INVESTIGACIÓN

 

BIBLIOTECAS Y JUSTICIA SOCIAL EN EL ESTADO DE DEMOCRACIA

 

 

Felipe Meneses Tello*

 

 

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RESUMEN

El autor analiza la relación entre bibliotecas y justicia social. Afirma que el Estado tiene la responsabilidad política de proveer de los bienes y servicios bibliotecarios necesarios para favorecer la construcción de una ciudadanía capaz de hacer funcionar la dinámica de la democracia. Los asuntos que trata son los siguientes: 1] El acceso democrático a la información en la práctica bibliotecaria, 2] Los valores democráticos en la esfera bibliotecaria, 3] La práctica de la justicia social bibliotecaria, 4] Los servicios bibliotecarios para los carentes de información, 5] Las bibliotecas en el Estado democrático de derecho, y 6] El servicio de biblioteca con perspectiva de justicia social. Así, muestra el potencial social de las bibliotecas para ayudar a reducir las inequidades que sufren los grupos sociales vulnerables.

Palabras Clave: <Bibliotecas> <Justicia Social> <Estado> <Democracia>

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ABSTRACT

The author analyzes the relationship between libraries and social justice. He affirms that the state has the political responsibility to provide library goods and services to favor the construction of a citizenship capable of operating the dynamics of democracy. The issues he discusses are the following: 1 ] Democratic access to information in library practice, 2] Democratic values in the library sphere, 3] The practice of library social justice, 4] Library services for those without information, 5] Libraries in the democratic rule of law, and 6] The library service with a social justice perspective. Thus, he shows the social potential of libraries to help reduce the inequities that vulnerable social groups suffer.

Keywords: <Libraries> <Social justice> <State> <Democracy>

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El acceso democrático a la información en la práctica bibliotecaria

A manera de introducción, el problema de la justicia social en el campo de la bibliotecología no ha pasado inadvertido. Por ejemplo, los escritos de Davis (1983), Ruth (1984), Durrami (1999), Howard (1994), Pateman y Vincent (2010) y otros autores a los que recurriremos en su momento, son una muestra del interés en torno a este principio en el plano de las bibliotecas y la información documental. Un intento de yuxtaposición entre la justicia con fondo ético y la justicia con perspectiva social se aprecia en McCook (2001a), al citar el punto de vista de Rudin y señalar que "la meta de nuestra profesión es la equidad de la información". Infiere asimismo que "inherente a esta meta es la justicia social" en el marco del obrar bibliotecario, lo que implica trabajar, agrega esta autora, "para el alfabetismo universal; defendiendo la libertad intelectual; preservando y haciendo accesible el documento humano a todos". De esta manera, el principio de acceso a la información figura en el marco del Estado democrático, como uno de los valores centrales de quienes ejercen la bibliotecología y/o la biblioteconomía. Valor que con perspectiva de justicia social se entiende como el acceso libre, igualitario y equitativo a la información documental organizada que las instituciones bibliotecarias brindan a la sociedad. Esto comprende el acceso a una oferta amplia de servicios.

En este orden de ideas, para McCook "la equidad de la información es usada para proporcionar una frase que destile la esencia de la profesión del bibliotecario como paralelo a la meta de la profesión del médico y al objetivo de la profesión legal de la justicia". Si bien la visión teórica de McCook se ajusta a la noción de la relación entre librarianship and social justice, su análisis apunta hacia una comprensión religiosa, hacia un nexo ético-social en la esfera de los ideales del Catholic Worker Movement, fundado por los estadounidenses Dorothy Day y Meter Maurin en los años 30s del siglo pasado.

El enfoque de Davis es semejante al de McCook al elucidar en torno al nexo que existe entre justicia social y bibliotecas desde un punto de vista cristiano. Pero no es esta la visión que nos interesa para sostener el principio democrático de la justicia social en el entramado de esos espacios comunitarios de conocimiento e información. La óptica que nos importa trazar, en esta ocasión, es la de carácter socio-político-democrática, sin menoscabo por supuesto de la concepción ética, ya que este perfil también penetra en los tejidos sensibles de la sociedad e influye, o debería influir, en las instituciones del Estado. Esto significa que en los párrafos siguientes la unidad entre bibliotecas, justicia social y democracia será formulada en términos sociales y políticos.

Una de las actividades teleológicas esenciales de las bibliotecas es la función social que estos centros de servicio desempeñan en la estructura del Estado, función encaminada a la satisfacción de las necesidades sociales de la población y de las necesidades políticas de quienes ejercen el poder de mando. En esta circunstancia, si la teoría del Estado o ciencia política plantea la pregunta ¿para qué existe el Estado?, la bibliotecología social podría preguntar ¿para qué existen las bibliotecas en la sociedad?, y la bibliotecología política tendría que cuestionar, entre otras cosas, ¿para qué existen las bibliotecas en el Estado democrático? Sin duda, que en ambas esferas el acceso democrático a la información es el valor que trasciende como el canon central del servicio público de biblioteca, destinado tanto para gobernados como para gobernantes. En este marco dialéctico de servicios bibliotecarios y de información, la «función social» de las bibliotecas se entronca con la «función política» que ejercen estas instituciones en el escenario del Estado.

