HOMENAJE

 

La Biblioteca del Congreso en su primer centenario

 

The library of Congress in its first Centenary

 

 

Luis Oporto Ordóñez*

*Historiador, Archivista; Docente Universitario y Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional

 

 

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Resumen 

Semblanza de la Biblioteca del Congreso Nacional (actual Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional), que fue creada en 1911 por el senador Moisés Ascarrunz Peláez, con una formidable colección de obras modernas en su época, representativas del liberalismo imperante en el mundo. Expone en su desarrollo el alcance y desarrollo de sus colecciones más importantes, así como el servicio social que presta con lo que denomina el autor “la memoria social” que se conforma con las obras bibliográficas y los documentos de archivo. Estas fuentes son de valor e importancia para todos los sectores a los que facilita su información: la administración del Estado, la sociedad civil y los investigadores.

Palabras clave

<Biblioteca del Congreso de Bolivia> <Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa> Plurinacional> <Moisés Ascarrunz Peláez> <Memoria social, servicios de información>

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ABSTRACT

Sketch of the library of the National Congress (current library and historical archive of the Plurinational Legislative Assembly), which was created in 1911 by Senator Moises Ascarruz Peláez, a formidable collection of modern works in his time, representative of the prevailing liberalism worldwide. The scope and development of their most important collections, as well as the social service provided with what is called the author "social memory" which conforms to the bibliographical works and archive documents set out in its development. These sources are of value and importance for all sectors that facilitates your information: the administration of the State, civil society and researchers. 

Keywords

<Library of Congress of Bolivia> <Library and Historical Archives of the Plurinational Legislative Assembly> <Moises Ascarrunz Peláez> <Social memory> <Information services>

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El fin del siglo XIX en Bolivia se caracterizó por el inicio del régimen liberal que había desplazado del poder al último gobierno conservador, radicado en Sucre. El ascenso liberal, que se había ido postergando desde el fin mismo de la Guerra del Pacífico, agotó los medios democráticos para acceder al gobierno. Pesó más el poder económico de los Patriarcas de la Plata que sistemáticamente rotaban por Palacio de Gobierno, coaccionando el voto (por entonces reservado a una élite ciudadana) lo que determinó postergar sistemáticamente las aspiraciones liberales.

Coincidentemente, se iniciaba la Era del Estaño, tanto por haberse depreciado la plata como por el agotamiento notable de los yacimientos de este metal. El estaño había cambiando el eje político-económico del país, por una parte provocó el traslado del núcleo político-administrativo a occidente, por otra parte determinó el epicentro del polo de desarrollo económico y social en la ciudad de La Paz. La crisis fue dirimida por medio de una cruenta guerra civil, que tuvo como corolario el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz, dejando al margen a Sucre, que había intentado inútilmente fijar a la antigua capital como residencia oficial del Poder Ejecutivo.

De esa manera, la otrora itinerante sede del Poder Ejecutivo, se radicó en la pujante ciudad de La Paz de forma oficial. Sin embargo, aquel hecho arrastra como consecuencia, la necesidad de trasladar la sede del Poder Legislativo a la nueva capital política, pues el Ejecutivo sólo puede gobernar si tiene a su lado a la Asamblea. La relación es íntima, casi simbiótica pues el ejercicio real de gobierno sólo podía concebirse con la interacción de ambos poderes.

Una consecuencia inesperada de este hecho político se expresa en la suerte de la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, éste último creado hace pocos años por ley de la república de 18 de octubre de 1883, que quedaron en Sucre. Nadie reparó en la importancia de estas instituciones para la gestión de gobierno. Sólo más tarde se percatarán de su importancia.

 

Creación de la Biblioteca del Congreso 

En 1900 no existía en la ciudad de La Paz una biblioteca que atendiera las necesidades de información de los legisladores. Por otro lado, las escasas bibliotecas existentes no se daban abasto para atender adecuadamente las necesidades de la población. En esa época la biblioteca era un lujo que apenas podía costear el Estado. El Congreso Nacional tuvo serias dificultades para documentar su acción legislativa, pues no contaba con una biblioteca que le proporcionara información esencial, tanto en doctrina como jurisprudencia y legislación comparada. La toma de decisiones se tornaba cada vez más complicada. Recién percibieron la importancia de una biblioteca.

