PÁGINAS DEL EDITOR

 

MASACRE DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1942

 

 

---

En la década del 40 la situación general del país era tan dramática que los míseros ingresos que percibía de la renta minera eran absolutamente insuficientes para cubrir las mínimas necesidades. El gobierno estaba dominado por un puñado de industriales que se enriquecían a costa del sacrificio de los mineros del estaño.

Un informe de 1943, revela que el analfabetismo superaba el 75% de la población y sólo una sexta parte de los niños en edad escolar concurrían a la escuela. A pesar que la Constitución Política del Estado de 1938 garantizaba la libertad de asociación y las leyes sociales protegían a los sindicatos, los dirigentes eran perseguidos son saña. Imperaba la reserva y suspicaz actitud de las autoridades, supeditadas estas al control económico de las empresas y finalmente la radical hostilidad de los empleadores impedían el fortalecimiento de los sindicatos. Los salarios de los obreros eran insuficientes para cubrir el costo de vida, siendo inferiores a los que prevalecían antes de la guerra del Chaco. Vano fue el intento de Busch, que promulgó el Código Social que señalaba la potestad del Ministro de Trabajo para regular el salario “según los ramos y zonas del país”. Esa situación llevó a los mineros a trabajar hasta 12 horas por día, siete días a la semana, en detrimento de su salud, atraídos por el sobretiempo que vulneraba el límite de 8 horas laborales fijado por la Ley de 8 de diciembre de 1942. Los trabajadores mineros no gozaban de un servicio de seguridad social amplio, a pesar de la obligatoriedad señalada en el Art. 121 de la CPE y del Código Busch, hecho que incidía en la bajísima expectativa de vida que frisaba los 35 años en el sector minero, que provocó la existencia de numerosas viudas jóvenes que afanosamente buscaban un nuevo concubino para sostener a su numerosa prole. Los mineros estaban bajo el sistema de indeminización de 1924 y aportaban al sistema de ahorro obrero obligatorio de 1939, pero carecían de derecho a jubilación, menos aun un seguro de enfermedad profesional y maternidad para sus esposas. El tema de la vivienda minera era sencillamente aterrador:  “a menudo dos familias deben convivir apiñadas en una sola casa, la mayoría sin ventanas, cocina, patios o solares”. Habitaciones de 2 por 3 metros “con una vieja arpillera a manera de puerta y un techo agujereado hecho de retazos de hojalata”.

El autor de este informe era Martin C. Kyne, miembro del Comisión Mixta para evaluar la situación de las minas de Bolivia, constituida por el gobierno de Bolivia y EE.UU, a raíz de la masacre de Catavi el 21 de diciembre de 1942.

El gobierno de Bolivia suscribió un acuerdo con Estados Unidos para garantizar la provisión de estaño y minerales estratégicos para la contienda bélica que libraba ese país contra Alemania y Japón. El Gral. Enrique Peñarada garantizó la exportación de minerales, a precios irrisorios, a cincuenta centavos de dólares. Paradójicamente el Estado boliviano compraba el estaño a precios internacionales a los Barones del Estaño (Mauricio Hochschil, Carlos V. Aramayo y Simón I. Patiño) y lo vendía a su ‘aliado’ a precios de gallina muerta. El Imperio impuso los precios y prometió al presidente militar que, a cambio de ese sacrificio, Bolivia sería invitada a la mesa de los Aliados a celebrar el triunfo, al término de la guerra.

Lo único que sucedió al término del conflicto internacional es la actitud perversa de ese país, que merced al acuerdo que garantizó el envío de la producción estañífera a los EE.UU., empezó a formar un stokc pile (buffer stock), es decir, reservas estratégicas, para afrontar situaciones de crisis.