Como sabemos, los fines del Estado y de las instituciones bibliotecarias han variado a través de los siglos, pero en el decurso del tiempo la relación entre Estado y bibliotecas ha sido determinada por las diversas tareas sociales-políticas-económicas-ideológicas-culturales que realiza la institución hegemónica del poder político. Si la teoría liberal del Estado afirma que éste existe, acorde con Galindo (2003), para "realizar la prestación de servicios públicos", así como para "procurar la educación de la población del Estado", entonces el papel de los centros bibliotecarios son imprescindibles y de suma importancia dentro del conjunto de esos servicios y del proceso educativo que imparte y procura la superestructura política. Pero, ¿de qué manera el Estado despliega el poder político del que está dotado para llevar a cabo la función de servicios? Ajuicio también de Galindo, "a través de la denominada política social" con miras a lograr una «distribución más justa», "tal es el postulado de la hoy denominada justicia social [...] cuyo significado consiste en la aplicación a la distribución del viejo concepto de justicia distributiva", en la que es factible incluir "la prestación de determinados servicios" dirigidos a la ciudadanía, incluyendo entre ellos los de carácter bibliotecario y de información documental. Desde esta perspectiva, la base del acceso a la información, en el escenario de la democracia, es el reparto justo de bienes y servicios en las estructuras social y política del Estado.

Así, la justicia social en el plano de las bibliotecas la podemos interpretar, con el apoyo de Frankena (1965), como "el sistema de distribución y retribución, gobernado por principios éticos que tengan la necesaria validez". Principios o valores que podemos distinguir como ético-políticos, como los que a continuación se tratan y que orientan con claridad el discurso inherente a la teoría de la democracia en general y el discurso concerniente a la teoría de la biblioteca democrática en particular. Esto es, según Galato (2000), biblioteca "al alcance de todos" los grupos sociales; biblioteca orientada "para todos" como un "deber ser" con el objetivo de forjarla como un "agente de la democracia cultural".

En concordancia con lo expresado hasta aquí, el acceso democrático a la información en la práctica bibliotecaria es un reflejo no solamente de la política social que ejerce el Estado para beneficio del pueblo, sino también de la política cultural y, por supuesto, de la política democrática que se desarrolla en el entramado del Estado de democracia. De tal suerte que el principio-valor aludido es característico de la cultura política democrática, formulada para construir y mantener instituciones que ayuden a sostener una ciudadanía al corriente de la cosa pública. Es decir, el acceso democrático a la información en la esfera de las bibliotecas apunta a fortalecer el desarrollo de las comunidades de ciudadanos reflexivos, analíticos, críticos e informados para que así, mujeres y hombres, ayuden a potenciar la democracia como forma de vida, gobierno y Estado.

 

Los valores democráticos en la esfera bibliotecaria

Siguiendo el filamento del acceso democrático a la información en la esfera del quehacer bibliotecario, cabe decir que el pensamiento político ha equiparado y relacionado desde tiempos remotos la justicia con la libertad, la igualdad y la equidad; y en el siglo XX el discurso bibliotecológico comenzó a configurar a las bibliotecas como un bien social democrático. En consecuencia, como un bien público capaz de fomentar e impulsar la justicia social entre gobernantes y gobernados. Recordemos que los textos bibliotecológicos en forma de manifiestos y declaraciones -internacionales, regionales y nacionales- sostienen un claro espíritu democrático, basado en los valores libertarios, igualitarios y equitativos. En este sentido, podemos afirmar que el Manifiesto de la UNESCO para la Biblioteca Pública, el Manifiesto sobre Internet de la IFLA, la Declaración de Caracas sobre la Biblioteca Pública, la Declaración de Copenhague, el Manifiesto de la IFLA para la Biblioteca Escolar, el Manifiesto IFLA por la biblioteca multicultural y otros documentos similares, son fiel reflejo de la relación que existe entre servicios bibliotecarios y democracia, por un lado, y servicios bibliotecarios y justicia social, por el otro.

Vinculación apuntalada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuya base filosófica la podemos encontrar en el pensamiento de Aristóteles (2001), quien afirmaría que "la justicia es una virtud social" por excelencia; a lo que Kelsen (2000)11 aseveraría, basándose en Platón, "la justicia es la felicidad social, es la felicidad que el orden social garantiza". Desde esta óptica, la justicia social es la combinación prudente y racional de los principios de la libertad, la equidad y la igualdad, por lo que la justicia social bibliotecaria es el acoplamiento de estos valores que aseguran el libre, igualitario y equitativo acceso a la información documental organizada, con la finalidad superior de garantizar, en efecto, el acceso a la información suficiente en calidad y cantidad para todas las personas, sin tener en cuenta los diversos patrones sociológicos de dominación, pero considerando los factores de diferencia (clase social, género, edad, ideología, raza, ocupación, etcétera), característico de la diversidad cultural que vivimos.

De tal suerte que la justicia social, en relación con los servicios bibliotecarios y de información documental, depende positivamente de dos premisas: 1] de la libertad necesaria por parte de la ciudadanía que le permita, en plena equidad y de igualdad de oportunidades, el uso de los fondos bibliográficos organizados que ofrecen las diferentes categorías de bibliotecas, y 2] de la requerida igualdad de la distribución de servicios públicos bibliotecarios, con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar entre la población. Acorde con esta mirada, podemos inferir que un sistema nacional de servicios públicos bibliotecarios es más justo y más democrático que otro, sin ambigüedad alguna, si se hacen realidad, social y políticamente, estos dos criterios fundamentales.