El Senador Moisés Ascarrunz observó que el Congreso Nacional carecía de una biblioteca moderna para documentar su acción legislativa y proporcionarle información esencial, en doctrina, jurisprudencia y legislación comparada. Ante esta situación, en 1911 presentó un proyecto para organizar “una biblioteca legislativa destinada exclusivamente al servicio del Congreso Nacional”, para salvar aquella situación crítica, logrando que el Senado sancione una resolución votando la suma de Bs. 15.000 para dicho propósito. Fue asesorado en esa labor por el bibliotecario municipal Justo G. Varela. En corto tiempo logró reunir una colección actualizada de 5.000 obras y mandó fabricar una elegante estantería en madera fina en los Estados Unidos de Norteamérica.

Luego de intensa gestión ante ministros de Estado, el cuerpo Diplomático, intelectuales y particulares que quisieran aportar para tan noble proyecto, el 14 de septiembre de 1912, el Senador Ascarrunz informó orgulloso de su exitoso trabajo al Senado Nacional, en la solemne inauguración de la Biblioteca del Congreso.

En su histórica misión, Ascarrunz recibió el apoyo de la crema y nata de la clase política e intelectual de esa época pletórica de liberalismo: Macario Pinilla (Presidente del Senado), Juan Misael Saracho (segundo Vicepresidente del Senado), Aníbal Capriles (Ministro de Gobierno); los Embajadores en varios países, como Ismael Montes (ex presidente de la República, a la sazón Embajador y Ministro Plenipotenciario en Gran Bretaña), Ignacio Calderón (Ministro Plenipotenciario en Estados Unidos de América), Ricardo Mujía (Legación de Bolivia en Paraguay), Casto Rojas (Encargado de Negocios en el Perú), Eduardo Diez de Medina (Legación de Bolivia en Chile), Leopoldo Castellano (Consulado de Bolivia en Guatemala) y Edgard Bujrj (Consulado General de Bolivia en Dinamarca); Manuel Ordóñez López (Oficial mayor del Senado) y Justo G. Varela (Bibliotecario Municipal), que seleccionó un importante lote de libros.

El ex presidente Ismael Montes, no dudó en viajar personalmente a Madrid para adquirir 52 obras de lo más actualizado disponible en librerías de España, sobre todo literatura positivista propia de la época liberal, de autores como Derecho Constitucional (Sansonetti), Bases Sociológicas del Derecho y el Estado (Vaccaro), Sociología (Giddings; Gumplowicz; y Rossi), La Revolución Francesa (Carlyle), Derecho Civil (D’aguanno), Economía (Buylla), Medicina Legal (Lombroso), Gobierno Congresal (Wilson), Derecho Administrativo (Goodnow), Sentido Económico de la Historia (Rogers), Historia de la Economía Política (Ingram), Así hablaba Zaratrusta (Nietzche), La Explotación de las Riquezas (Scheel), La Educación (Bunge), etc.

La élite intelectual se sumó a la proeza donando importantes obras. Merecen citarse las de Aníbal Capriles (La Justicia, de Spencer), Benedicto Goytia (Historia Universal, de Cantú en 11 tomos), Tomás O’Connor D’Arlach (Código Civil, de Escovela, 22 tomos), Nicolás Suárez, el magnate del Caucho (Antropología Social, de Marfol; Tratados de Política, de Azcárate; y La Policía, de Gámbara), Simón I. Patiño, el Rey del Estaño (Código Civil Español; y Enjuiciamiento, ambos de Manresa), Juan Muñoz Reyes (Biblioteca Internacional de Obras Famosas, 22 tomos), Casto Rojas (La Revista de Hacienda; La Moneda de Oro en Bolivia y su Cuestiones Económicas y Financieras), Pedro Antonio Blanco (Diccionario Geográfico de Oruro, Diccionario Geográfico de Cochabamba, y la Monografía de la Industria Minera en Bolivia, tan útiles ayer y hoy), Juan Misael Saracho (Jurisprudencia Administrativa; y Derecho Civil, de Dato), Claudio Pinilla (Derecho Internacional, de López Sánchez), Manuel Vicente Ballivián (Historia del Uruguay, de Bollo; Diccionario de la Política, de Block; Archivo Boliviano, de su autoría; y obras en inglés), Ismael Vásquez (Traité des Chemins du Fer, de Carpentier, esenciales en aquella época), Manuel B. Mariaca (Diccionario Salvat, 9 tomos); en fin, la lista es extensa.

