar las inquietudes y exigencias de la ciudadanía, el potencial de las redes sociales como canales para la gestión y transformación de demandas en políticas públicas seguirá siendo desperdiciado.

En séptimo lugar, si bien es necesario efectuar una regulación sobre determinados tipos de contenidos que se difunden en Internet y sobre los modos en los cuales se produce dicha difusión (por ejemplo, en el caso del mercado negro o darknet¹⁶), surge la pregunta: ¿dónde se debe trazar el límite para que esa regulación no se convierta en censura? Esta es una pregunta compleja pues, por lo general, cualquier intento de regulación de los contenidos conlleva el peligro inminente de la censura, por más mínima que esta sea. Habría que preguntarse, entonces, si sería posible considerar algún tipo de censura como aceptable, sin coartar el potencial de las redes para propiciar una mayor democratización y apertura.

Al respecto, Xosé Soengas (2013) invita a hacer una reflexión sobre los peligros de la misma tecnología que, en otros contextos, puede propiciar una mayor apertura democrática.

Al mismo tiempo, tampoco hay que olvidar que la tecnología posibilita el control de las comunicaciones y de la información. Los mismos elementos que sirven para esquivar las barreras de la censura pueden convertirse en aliados de la represión, de hecho los gobiernos de los países árabes en los que estallaron las revueltas cortaron o bloquearon varias veces Internet durante las protestas para impedir que trascendiera lo que estaba ocurriendo. (p. 149).

El mayor peligro reside en el hecho de que estas nuevas tecnologías de la información y comunicación puedan ser cooptadas e instrumentalizadas para restringir deliberadamente el acceso a la información; detectar y perseguir disidentes; bloquear la organización de protestas sociales e impedir la conformación de grupos políticos disidentes; y manipular el comportamiento de los usuarios a través del diseño de propagandas políticas personalizadas para cada votante.

Respecto al primer punto mencionado en el anterior párrafo, utilizando el ejemplo emblemático de la República Popular de China, Chi (2012, p. 388) señala que "si un gobierno tiene la intención de controlar la información, el Internet hace posible ese control", debido a que, en línea con las afirmaciones de Soengas, la misma tecnología que empodera a los ciudadanos, empodera a los gobiernos (Zheng, 2008). Desde los primeros comienzos del suministro de Internet en China, el Partido Comunista tuvo un poder determinante en el control del contenido difundido en línea. El propósito principal era censurar el debate de los usuarios sobre temas "políticamente sensibles", pues su discusión está prohibida y penada por la ley.

De esta manera, a partir de 2005, se anunciaron una serie de reglas y medidas para hacer efectiva la regulación de Internet, a través del control del contenido, y por medio de un sistema obligatorio de licencia y registro para los proveedores de servicios de Internet (ISP). Adicionalmente, se confirió al Ministerio de Seguridad Pública la autoridad legal para controlar los flujos de información y, junto con otro ministerio, la potestad de monitorear las plataformas digitales, con el objetivo de censurar aquellos espacios en los que se aborden temas políticos. Este control se vio intensificado en el año 2009 cuando el gobierno de China construyó su gran sistema firewall de vigilancia para la información de Internet (Chi, 2012, pp. 396-397)

Gobiernos de corte autoritario en diversas partes del mundo han implementado métodos similares de control de contenido, imponiendo incluso bloqueos al acceso a Internet, como es el caso de los gobiernos dictatoriales de Túnez y Egipto durante las revueltas árabes. Si bien en el caso de China la regulación continúa funcionado de manera más o menos exitosa, dado que se ha abierto a permitir mayores niveles de disidencia en asuntos de índole social, en otros contextos no ha tenido los mismos resultados.