Si la democracia moderna se ajusta al valor de la inclusión social, entonces esta forma de Estado debe ayudar a forjar el aprendizaje, el reconocimiento y la práctica de otros valores entre el pueblo, tales como la tolerancia, la pluralidad, la diversidad, la cooperación, la legalidad, la civilidad y el respeto, mismos que permitan, como aseveran Salazar y Woldenberg (2018), "reconocer derecho y obligaciones recíprocos" Desde esta óptica, las bibliotecas como espacios públicos, abiertos para todos los grupos sociales, pueden adquirir especial relevancia a la par de otros tipos de lugares que se precian de ser importantes modalidades para suministrar educación, información y recreación. Sitios de encuentro para ejercitar habilidades de maduración ciudadana en el contexto de una sociedad abiertamente democrática. Al respecto Uvalle (2006) se aproxima a esta perspectiva al escribir:

[... ] las bibliotecas, los parques, los museos, las salas de lectura, los sitios de recreación, las calles, la exposición de lo científico, lo literario y lo cultural, son lugares que tienen presencia de diversos públicos de la sociedad civil, que están interesados de intercambiar opiniones, dialogar entre sí y convivir de manera pacífica. El espacio público ha jugado y juega un papel clave en la construcción de la civilidad.

Así, los valores democráticos en el entorno de la práctica bibliotecaria adquieren una dimensión orientadora en cuanto a comportamientos colectivos (conductas comunitarias, hábitos democráticos y pautas republicanas), a través de los cuales es posible cultivar, moldear y refinar el pensamiento, la reflexión, la discusión y la argumentación. Motores intelectuales para generar opinión pública, vida pública y acción pública, es decir, para dar cauce a un proceso sistemático que vaya más allá de la tradicional participación ciudadana. Las bibliotecas así podrán ocupar un importante lugar entre la gama de servicios públicos respaldados por los impuestos de los contribuyentes, tales como los servicios de educación, salud, seguridad, protección y transporte, aunque el ejercicio tanto de la administración pública como de la gestión política de estos, como afirma McCook (2001), no es bien comprendido por la comunidad de usuarios. Podríamos aseverar que este déficit de entendimiento y percepción también se produce en gran parte de la comunidad bibliotecaria, a causa de la carencia o ausencia de un indispensable discernimiento sobre los esenciales valores democráticos que giran en torno al servicio público de biblioteca.

Cuando de principios y valores democráticos se trata en la esfera de la práctica bibliotecaria, a menudo se alude al funcionamiento de la biblioteca pública, esto es, aquella que se mantiene abierta para asistir a todos los grupos sociales que conforman la sociedad moderna. Raramente se hace alusión a otro tipo de biblioteca. Por esto es interesante recoger el punto de vista de Lage (2013) en el plano del acceso democrático a la información, pero en el ámbito bibliotecario escolar:

Una buena biblioteca escolar consolida el principio de la igualdad de oportunidades, puesto que todos los alumnos tienen el acceso libre a todos los fondos de manera igualitaria. Este aspecto tan prioritario y democrático es la base de otros principios no menos esenciales: si la biblioteca escolar es de todos, a todos compete la responsabilidad de respetar los materiales, o sea, educar en el respeto a lo ajeno, a lo público. Si el aula es el reino de la individualidad, la biblioteca es el reino de lo común y compartido. No hay que olvidar que, en este contexto, los alumnos o usuarios tienen la oportunidad de imbuirse de una serie de hábitos o normas que, sin duda, les servirán para su futura condición de ciudadanos responsables: el orden, el silencio [...], la participación, el respeto al prójimo y, cómo no, el desarrollo del sentido crítico, de la autoestima y de la libertad responsable.

Así, las instituciones bibliotecarias de corte escolar deben propiciar también la práctica, la proyección y el reconocimiento de los valores cívicos como una amalgama que evidencien principios de perfil democrático. En efecto, es en el marco de la biblioteca, al servicio de la educación básica, en donde es factible el suministro de los conocimientos necesarios para ayudar a formar a quienes habrán de asumir la responsabilidad ciudadana, con el objetivo rector de hacer funcionar más y mejor la democracia. Por esto, los conceptos de ciudadanía y democracia están estrechamente vinculados con los valores sociales y políticos característicos del trabajo bibliotecario. En este sentido, igualmente el personal bibliotecario escolar, sumándose al que labora en las bibliotecas públicas, puede desempeñar un papel valioso para ayudar a fomentar el compromiso cívico entre la niñez y la adolescencia, coadyuvando de esta manera en la formación de la futura ciudadanía activista, quien contraerá la misión central y la responsabilidad relevante de velar la justicia social como fundamento sustancial para perdurar, proteger y revitalizar la democracia. Es decir, ciudadanía fuertemente dedicada a la acción de la vida pública.

 

La práctica de la justicia social bibliotecaria

Tanto la idea de que las bibliotecas públicas están abiertas para quienes quieran hacer uso de ella, sin importar raza, color, credo, convicciones políticas, clase social, etcétera, como la concepción de que el objetivo máximo de la biblioteca pública es democratizar la información, Almeida (1997) pone en tela de juicio esto al afirmar categóricamente que los bibliotecarios comúnmente "damos información a quien ya tiene y negamos a quien no tiene", motivo por el que "aumentamos la brecha entre los que tienen y los que no tienen información", es decir, entre quienes dominan y son dominados, entre quienes saben leer y practican la lectura con frecuencia y entre los analfabetos en sus diversas categorías, a saber: los millones de iletrados, analfabetos funcionales, analfabetos en información, en tecnología, en política, en salud, etcétera. Desde esta arista, no solamente en manos del Estado está el reconocimiento y la práctica de la justicia social bibliotecaria, sino también de quienes directamente somos responsables de formar a las nuevas generaciones de bibliotecólogos con perspectiva de justicia social, así como de aquellos que tenemos la responsabilidad profesional de organizar y ofrecer servicios bibliotecarios justos, por ende, realmente al alcance de todos los grupos sociales y no preferente o únicamente para servir a comunidades privilegiadas de la sociedad.