Por su parte, el Senado Nacional mandó comprar la Historia Universal (G. Onken, 16 tomos), Historia del Consulado y el Imperio (A. Thiers, 15 tomos), Memorias del Gral. O’Leary (26 tomos), La Creación-Historia Natural (Brehem, 9 tomos), y varios tratados de geografía. Magníficas obras, todas encuadernadas en pasta dura. Claro, cualquier gasto era insignificante, pues se trataba de la Biblioteca del Congreso, dependiente del Senado Nacional.

La Sección Archivo de la Cámara de Diputados entregó una donación de 60 publicaciones oficiales, entre ellas El Redactor de Diputados (1900-1911), el Redactor del Congreso (1901-1908), y Proyectos de informes (1901-1911), sin duda con valor más simbólico que real, hecho para no mostrar indiferencia.

El despliegue del Senado fue el acicate para que los representantes nacionales se esmerasen mandando comprar obras con su propio peculio.

Así, los diputados tarijeños donaron el Código de Comercio (Pastor), los representantes de Oruro (tanto de la Capital, y las provincias de Carangas, Abaroa y Poopó), importaron desde Buenos Aires La Historia de la Humanidad de F. Laurent, bella obra profusamente ilustrada, con grabados de la época impresos en litografía, y encuadernada en pasta dura en 5 tomos. Los diputados de Cochabamba, fueron más allá, pues hicieron traer desde París El Grand Dictionaire Universel du XIX Siécle, encuadernada en 17 tomos. ¡Sin duda el idioma no significó un óbice! En ambos casos, estas colecciones llevan autógrafos de los donantes.

Ninguna institución escatimó esfuerzos para dotar de obras a la flamante biblioteca. Desde Sucre, el Archivo General de la Nación, envió un lote de 69 publicaciones oficiales desde 1894 hasta 1900.

La Biblioteca Pública Municipal (por entonces la biblioteca depositaria por excelencia), a cargo de Justo G. Varela, donó un valioso lote de publicaciones oficiales, entre los que mencionamos Mensajes Presidenciales (1880-1908), Memorias Ministeriales (Relaciones Exteriores, 1863-1908; Gobierno, 1872-1910; Hacienda, 1832-1911; Justicia e Instrucción Pública, 1870-1909; Guerra, 1868-1911; y Colonización, 1905-1910); Redactores (del Congreso, 1870-1907; del Senado, 1889-1911; y de Diputados, 1890-1906), Proyectos e Informes del Senado (1890-1909), y de Diputados (1883-1909); Presupuestos de la Nación (1865-1910), Memorias Municipales (1874-1910) y Presupuestos Municipales (1877-1911) (Varela, 1925; Ascarrunz, 1912).

En ese corto tiempo logró reunir una colección actualizada de 5.000 obras, para apoyar documentalmente a la definición de políticas públicas que se discutían y aprobaban en el Congreso. Sin embargo, no sólo adquirió libros, sino que mandó fabricar una hermosa y sobria estantería en madera fina en los Estados Unidos de Norteamérica; no podía ser de otra manera, pues se trataba de la Biblioteca del primer poder del Estado.

Con ese acervo, la Biblioteca fue inaugurada en acto solemne el 14 de septiembre de 1912, siendo designado como primer director Carlos Flores L. La estantería importada desde los Estados Unidos, fue instalada en los amplios salones del edificio del Palacio Legislativo, donde fueron clasificados y dispuestos al servicio de los parlamentarios, los 5.000 ejemplares que consiguió.

 

Los años posteriores

Más tarde fueron sumándose nuevos recursos informativos, todos ellos del más alto valor, en un ejemplo notable de exégesis del libro antiguo y raro. Como toda biblioteca que se precie, la del Congreso Nacional de la República, atesora antiguas obras que en sí mismas constituyen la síntesis de la cultura y la civilización, los más de ellos valen porque son obras de arte, ya sea por su contenido, factura o por su encuadernación, pero otros por su innegable valor para comprender la historia y el presente de Bolivia. Estos tesoros bibliográficos hacen a la historia misma de nuestra ilustre Biblioteca, que está avocada al servicio de la sociedad, a pesar de haberse creado en 1912, inicialmente como una biblioteca “destinada exclusivamente al servicio del Congreso Nacional”, abriéndose paulatinamente a la sociedad, de manera irrestricta.