Como se mencionó al comienzo del artículo, en el caso de Egipto, el bloqueo de Internet fue uno de los detonantes para el derrocamiento del régimen. En otros casos, el fracaso de los denominados "bloqueos" a Internet se encuentra vinculado a las dificultades que ello conlleva para la realización de negocios, pues "no puede existir una economía moderna sin teléfonos funcionado" (Shirky, 2011, p. 39). De todas maneras, no existe aún un consenso acerca de si este tipo de medidas de control y censura estallarán inevitablemente a la larga, propiciando transformaciones pro democráticas (como en el caso de Egipto); o si los gobiernos se adaptarán constantemente, flexibilizando sus medidas en algunos temas, al mismo tiempo que conserven un estricto control en otros (como en el caso de China).

En segundo lugar, tanto en el caso de China, como en el caso de Túnez y Egipto durante la Primavera Árabe, las redes sociales generaron mayores niveles de protagonismo, pero también de vulnerabilidad para los disidentes políticos, cuya identificación fue posible de manera mucho más rápida debido a su mayor exposición en Internet. Su persecución y detención también fue facilitada por la cantidad de información que las nuevas tecnologías proporcionan sobre la ubicación de las personas en tiempo real. En tercer lugar, y en la misma línea, dichas tecnologías fueron utilizadas, además, para intervenir las convocatorias a movilizaciones y protestas; así como para desarticular, desde el inicio, cualquier iniciativa que intentase cuestionar el orden político establecido en esos países. Si bien estos riesgos disminuyen en contextos democráticos, ello no implica que no se encuentren vigentes ya que, al final de cuentas, todo depende del uso que se haga de estas herramientas.

En cuanto al cuarto punto, cabe aclarar que la instrumentalización de las nuevas tecnologías no es exclusiva de los gobiernos, ya que el ejemplo más reciente y controversial sobre el tema fue protagonizado por la empresa consultora británica Cambridge Analytica, la cual fue acusada de manipular a los votantes para que se inclinen a favor, tanto del Brexit, en el referéndum del Reino Unido, como de Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. El escándalo se desató cuando diarios como The New York Times y The Observer reportaron que Cambridge Analytica habría utilizado indebidamente la información de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook, en base a un test de personalidad creado por Aleksandr Kogan, para generar perfiles psicológicos de los posibles votantes y diseñar tipos de propagandas políticas que apelen a los miedos e intereses de cada persona, con el fin de modificar su forma de pensar y sus decisiones¹⁷ ("5 claves para", 2018).

Por otra parte, grandes compañías como Google o Facebook también delimitan la información disponible de manera arbitraria, o en concordancia con lineamientos que responden a sus objetivos, a través de la imposición (desde arriba) de filtros y algoritmos, cuya lógica es desconocida para el ciudadano promedio. Esto es posible gracias a que las preferencias de los usuarios se concentran en unas cuantas redes sociales y motores de búsqueda, entre las cuales se encuentran las mencionadas precedentemente. Según Loader y Mercea (2011, p. 760), "tales concentraciones de hipervínculos a unos cuantos espacios dominantes podrían proporcionar una influencia autoritaria desproporcionada sobre las fuentes de información de los usuarios"; en otras palabras, un monopolio sobre el control de la información por estas grandes empresas.

Finalmente, incluso cuando los intentos de control de contenido sean bien intencionados y no se orienten deliberadamente a la censura o a la manipulación de los usuarios, como en los puntos mencionados previamente, "la adopción de medidas regulatorias inevitablemente (...) limita el potencial cívico ofrecido por las redes sociales"; y, hoy en día, existe una tendencia ascendente a una mayor regulación de las mismas por parte de los gobiernos (Tully, 2014, pp. 153-154).

Muchos de los riesgos mencionados fueron discutidos ampliamente en Bolivia tras la victoria del no en el referéndum de 21 de febrero de 2016. Declaraciones de autoridades de gobierno, como la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco, resaltaban la "necesidad de regular las redes sociales" en el país (Peña, 2016). Siguiendo esa línea, ese mismo año, se creó la Dirección General de Redes Sociales, dependiente del Ministerio de Comunicación, con el "objetivo de 'difundir, consultar e interactuar' información del Gobierno con las 'cibercomunidades' en distintas plataformas virtuales, como Facebook y Twitter. Además de monitorear las tendencias en los medios, a los periodistas y lo que publican los ciudadanos" ("Redes sociales y política", 2018).