Cuando pasemos a favorecer a la mayoría del pueblo, a los "carentes de información", entonces "es probable -dice Almeida (1997)- que la población comience a reconocer en el bibliotecario un profesional útil socialmente y a la biblioteca como una institución necesaria" para los menos privilegiados. Así pues, a pesar del avance sustancial del conocimiento bibliotecológico-administrativo que se ha logrado alcanzar alrededor del mundo y de la modernización de los centros bibliotecarios mediante la adopción de las tecnologías electrónicas, los resultados de esos recintos, en términos de acceso social a los mismos por parte de las clases populares, han sido evidentemente inconsistentes, máxime si se trata de sistemas bibliotecarios que operan en los países del hemisferio sur.

Esta situación exige que la formación de profesionales en bibliotecología se debe replantear también en términos de justicia social, a partir de la cual se haga comprender que las bibliotecas si bien son espejo de la división social del trabajo y, asimismo, reflejo de las desigualdades sociales de acceso al conocimiento e información, esos centros son instituciones cargadas de posibilidades para lograr una sociedad más justa, ya que participan, paralelamente con muchas otras instituciones o aparatos del Estado, de forma decisiva no sólo en la estructuración de las jerarquías sociales, sino también como factores para transitar hacia un orden social más justo.

De cara a esta problemática, Almeida (1989) pregunta "¿Cómo puede la biblioteca querer ser reconocida socialmente por la mayoría de la población si está actuando, ridículamente, apenas como mantenedora y reproductora de las relaciones sociales existentes?". Cierto es que Almeida circunscribe sus puntos de vista en el contexto de Brasil, sin embargo, lo que este colega afirma coincide con el ámbito que se vive en América Latina y otros países de escaso desarrollo cuyo régimen es de representación democrática.

La relevancia de la justicia social en la esfera de la práctica bibliotecaria, con perspectiva global, se reconoce cuando Morales, Knowles y Bourg (2014) aseveran: "La diversidad y la justicia social son asuntos críticos que la biblioteconomía puede y debe abordar"; por ende, "es esencial priorizar tanto la diversidad como la justicia social en la práctica y la teoría de la biblioteconomía". Así, se trata de una cuestión de comportamiento ético-político bibliotecario, basado en el conocimiento y el respeto por la diversidad cultural que caracteriza a las comunidades atendidas por las instituciones a cargo de los servicios bibliotecarios y de información a disposición de todos los grupos sociales. En este sentido Morales, Knowles y Bourg (2014) expresan una clara convicción: "Creemos que las bibliotecas pueden y deben desempeñar un papel clave en la promoción de la justicia social, y que el compromiso de diversificar nuestra profesión, nuestras colecciones y nuestros servicios es fundamental para el trabajo de justicia social en y para la biblioteconomía". En efecto, las bibliotecas como impulsoras del acceso democrático a la información, tanto como el personal bibliotecario puede y debe ser parte de la estructura cultural diestra en practicar la justicia con visión plural, intercultural y multicultural.

Las olas migratorias humanas que afectan a todo el mundo deben motivar, entre otras cosas, a la comunidad bibliotecaria internacional para gestionar servicios de biblioteca que ayuden a enfrentar los desafíos que implica el proceso de integración de todas aquellas personas que por diversas razones optan por la migración. Las bibliotecas, como instituciones democráticas, no pueden ni deben mantenerse indiferentes o actuar con indolencia ante la crisis migratoria masiva que observamos y vivimos. El concepto «servicios bibliotecarios para migrantes» se inserta en la categoría «servicios bibliotecarios multiculturales», pues según se lee en la obra de García (2009), los servicios de biblioteca dedicados para la población inmigrante en varios países están estrechamente relacionados con el desarrollo de importantes servicios bibliotecarios para comunidades multiculturales. Así, los aspectos sociológicos del multiculturalismo están asociados a las nociones de inmigración e inmigrantes, esto es, la entrada de personas a otra región o país.

 

Los servicios bibliotecarios para los carentes de información

Con base en lo anterior, la justicia social de las bibliotecas no es necesariamente lo mismo que la justicia social en las bibliotecas. La primera noción se refiere a la política bibliotecaria de justicia que el Estado democrático procura como parte de la política cultural y de la política de información y lectura pública que deben desempeñar los poderes públicos; la segunda trata del quehacer que lleva a cabo el personal bibliotecario, profesional y auxiliar, para crear un ámbito justo de servicios bibliotecarios para todos los miembros de la sociedad. Y en ambos planos, la idea básica es velar y proteger los intereses de los menos favorecidos. Así, la voluntad política de apoyar a las personas menos privilegiadas en materia de servicios bibliotecarios y de información se asocia a una parte importante del segundo principio de la teoría de la justicia de Rawls (2002), la cual recoge lo esencial cuando se trata de hablar de justicia social en el marco del concepto que adquiere principio y valor en las declaraciones de las políticas públicas del Estado de democracia.