Por otro lado, estas colecciones tienen importancia mayúscula, pues constituyen el patrimonio de todos los habitantes y estantes de Bolivia, conformado por preciados tesoros culturales. Para lograr la toma de conciencia de la sociedad sobre el valor e importancia del Patrimonio Bibliográfico de la Nación, es preciso accesibilizarlos, pues los únicos libros útiles son aquellos que se consultan, que se ponen al servicio de la sociedad, que se entregan a sus titulares, es decir que por sus valiosos datos sirven a quienes tengan necesidad de ellos.

Como hemos visto, el Informe del Secretario del Senado Nacional (Moisés Ascarrunz) en la Solemne Inauguración de la Biblioteca del Congreso (La Paz, Imp. Velarde, 1912), describe la historia de la Biblioteca del Congreso y expone el listado de los primeros libros que se adquirieron.

A ellas se sumaron las Actas de la Primera Asamblea Constituyente de 1826, la Colección Oficial de Leyes desde 1825 y la Gaceta Judicial desde 1858. Luego vinieron numerosos libros antiguos y raros, entre ellos las Siete partidas del Sabio Rey Alfonso el Nono, que no es otra cosa que la transición del Derecho medieval al Derecho colonial, cuya primera edición fue mandada a imprimir en 1555. En ese cuerpo de leyes se puede observar con claridad el oprobioso régimen segregacionista que dividía a la sociedad en pueblos de indios y pueblo de españoles.

El Gazofilacio Real del Perú, de Gaspar de Escalona y Agüero, un tratado financiero de la Colonia (1647), valioso por doble partida, por ser el segundo tratado en su género en el mundo conocido de entonces (sólo lo tenía Francia, además de España), y por haber sido escrito por un nativo de Charcas, pues Escalona y Agüero nació en La Plata, estudió en la Universidad de San Francisco antes de pasar a Lima.

La Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias (Madrid, Imprenta de Julián de Paredes, 1681), recoge las leyes que normaron la vida de las ciudades americanas durante la administración española, sin que faltara nada en sus cuatro volúmenes y que complementa al que se compiló en las llamadas Leyes Añadidas de la Colonia.

El Itinerario para Párrocos de Indios, compuesto por Alonso de Peña y Montenegro, Obispo de Quito (mandada a imprimir por la Orden de los Franciscano en 1694), contiene instrucciones precisas para el ejercicio sacerdotal de los curas de indios en las colonias españolas.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española edición oficial de 1732, además de los miles de vocablos y acepciones, permite -por ejemplo con el concepto “indio”, “indígena”-conocer la visión de Europa sobre los habitantes originarios de las colonias españolas en América.

La magnífica edición de Mapas españoles de América (Siglos XV-XVII), rara edición de 312 ejemplares, publicada en Madrid, en edición facsimilar de 1951, trae la Descripción de la Audiencia de los Charcas de 1601, con las primigenias ciudades coloniales de Potosí, La Plata (hoy Sucre), Paria, Santa Cruz de la Sierra y La Paz y las posesiones de la Audiencia en el Litoral, como la Bahía de Santa Clara, Punta de Farallones, Punta de Mexillones y Punta de Motela.

La edición original de la Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Exército y Provincia en el Virreynato del Río de La Plata (Madrid, Imprenta Real, 1782), señala con claridad la pertenencia de la Provincia de Atacama a la Intendencia de Potosí, y con ella las poblaciones de su costa; y pone en vigencia la nueva administración política y administrativa emergente de las Reformas Borbónicas que habían desencadenado las grandes rebeliones indigenales (1780-1782).

La obra titulada Sesiones Secretas de la Asamblea de Representantes (reunida en Sucre, el 10 de julio 1825), expone el debate sobre el destino del territorio de la Real Audiencia de Charcas, entre tres posibles derroteros: anexarse al Perú, a las Provincias Unidas del Río de La Plata, o declararse Nación independiente.

El Atlas Histórico, Genealógico, Cronológico, Geográfico, etc., de Lesage, escrito por el Conde de Las Casas, traducido, corregido y aumentado por un Español Americano (París, Librería Hispano-Francesa de Bossange, 1826), que incluye por primera vez una referencia oficial a las provincias del Alto Perú, con datos oficiales de 1824, obra ésta atribuida a Vicente Pazos Kanki, quien vaticina la creación de una nueva República denominada por el autor como Alto Perú, independiente de Lima y Buenos Aires.

El Voyage dans l’Amerique Meridionale, de Alcides D’Orbigny (París, Chez P. Bertrand, 1846. Once tomos), recoge las impresiones de su monumental viaje (1826-1833) por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia y Perú, e incluye cartografía y grabados de su Litoral. Viene a ser el primer estudio científico de la naciente república, por cuyo valor que fue declarada Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO el 19 de noviembre de 2002.