Asimismo, aunque asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron una propuesta de ley para regular las redes sociales en Bolivia en 2016, la misma no prosperó por falta de apoyo y por la ferviente oposición de los defensores de los derechos digitales en Bolivia (por ejemplo, a través del movimiento #RedesLibresBo) (Pallero, 2016). Sin embargo, si bien todavía las redes sociales no están reguladas por ley, a comienzos del 2018, el diputado por el MAS, Julio Huaraya, comentó acerca de la proyección de una propuesta de proyecto de ley "para 'regular' el uso de las redes sociales" (Alanoca, 2018). En un contexto político en el cual se ha vuelto a hablar sobre la influencia de las redes en el comportamiento electoral de la ciudadanía, la regulación de las redes seguramente será un tema central de debate.

Por último, en un país como Bolivia en el que las brechas de la pobreza y la desigualdad continúan siendo grandes, no todos tienen igual acceso a Internet y a las redes sociales, pues no todos pueden adquirir un teléfono inteligente y/o pagar los elevados costos de Internet¹⁸. Por otra parte, el uso de las redes y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación está muy ligado al aspecto generacional, ya que los adultos mayores muchas veces no utilizan estas herramientas digitales, o al menos no lo hacen de la misma manera que los jóvenes, aprovechando todo lo que estas pueden ofrecer. Si a esto se añade el hecho de que los trabajos exigen cada vez más un mejor manejo de aplicaciones tecnológicas, entonces, es posible afirmar que se están generando nuevas formas de exclusión (según los datos del INE, LAPOP y Owloo, presentados en la primera sección, alrededor de la mitad de la población se encontraría marginada).

 

IV. Conclusión: redes sociales y democracia, desafíos y oportunidades

La sistematización presentada a lo largo del artículo brinda una visualización amplia y, a la vez, bastante sintetizada de los principales debates internacionales respecto a la temática de redes sociales y democracia. Asimismo, la construcción del análisis a partir del balance de aspectos tanto positivos como negativos de la relación entre redes sociales y democracia permite continuar con la desmitificación de algunos imaginarios y plantea una aproximación más realista sobre las verdaderas potencialidades democráticas y el impacto de las redes sociales. A su vez, la diversidad de ejemplos presentados muestra que muchos de los riesgos que conllevan las redes en contra de la democracia, no son exclusivos de contextos autoritarios, sino que también pueden presentarse en regímenes democráticos. Finalmente, la incorporación de ejemplos propios del caso boliviano, en diálogo o en contraste con los ejemplos internacionales, aporta una perspectiva nueva a un tema discutido ampliamente.

Por mucho tiempo se ha romantizado el poder de las redes sociales y se las ha identificado como las causantes directas de muchas de las revoluciones que se han producido en los últimos años. Es verdad, por una parte, que las redes han servido como plataformas efectivas y no convencionales de acción, expresión y participación política; y se han posicionado como poderosos instrumentos que han posibilitado tipos de movilización y convocatoria nunca antes vistos. Pero, por otra parte, el hecho de que las redes hayan podido canalizar las iniciativas ciudadanas, potenciando diversos procesos democráticos, no implica que hayan reemplazado -o al menos no aún- a las "calles" como los verdaderos campos de lucha y contestación política.

El imaginario desde el cual gran parte de la Academia y de la sociedad civil globalizada han abordado a las redes sociales, otorgándoles el carácter de catalizadoras de transformaciones políticas y sociales es ciertamente excesivo, pues ha privilegiado el rol de las tecnologías por encima de las causas estructurales, que sí constituyen los verdaderos motores de cambio. En palabras de Malcolm Gladwell (2011), "[l]as personas protestaron y derrocaron gobiernos antes de que Facebook fuera inventado (...) antes de la llegada de Internet (...). Cómo eligieron hacerlo es menos interesante, al final, que porqué tuvieron el impulso de hacerlo en primer lugar" (párr. 2).