La posición de los menos aventajados en el discurso bibliotecológico significa plantear los problemas que atañen a las bibliotecas desde la arista de las clases populares, de los pobres, oprimidos y explotados. Se trata, en concreto, de distinguir las cuestiones de género desde el ángulo de las mujeres; de plantear las relaciones raciales, de analizar con juicio crítico los movimientos migratorios, los problemas de los desempleados, de los indígenas, de los homosexuales, de los minusválidos, de los ancianos, de los niños en condición de calle, de los obreros, de los jóvenes banda y otras minorías sociales, pero desde la perspectiva social y política de servicios bibliotecarios destinados, en efecto, para los carentes de la información necesaria, es decir, para los diversos grupos sociales que poco o nada han sido favorecidos hasta hoy por los servicios públicos de biblioteca en el seno del Estado democrático liberal. Esto es, servicios bibliotecarios dirigidos, en concordancia con Meneses (2008b), para la diversidad de grupos en estado de vulnerabilidad social. En este sentido, como aseveran Pateman y Vincent (2010), cuando las bibliotecas públicas sitúan la justicia social en su núcleo de actividades, programas y proyectos, entonces en realidad su personal podrá desarrollar servicios adecuados, es decir, basados en las necesidades apremiantes de la comunidad a la que asiste.

Para formular y gestionar proyectos de servicios bibliotecarios destinados a los más necesitados, el personal bibliotecario en activo podría inspirarse en torno a lo que escriben Carneiro y Rocha (2016) en su libro cartonero intitulado Bibliotecas mudam o mundo [Las bibliotecas cambian el mundo]. Iniciativas de trabajo bibliotecario, según aseveran estos autores, "para el futuro y que generen impacto social positivo para el bien-estar de las personas"; servicios incluyentes "para que las bibliotecas sean más accesibles a los más diversos públicos"; servicios que permitan "facilitar el acceso a los libros y hacer las bibliotecas acogedoras y cautivantes"; "bibliotecas conscientes y que entienden su papel de lugares democráticos para promover la inclusión"; "bibliotecas resilientes", esto es, capaces de adaptarse positivamente a situaciones adversas. Ideas que se asocian con el punto de vista de Lummis (2002) en el escenario de la democracia radical, quien valora que el bienestar público puede encontrar expresión material en cosas como las bibliotecas, mismas que se fundan y desarrollan para enriquecer la vida de todos.

Una variante relevante son los servicios que algunas bibliotecas públicas de los Estados Unidos han estado realizando para favorecer a la población en materia de salud pública. Philbin, Parker, Hirsch y Flaherty (2019) informan que estas bibliotecas se han esforzado para promover el acceso a la atención médica mediante tres formas: la prestación de servicios médicos directos, el ofrecimiento de servicios de información sobre temas de salud y la disponibilidad de enlaces a servicios de esta naturaleza. Son bibliotecas que han venido realizando actividades que se extienden más allá de los servicios bibliotecarios tradicionales. Servicios con perspectiva médica que apuntan a mitigar las graves disparidades o inequidades sanitarias que imperan en ese país, principalmente en los vecindarios donde habitan los más pobres. Por tal motivo, resulta necesario garantizar el principio de la igualdad de acceso a las bibliotecas, pero como un objetivo adicional en materia de salud pública.

Así, a pesar que ciertas bibliotecas públicas han estado mostrando un gran potencial en torno a los determinantes sociales de la salud, estas instituciones aún distan mucho de ser protagonistas en relación con la mejora de la salud de la población. La construcción de una pertinente cultura de salud, mediante la ayuda intensiva del servicio de biblioteca pública entre las poblaciones vulnerables, es cuestión de la relación que existe entre bibliotecas y justicia social. Morgan et al. (2016) escriben cómo el personal del sistema de bibliotecas de la ciudad de Philadelfia ha estado, en coordinación con la Universidad de Pennsylvania, llevando a cabo la Iniciativa de Biblioteca Saludable (Healthy Library Initiative), serie de programas dirigidos a: personas sin hogar, personas adictas a sustancias, inmigrantes recientes, niños y familias con traumas, entre otros miembros necesitados de ayuda, por estar en situaciones de marginación y riesgo. Desde esta perspectiva, esas bibliotecas dirigidas a todos los grupos sociales se han evidenciado como instituciones dinámicas, receptivas, solidarias e incluyentes en el escenario de una línea de vida que apoya a los más vulnerables, por lo que sus servicios están en una circunstancia de gran brío para aquellos que carecen de oportunidades en cuanto a salud pública se refiere. Desde esta perspectiva, como sostienen Pateman y Vincent (2010) "sin justicia social en su esencia, el servicio de biblioteca pública podría terminar significando ¡nada para nadie!". Por esto es necesario situar el tema de la justicia social en el horizonte de las actividades que realiza y de las funciones que desempeña esta institución bibliotecaria en el Estado democrático.

Pensar en torno a la relación que existe entre bibliotecas, democracia y justicia social implica entender, por ejemplo, el compromiso político de las bibliotecas públicas con los carentes de información; comprende acercarse a la naturaleza política que estas instituciones sociales reflejan ante la diversidad de comunidades vulnerables. Más aún, entraña reflexionar tanto la praxis política del bibliotecario público como el concepto de «bibliotecario político» como expresión correlativa de quien atiende las bibliotecas abiertas para todos los grupos sociales. Véase al respecto el discurso reciente de Meneses (2019).