El Atlas Universel de Geographie Ancienne et Moderne (París, Imprenta P. C. Lehuby Librarie, 1841) de M. La Pie, muestran las poblaciones del Litoral boliviano, que documentan el acceso libre y soberano al mar de la República de Bolivia en aquella época.

La versión original autógrafa del célebre Himno Patriótico Nacional, compuesta por Benedetto Vincenti en 1845, al que cada 18 de noviembre (mediante Resolución bi-ministerial Nº 001/07 de 1997) se le rinde honores en la Plaza Murillo, es otra de las joyas de nuestro Archivo.

La Historia de los Juicios de Responsabilidades 1828-1947 (La Paz, H. Congreso Nacional, 1948), de León M. Loza, curiosa edición mimeografiada que describe y analiza minuciosamente los juicios de responsabilidades en nuestra historia.

La imponente obra de Pascual Ahumada Moreno sobre la Guerra del Pacífico (impresa en 1898, en 8 tomos y uno de índices), que llena un sensible vacío sobre la época de la infausta guerra con Chile.

La Recopilación de Víctor M. Maurtúa (23 tomos) y los 4 del Alegato boliviano compilados por Eliodoro Villazón y Bautista Saavedra, material documental que fuera empleado en el histórico juicio arbitral de frontera Norte con el Perú (1906).

 

La Hemeroteca nacional

La Hemeroteca Nacional se fue desarrollando paulatinamente. Hoy es la más completa y mejor conservada de La Paz, cuya utilidad para la investigación científica es crucial. En ella encontramos 11 rarísimos títulos para el siglo XIX,  54 para el siglo XX y 3 para el siglo XXI, dos de ellos de circulación gratuita(1).

Las colecciones más representativas corresponden a los periódicos editados durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz (1829-1839) sobre todo el emblemático “Iris de La Paz”¸ que abarca la totalidad del gobierno de Santa Cruz y nos permite comprender la importancia de su gobierno en el orden internacional, la Confederación, el impulso y desarrollo de las cultura, el derecho y las instituciones educativas y culturales, en el que destaca la promulgación de los Códigos Civil, Criminal (Penal), Mercantil (de Comercio), y la creación de las Bibliotecas Públicas, en un escenario de guerra que libró Bolivia contra el Perú, Chile y Argentina. Durante el final de la época crucista (1839), la prensa tuvo su época de auge, con la publicación de numerosos títulos, entre ellos “El Duende”, “El Correo de Encomiendas”, “La Opinión”, “La Tribuna”, “El Investigador” y “El Atalaya de los Andes”.

Posteriormente la prensa ingresa en receso con breves intervalos en el que aparecen “El Telégrafo” (1858-1864), “El Illimani” (1871-1872), “La Reforma” (1871-1878), “El Comercio” (1873-1879; 1882-1883) y “La Patria” (1880-1883).

La prensa del siglo XX está estrechamente relacionada a la vida política del país. La crónica diaria atraviesa las distintas épocas que caracterizó al país: El liberalismo con sus distintos matices (1900-1952), con periódicos militantes que impulsaban el capitalismo incipiente de Bolivia, tratando de controlar todas las esferas del gobierno, esfuerzo en el que la prensa desempeñó papel crucial. Los ejemplos más conspicuos son “El Comercio” (1901-1908), “El Diario” (1917), “La Razón” (1917-1923, 1926-1952), “La Nación” (1952-1964) y Última Hora (1931-1968), todos de La Paz. En el interior destaca “La Patria” de Oruro (1933-1934). El periodismo contestatario surge con “El Hombre Libre” (1918-1920) y se consolida con “La Calle” (1936-1939). Entre unos y otros, existen 26 periódicos que pugnan por ganar el favor de la opinión pública, algunos de ellos de esporádica presencia (“El Fígaro”, “El Criterio”, “Las Noticias”, “Ahora”, “Tribuna”, “Tierra”, “Renovación”, “Nueva Era”, “El Liberal”). Al margen de estos, una verdadera constelación de medios, de los cuales 15 títulos existen en nuestra institución.