En resumen, lo que el artículo intenta mostrar es que, si bien en muchas circunstancias las redes sociales constituyen poderosas herramientas de democratización y empoderamiento ciudadano, "frecuentemente se exagera su impacto" (Beaumont, 2011). Es evidente que las características de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ofrecen oportunidades únicas para el fortalecimiento y la renovación de la democracia. Sin embargo, las redes sociales e Internet, en general, "no garantiza[n] ni la participación individual en democracia, ni que el resultado final de las deliberaciones democráticas sea equitativo y justo. Internet es simplemente una plataforma" (Berman y Weitzner, 1997, p. 1313).

Autores como Manuel Castells (2007, pp. 248-249) contrarrestan esta visión instrumentalista de las tecnologías, considerándolas no como simples herramientas, sino como una "construcción social con sus propias implicaciones". No obstante, aún no se tiene mucha claridad acerca de cuál es el papel real de las redes sociales en la configuración de las transformaciones políticas a nivel más concreto; más estructural. Todavía queda por descubrir si las redes sociales pueden constituirse en un "contrapoder"; es decir, si pueden ser apropiadas por los actores sociales para "desafiar y eventualmente cambiar las relaciones institucionalizadas de poder en la sociedad".

Entonces, ¿son las redes sociales inherentemente democratizantes? La respuesta es no. Si comenzamos a visualizar a las redes sociales como nuevas plataformas de acción política, se hace evidente que, aunque poseen potencialidades inigualables para la apertura, ampliación y renovación democrática, su poder democratizante se encuentra condicionado, necesariamente, por el uso que se haga de estas; pues, como se pudo apreciar en la sección precedente, las mismas tecnologías que son utilizadas en pos de la democracia, también pueden ser usadas para censurarla o restringirla. En ese sentido, el potencial democratizante de las redes sociales yace en las decisiones de los usuarios respecto a su uso.

En el caso de Bolivia, en los últimos años, las redes sociales se han ido incorporando al proceso de "informalización de la política" descrito por Jorge Lazarte (1992), y han comenzado a posicionarse, cada vez con mayor fuerza, como nuevos espacios de acción política y democrática. Simultáneamente, han comenzado a ser cooptadas y utilizadas en el proceso formal de modernización del Estado. No obstante, esta emergencia de las redes se ha producido a un ritmo acelerado que ha tomado al gobierno y a la misma sociedad por sorpresa. Es así que, en el contexto actual, altamente politizado y fragmentado, en el que se han intensificado los debates iniciados hace un par de años sobre "noticias falsas", "guerra digital" y "regulación de las redes", los actores sociales y políticos recién están comenzando a comprender mejor todos estos fenómenos.

En miras a un año electoral en el cual se intensificará dicha polarización, las redes sociales seguro jugarán un rol trascendental en la configuración de opiniones y narrativas, e introducirán oportunidades únicas para profundizar la democracia desde sus múltiples enfoques. El análisis presentado en este artículo sirve como insumo para hacer un balance realista de las circunstancias en las cuales las redes sociales pueden potenciar la democracia o, por el contrario, restringirla u obstaculizarla. Dependerá de todos, tanto gobernantes como gobernados, el saber aprovechar las oportunidades excepcionales que los nuevos espacios políticos digitales traen consigo, sin dejar de lado los distintos peligros y desafíos que ellos mismos conllevan; todo esto con el objetivo de utilizar estas herramientas en pos de la construcción e intensificación de una democracia envuelta en un proceso de continua transformación.

 

Notas

1 Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo", con un minor en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y una maestría en Development Studies por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, donde fue distinguida con la mención de Bateman Scholar por Trinity Hall College. Autora del libro El resorte de la conflictividad en Bolivia. Dinámicas, riesgos y transformaciones 2000-2008. Actualmente es Consultora Experta para el Proyecto de Desarrollo Económico y para el Foro de Transformación Social y Ecológica de la Friedrich Ebert Stiftung en Bolivia, y docente en el Programa de Maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar.