 

Las bibliotecas en el Estado democrático de derecho

Si la justicia es igualdad de derechos, la justicia social es igualdad de derechos sociales. En esta contextura, las bibliotecas adquieren la categoría de instituciones que colaboran directa o indirectamente en el cumplimento de las expectativas sociales correspondientes a las tareas (subsistencia, empleo, vivienda, educación, salud, seguridad y otras) que lleva a cabo el Estado democrático de derecho. Actividades o funciones estatales que son insertadas y reconocidas por las Constituciones como derechos fundamentales. Así, las bibliotecas, desde las públicas hasta las especializadas, son sistemas documentales coadyuvantes para que el Estado pueda cumplir los derechos sociales, bien o medianamente satisfechos, mediante algunas prestaciones positivas: derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la información y derechos colindantes o afines. En este sentido, los centros bibliotecarios son un factor importante en la esfera de las prestaciones públicas de naturaleza social y asistencial, puesto que ellos abastecen de información general o especializada a los diversos aparatos del Estado. Tomemos como ejemplo los derechos a la salud, a la educación y a la información para explicar grosso modo la articulación entre justicia social, derechos sociales y bibliotecas.

Si la salud es una condición capital de justicia social para el ejercicio ciudadano sano -físico y mental- de la población, entonces los servicios de las bibliotecas médicas están asociados al derecho a la salud que tienen las mujeres y los hombres como posibles usuarios de hospitales públicos, así como al derecho de acceso a la información médica que el Estado debe garantizarle al personal médico y a los pacientes, y esto se amolda a la idea constitucional y, por ende, al derecho ciudadano: «Toda persona tiene derecho a la protección de la salud». En relación con este derecho, cobran especial relevancia las instituciones bibliotecarias médicas y hospitalarias al formar parte, estos recintos documentales, de la política nacional de salud. Los bibliotecarios de ciencias de la salud también tienen, como infieren Barr-Walter y Sharifi (2019), el compromiso de promocionar la justicia social aplicando principios de biblioteconomía crítica. Más aún, las bibliotecas públicas también pueden contribuir, a nivel comunitario, a mejorar y fomentar la salud de la población. En este sentido, es tiempo que los profesionales de la salud pública reconozcan el potencial de estas bibliotecas en el marco del sistema de salud, tal como lo demuestran Morgan et al. (2016), así como Philbin, Parker, Hirsch y Flaherty (2019) en el contexto estadounidense. Desde esta arista, es necesario, como infieren Luo y Park (2013), pensar en la necesidad de preparar a los bibliotecarios públicos para gestionar el servicio de información en salud, dirigido principalmente a comunidades de usuarios que enfrentan inequidades sanitarias.

Sobre el mismo tenor, si la educación es un factor importante para la formación de las diversas clases sociales y para que éstas logren ejercer otros derechos, incluyendo el derecho humano a la información, entonces los centros bibliotecarios escolares y académicos se ajustan a lo expresado constitucionalmente: «Todo individuo tiene derecho a recibir educación». Y tanto para el caso del sector salud como el de educación, subyace el mandato constitucional: «el derecho a la información será garantizada por el Estado», concepto de derecho social en el que la biblioteca pública encuentra uno de los cimientos políticos sobre los que se finca su razón de existir como sistema de información al servicio de la ciudadanía. Esta dimensión constitucional, del Estado democrático de derecho, se vincula tanto con el momento teórico de la justicia social de las bibliotecas como con el de la justicia social en las bibliotecas que hemos acotado anteriormente. El reconocimiento de esta serie de nexos entre bibliotecas y justicia social debe ser contemplada por los gobernantes y gobernados, incluyendo entre ellos, de manera muy especial, a los profesionales de la bibliotecología, quienes pueden estar ubicados en esos dos grandes grupos sociales, toda vez que los recintos documentales que nos ocupan representan recursos de información que pueden permitir a menores, jóvenes y adultos, marginados socialmente, salir del analfabetismo en sus diversas variantes y, así, cooperar, en la medida de sus posibilidades, en las diferentes actividades que son necesarias para el bienestar de sí mismos y de sus comunidades.

Acorde con lo anterior, el Estado democrático tiene la responsabilidad de proveer de los recursos bibliotecarios necesarios para posibilitar documentalmente que los derechos sociales del pueblo sean ejercidos en plenitud. Es un imperativo, entonces, sensibilizar a la sociedad en general y a los bibliotecarios en particular sobre la importancia que tiene la tarea, por parte del Estado, de ofrecer servicios públicos de biblioteca y de biblioteca pública desde una perspectiva de justicia social. Esto con la intención de apoyar el pleno ejercicio ciudadano, y por ende ayudar en la construcción, como infiere Meneses (2008), de una ciudadanía activa, elemento esencial de una democracia de alta intensidad. Democracia deseable para lograr establecer una relación dialéctica con la justicia social en un plano de formación ético-política, como infiere Yurén (2013). Es decir, en donde hombres y mujeres sean reconocidos y se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos y obligaciones, esto es, con la capacidad para exigir el respeto de sus derechos y, asimismo, reconocer sus deberes respecto a las leyes que los tutelan en el marco del Estado democrático de Derecho. Esto infiere una problemática de responsabilidad de justicia social que deben practicar tanto los funcionarios que ejercen el poder público como los profesionales que ejercen la profesión de la bibliotecología, toda vez que la esfera de la justicia de igualdad, equidad y libertad de acceso social a la información documental que desarrollan, organizan y ponen en circulación las bibliotecas, es la dimensión adecuada para vincular a estas instituciones, según Meneses (2017), con los derechos humanos determinantes que ayudan a mantener individuos bien informados sobre los problemas que les atañe, tanto en materia de derechos como de responsabilidades a compartir en un contexto democrático-dialéctico, esto es, donde se entrelaza el pensamiento con la acción en un entorno relacionado con los asuntos públicos.