La subvención boliviana al precio del estaño, provocó una espiral inflacionaria que devaluó el poder adquisitivo de los salarios, al que se sumó la disminución de artículos de pulpería en las minas de los tres Barones del estaño. El distrito más castigado, por ser el más numeroso, era el de Catavi, gobernado por la empresa de Patiño. La situación se tornó insostenible provocando la movilización del más formidable sindicato minero que declaró el estado de emergencia. El pliego petitorio que exigía el 60% de aumento salarial fue respondido con el 10% por la empresa. La situación se tornó conflictiva y el sindicato declaró la huelga general, movilizando a una inmensa masa humana de 6000 trabajadores, engrosada por sus esposas e hijos. Rápidamente se formó una comisión negociadora con representantes del gobierno, de la empresa y de los trabajadores. La empresa optó, como medida de presión, la clausura de las pulperías, único medio de aprovisionamiento de las amas de casa, dejando sin alimentos a las familias mineras. La actitud de la empresa desendanó una marcha de protesta que enrumbó hacia la gerencia de Catavi, cuartel general de la empresa, con la intención de forzar la inmediata reapertura de las pulperías. La masa humana vanrguardizada por un grupo de mujeres, entre ellas una mujer anciana, María Barzola, seguida de una ex obrera de la sección Azul, una trabajadora del distrito minero de Ánimas y la esposa de un trabajador de Catavi, llegó hasta las pampas de Catavi, para descolgarse desde allá hacia Catavi. La empresa había solicitado autorización para reprimir la marcha minera y autorizó al destacamento militar fuertemente armado, detener a los manifestantes.

La tropa ordenó detener la marcha, que siguió impávida hacia su destino. El oficial ordenó a la tropa disparar a mansalva. 19 bajas fueron contabilizadas –según el parte oficial de la empresa– pero la historia oral señala que fueron muchos más y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Cayeron ante la ráfaga asesina muchos mineros y las valientes y temerarias mujeres.

El campo donde cayeron fue bautizado con el nombre de María Barzola y en ella se erigió un memorial, recordando la masacre. Tres inmensas cruces señalaban el lugar de la masacre sangrienta. Los muertos no contabilizados, fueron sepultados en la oscuridad de la noche, en una fosa común del cementerio de Llallagua, que se encuentra aledaño al campo de María Barzola. Gente piadosa, como es la familia minera, recuperó el cadaver de María Barzola y la sepultó en una sección alejada del camposanto. Desde entonces, una romería visitaba su tumba. Hoy yace olvidada y abandonada.

La masacre sangrienta erosionó la credibilidad del gobierno. Urgentemente se formó una comisión mixta boliviano-norteamericana, en enero de 1943, para estudiar la situación de las minas y aplacar la agitación social del campamento minero. Fue muy tarde, el 20 de diciembre de 1943, el General Enrique Peñaranda fue derrocado y el joven militar Gualberto Villarroel gobernó con el MNR, enfrentando el poder de la rosca minera. Los mineros fundaron la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia el 11 de junio de 1944 en el heroico distrito de Siglo XX. La Rosca reaccionó con virulencia, oganizando una revuelta que culminó con el asesinato del militar patriota, el 21 de julio de 1946, cuyo inerte cuerpo fue vejado y mancillado. Pese a ese revez, los mineros guiaron al país hacia la recuperación de sus riquezas mineras, aprobando la revolucionaria Tesis de Pulacayo, el 8 de noviembre de 1946, que instruía a las bases mineras la toma de las minas. El asesinato del presidente mártir fue el último estertor de la rosa minera que sucumbió ante la revolución social de abril de 1952, apoyada por mineros y fabriles, que forzaron el decreto de la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Los mineros revolucionarios impusieron el control obrero con derecho a veto, logrando imponer el poder dual en la conducción del Estado. La centralidad minera fue determinante en los 12 años de régimen nacionalista.

A la postre, EE.UU. de manera vil, sujetó económica y políticamente el proceso revolucionario boliviano, controlando los precios internacionales usando para ello el Stock Pile. Con esa estrategia mercantil, usando el mismo estaño que obsequió Bolivia, provocó la caída del régimen nacionalista el 4 de noviembre de 1964.

Luis Oporto Ordóñez