2 Ver la teorización sobre la democracia de autores como: Aristóteles (1996), Norberto Bobbio (1986, 1989) Norberto Bobbio et al. (2007), Robert Dahl (1989, 1998, 2002), Guillermo O'Donnell (1997, 2010), Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter (1994), Giovanni Sartori (1994, 2009), Joseph Schumpeter (2015), Alexis de Tocqueville (1999), Alain Touraine (1995), por mencionar a algunos.

3 Entiéndase como "elementos" a los valores, principios e indicadores mencionados.

4 El término 2.0 fue acuñado por Tim O'Really y la "Web 2.0 es la Red como plataforma, involucrando todos los dispositivos conectados" (Caldevilla, 2009, p. 33).

5 También denominado Movimiento 15-M (debido a que la manifestación comenzó el 15 de mayo de 2011 en Madrid), se produjo en señal del hartazgo ciudadano con la clase política española y en demanda de mejoras al sistema democrático.

6 Movimiento inspirado en los "Indignados" de España que se produjo en Nueva York en septiembre de 2011 como reacción a las enormes brechas de desigualdad socioeconómica y al poder desmesurado y corrupto de las grandes corporaciones, correspondientes al 1% más rico.

7 Es la consigna que da nombre al movimiento feminista surgido en Argentina en 2015 como signo de protesta al feminicidio y a la violencia de género. Desde entonces, el movimiento se ha extendido internacionalmente gracias a su viralización por medio de las redes sociales.

8 Movimiento ciudadano que plantea la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 en Bolivia; es decir, el rechazo a la modificación del artículo 168 de la Constitución, relativo al período de mandato y reelección de la figura del Presidente y Vicepresidente de Bolivia. El movimiento surgió como reacción al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 28 de noviembre de 2017, por el cual se habilitó la posibilidad de reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera (además de los gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales) para los siguientes comicios electorales nacionales.

9 También en regímenes democráticos como el de Bolivia, ciertas declaraciones de autoridades políticas de alto nivel, como el presidente Evo Morales en Twitter, por ejemplo, se han convertido en titulares de noticias.

10 Concepto central de la teoría de Pierre Bourdieu, quien lo define como un "sistema de esquemas interiorizados que permiten engendrar todos los pensamientos, las percepciones y las acciones características de una cultura y solamente éstas" (Bourdieu, como se citó en Martínez, 2017, p. 2).

11 Es importante aclarar que esta cifra es en realidad mayor, pues la muestra del informe corresponde únicamente a la población adulta.

12 Esta cifra coincide con la de los "Primeros resultados de la Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)" de la AGETIC (2017).

13 El término "falacia de la composición" hace alusión a la idea de creer que aquello que es verdadero para una "parte", también lo es para el "todo".

14 Semanas antes al referéndum, el periodista boliviano Carlos Valverde denunció un supuesto caso de tráfico de influencias que implicaba al presidente Evo Morales. El 3 de febrero de 2016, en su programa de televisión, Valverde reveló que Gabriela Zapata, entonces Gerente General de la empresa china CAMC (misma que se había adjudicado contratos millonarios con el Estado boliviano) era la expareja de Evo Morales, con quien además había tenido un hijo. La noticia desató mucha polémica, pues fue la primera vez que un escándalo de ese tipo involucraba la figura del presidente, pero también por el carácter contradictorio de muchas de las declaraciones oficiales.

15 En reacción al movimiento #21F y #BoliviaDijoNo, en 2017, el oficialismo optó por iniciar su propia campaña en las redes sociales denominada #21FdiaDeLaMentira (Velásquez, 16 de febrero de 2017).

16 Término con el que se denomina a los espacios virtuales en los cuales los usuarios pueden adquirir y comerciar toda clase de productos ilegales, desde armas hasta personas (tráfico de personas).

17 Martin Hilbert es uno de los personajes "tech" que más ha ahondado en el tema que él denomina como "lavado de cerebros", vinculándolo, además, al detrimento de la democracia.

18 Bolivia posee uno de los servicios de Internet más lentos y costosos de la región.

 

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