 

El servicio de biblioteca con perspectiva de justicia social

En este orden de ideas, Henderson (1988) afirma que "la meta de las bibliotecas públicas es impulsar ciudadanos informados", por lo que, a su juicio de esta autora, "las tradiciones del acceso público libre e igual a la información son los fundamentos culturales de nuestra profesión". Así, desde el ángulo del nexo entre biblioteca pública y justicia social, Henderson hace alusión al concepto «information justice» que Reinecke (1987) incluyó en un documento presentado en la Library Association of Australian Darwin Conference (4 July 1986). En esta tesitura, la expresión «information justice» de Reineke se vincula con el concepto «information equity» de McCook; y ambas nociones apuntan a comprender y cultivar un espíritu de servicio bibliotecario con perspectiva de justicia social, y a la idea que las bibliotecas deben considerarse como instrumentos para el cambio social positivo, de tal suerte que, como asienta también Henderson, "un bibliotecario debe ser receptivo a las preocupaciones sociales de la comunidad" en materia de suministro de información documental.

Los servicios bibliotecarios en el marco de la protección estatal democrática de los derechos sociales son, en efecto, una condición para el adecuado desarrollo y pleno ejercicio de esos derechos conferidos a los ciudadanos como personas libres e iguales. Por esto, las bibliotecas son partes o medios institucionales esenciales para asegurar la satisfacción de las necesidades sociales básicas de información documental que presenta la población de un Estado moderno. Quizá, en esto estriba la importancia de pensar en una concepción de justicia social bibliotecaria en sintonía con esas necesidades que presenta la ciudadanía como reflejo de sus derechos y deberes en la esfera de la estructura estatal democrática moderna.

Dicho de otro modo, como la práctica de los derechos y las obligaciones de la ciudadanía requiere servicios de biblioteca y documentación, el Estado tiene la obligación de posibilitar y brindar esta clase de servicios a todo el conglomerado humano que lo habita, en este sentido, como señalan Kweitel y Ceriani (2003) respecto al derecho a la educación, "la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer". En este cuadrante, el principio de la obligatoriedad está relacionado con el principio de la gratuidad en el plano del nexo que existe entre bibliotecas y justicia social porque el deber y el derecho que tiene la población de educarse y la obligación del gobierno de garantizarle a ella educación básica gratuita, sugieren que no deben existir barreras económicas que impidan que todos los niños, sin tener en cuenta la clase social de la que provienen, cursen la enseñanza elemental necesaria que los prepare para su comportamiento positivo como futuros ciudadanos. En torno de esta idea, los servicios de biblioteca, en este caso los que brinden las escuelas públicas, deben ser gratuitos porque están relacionados con el espíritu democrático de la enseñanza obligatoria a cargo del Estado.

Si los servicios bibliotecarios y de información han adquirido en la «era del conocimiento o de la información» mayor importancia como bien público, entonces parece evidente que las instituciones bibliotecarias, como bienes materiales comunes, son de particular importancia en el Estado de democracia, porque ellas pueden ayudar a comprender la concepción democrática de justicia social desde la arista del bien común o colectivo que apunta hacia la libertad, la igualdad y la equidad que los individuos necesitan para mejorar el nivel de conocimiento e información, y, por ende, la capacidad de obrar acorde con sus propias formas de pensamiento sobre lo que es la buena vida, la sociedad útil, el buen gobierno y el respeto de los derechos básicos de mujeres y hombres, de mayorías y minorías.

Si en el Estado democrático es fundamental el derecho a recibir educación pública y gratuita, en esta misma formación estatal el derecho de la población a contar con servicios de biblioteca pública y gratuita es también asunto de justicia social toda vez que, como dice Gewirth (1965), "el gobierno democrático está comprometido activamente con la ciudadanía inteligente y bien informada". A estas alturas de nuestro discurso, resulta difícil pensar que en este tipo de estructura estatal (el Estado de democracia) pueda prescindir de los diversos sistemas de bibliotecas que se necesitan para adquirir, como expresa Dahl (1998) en su obra On democracy, una «compresión ilustrada» de todo lo que implican las acciones y políticas de las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Desde esta óptica, el derecho de recibir servicios públicos de biblioteca es un derecho social intrínseco y un medio necesario para percibir y lograr otros derechos humanos, pues la disponibilidad y el uso asiduo de esas instituciones documentales son mecanismos que puede y debe permitir a niños, jóvenes, adultos y ancianos, marginados social y económicamente, a salir de la pobreza material e intelectual que amenaza, sin parangón, incrementarse entre las clases subalternas en el Estado democrático neoliberal. En este sentido, concordamos con el punto de vista de Morales, Knowles, Bourg (2014): "Creemos que las bibliotecas son especialmente adecuadas para modelar una profesión más equitativa y proporcionar servicios y recursos que respalden, alienten, documenten y sostengan los esfuerzos de justicia social en nuestras comunidades y ayuden a contribuir en la transformación de la sociedad". Es decir, la biblioteconomía, como quehacer profesional de la bibliotecología, puede y debe colaborar en el proceso que implica cambio social. Idea que coincide con la reciente Declaración de los Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe (22 de mayo de 2019, Buenos Aires, Argentina), al reconocer a las bibliotecas como «motores de cambio». En relación con el tema que nos ocupa, concretamente se manifiesta en este documento, disponible en Internet:

Respaldamos particularmente la capacidad de las bibliotecas, como motores de cambio, para llegar a todos los miembros de la sociedad, brindando a todos ellos la oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales y de aprender y comprometerse en la vida cívica y democrática y brindar acceso al contenido local.

De modo que si estas instituciones pueden funcionar como "motores de cambio"; si estos espacios de lectura pública tienen el poder de "cambiar al mundo", entonces las bibliotecas tienden en la práctica a modificar la vida de las personas. Es en este sentido como el personal bibliotecario ha figurado en ciertos movimientos sociales como verdadero agente de cambio social.

La perspectiva de justicia social, en la esfera de la biblioteca como institución social de servicio, plantea el acceso libre a los libros, las revistas y los periódicos, ya sean impresos o digitales. En este sentido, como expresan Sáed y Polimeni (1995) para el caso de la biblioteca escolar, "la preocupación por la lectura aspiramos a que vaya siendo resuelta con criterio democrático de posibilidad de acceso para todos, no sólo para intelectuales". Percepción ajustable al acceso democrático a la información en el escenario de la práctica bibliotecaria, por ende, compaginable con todos los tipos de bibliotecas.

 

Conclusiones

En concordancia con lo expuesto, se concluye que la población carente de servicios públicos de lectura y consulta de información difícilmente puede emanciparse porque el conocimiento asociado a la obtención de trabajo bien remunerado está fuera del alcance de todos aquellos que han sido privados de documentos organizados (libros, revistas, periódicos y otros) a lo largo de su vida. Así, destacar las instituciones bibliotecarias como factores esenciales en el marco de la justicia social, es una posibilidad importante para que el profesional de la bibliotecología latinoamericana continúe articulando la relevancia e influencia de esos recintos culturales con el Estado de democracia en general y con la justicia social en particular.

Hoy la responsabilidad política del gremio bibliotecario latinoamericano, y de otras latitudes, es razonar y practicar proyectos de servicios de biblioteca con perspectivas de desarrollo democrático, con planes de cambio social. Hoy la responsabilidad social, por parte de este sector cultural profesional, exige compromisos adheridos a proyectos en los que impere la justicia social. Ambas responsabilidades requieren pensamiento teórico y tarea socio-política. Así, pensar la razón democrática de los servicios bibliotecarios y de información es hacer patente el deber teórico y práctico que todo bibliotecólogo social tiene que considerar en su desempeño intelectual en el marco de la sociedad histórico-política que vive. De tal suerte que la reflexión crítica, en esta contextura de ideas, debe sostener una noción de democracia donde el contenido real siga siendo la búsqueda y el logro de la justicia social.

Configurar nuevos esquemas de pensamiento y acción en el campo de la bibliotecología y/o biblioteconomía infiere superar algunas estructuras mentales conservadoras y carentes de rigor que imperan en algunos sectores de la enseñanza e investigación bibliotecológicas y en ciertos espacios de trabajo bibliotecario. Esto con la finalidad de crear nuevas vertientes de estudio y análisis, de discusión y debate, las cuales permitan mostrar la utilidad del pensamiento crítico y el comportamiento comprometido entre quienes desarrollan y ejercen esa disciplina y profesión. El pensamiento bibliotecológico que mantiene la pretensión de teorizar la función del quehacer bibliotecario al margen de la crítica concerniente a la razón en el entorno de la relación que existe entre «bibliotecas y democracia» está, sin duda, abismado en visiones teoréticas despolitizadas y, por ende, aislado de la realidad social. Si en el siglo que transcurre las bibliotecas, en general, y las bibliotecas públicas, en particular, son instituciones que continúan simbolizando la democracia, entonces la bibliotecología social es la responsable de tener en cuenta las diferentes determinaciones sociales que explican, orientan y confieren el desarrollo de los diversos grupos ciudadanos que tienen el derecho, por ejemplo, a consultar fuentes alternativas de información.

Generar un orden político de libertad, igualdad, justicia y equidad, es decir, un orden político de cultura democrática para todos, implica hacer que funcionen los bienes colectivos con la mira de favorecer el bienestar social, como las instituciones documentales de servicio público, entre ellas las de carácter bibliotecario. Corresponde así a la bibliotecología política la responsabilidad de reflexionar el desarrollo bibliotecario democrático como una propuesta radical para construir ciudadanía política, esto es, una ciudadanía

políticamente informada. Para tal efecto, es indispensable garantizar democráticamente el disfrute de esos bienes de propiedad pública, de beneficio público y de bienestar público. En razón de esto, el funcionamiento de las bibliotecas como instituciones de bien común puede ser, en los cuadrantes de la democracia radical, tanto una formulación teórica como un proyecto práctico de justicia social. Se trata de un paradigma de servicio de biblioteca con tradición histórica abierto al pensamiento y acción como alternativa de cambio social. El potencial social y político de las instituciones bibliotecarias debe no solamente teorizarse, sino también practicarse en la esfera del Estado democrático de derecho.

 

Notas

* Licenciado en Bibliotecología, maestro en Bibliotecología y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Profesor en el Colegio de Bibliotecología y en la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información y Coordinador de la Biblioteca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Fundador del Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social (2000-2008). Responsable del Correo BiblioPolítico difundido en varias listas de discusión (2000-2010). Creó y administra la página «Ateneo de Bibliotecología Social y Política» en Facebook. fmeneses001@yahoo.com.mx

 

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Recepción: 18 de septiembre de 2019

Aprobación: 20 de noviembre de 2019

Publicación: Abril 2020