Periódicos de la época liberal (siglo XX)
Título	Años
“El Estado”	(1902-1909)
“La Verdad”	(1910-1918; 1925)
“El Tiempo”	(1917-1921)
“El Norte”	(1918-1920; 1928-1930)
“El País”	(1918; 1927-1928)
“La Reforma”	(1921-1926)
“La República”	(1922-)
“Nueva Era”	(1926-1927)
“Universal”	(1933-1934)
“La Fragua”	(1936; 1943)
“Jornada”	(1936) (1966-1968) (1990-2000)
“La Noche”	(1937; 1939-1948)
“Crónica”	(1939-1941)
“Inti”	(1940-1941)
“Pregón”	(1945-1946)

La Revolución Nacional, por su parte, privilegió la prensa como instrumento comunicacional desde la Secretaría de Informaciones y Prensa, al que se sumó la radio, con resultados impresionantes. Por primera vez aparece un periódico estatal, fuertemente identificado con el partido en función de gobierno, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Efectivamente “La Nación” forjó el ideario nacionalista durante 12 años (1952-1964), que cubren la era del Nacionalismo Revolucionario. Lo notable es que en este período la Iglesia católica decide crear su propio medio de prensa, “Presencia” (1958-2000) que se caracterizará primero por su defensa del catolicismo y por ello antagónico al ideal nacionalista (1952-1964) y luego por su apego a la defensa de los derechos humanos en la época de las dictaduras (1964-1980). “El Diario” continuó fiel a sus postulados liberales, defendiendo los intereses de la empresa privada, y los actos de los gobiernos de fuerza. En la otra vereda surgen numerosos periódicos afines a los partidos políticos de izquierda como “El Pueblo”, “Unidad” (órgano del Partido Comunista de Bolivia), “Lucha Obrera”, “Control Obrero”, “Rebelión” (órgano de la Central Obrera Boliviana), “Aquí, semanario del Pueblo”, ejemplo paradigmático de periodismo independiente, a la par de varios periódicos sensacionalistas.

 

Periódicos de la época Nacionalista (siglo XX)
Título	Años
“La Nación”	(1952-1964)
“Presencia”	(1958-2000)
“La Tarde”	(1960-1962)
“El Pueblo”	(1960-1964)
“Unidad”	(1960-1964)
“Lucha Obrera”	(1961-1964)
“Control Obrero”	(1962)
“Rebelión”	(1962)
“Cooperativismo”	(1963)
“Economía y Política”	(1963)
“La Calle”	(1963)
“Sábado”	(1963)
“Clarín”	(1964)
“Izquierda”	(1964)
“La Fragua”	(1964)
“La Hora”	(1964)
“Vistazo”	(1964)
“Novedades”	(1965)
“El Sol”	(1965)
“El Nuevo Día”	(1967-1968)
“Los Tiempos”  (Cbba)	(1968; 1979-1980; 1991-)
“Hoy”	(1975-1998)
“Aquí. Semanario del Pueblo”	(1979-1990)
“Meridiano”	(1982-1986)

Luego de agosto de 1985, que dio fin al Estado del 52 (capitalismo de Estado), surge un nuevo tipo de periodismo militante de la defensa del modelo económico de libre mercado (“neoliberalismo”), adscrito fundamentalmente a la empresa privada. Es un periodismo modernista, caracterizado por propugnar la cultura “Light”, muy acorde con su posición política, que domina el universo mediático desde 1985 hasta 2005. A la prensa escrita se sumó la televisión, la palestra preferida por las transnacionales

y los grupos empresariales, que monopolizaron los medios de comunicación social más importantes, colocándolos a su servicio. Aparece una propuesta de periodismo analítico-académico dirigido a la clase media ilustrada, en forma de semanario, “Pulso”, que traspasa el siglo XXI, acomodándose en la derecha conservadora hasta extinguirse.

 

Periódicos de la época Neoliberal (siglo XX)
Título	Años
“El Mundo” (Santa Cruz)	(1983-1984; 1986-1988; 1991-)
“El Deber” (Santa Cruz)	(1989-)
“El Nuevo Día” (Santa Cruz)	(1989-2000)
“El Expreso” (Oruro)	(1990-1992; 1994-1995)
“La Razón” (La Paz)	(1991-)
“Correo del Sur” (Sucre)	(1992; 1994-1995; 1997-1999)
“La Quinta” (La Paz)	(1992-1995)
“Opinión” (Cochabamba)	(1992-)
“Gaceta del Sur” (Potosí)	(1993-1994)
“El País” (Tarija)	(1994-)
“La Palabra” (Beni)	(1994-1998)
“Nueva Economía” (La Paz)	(1994-1999)
“BolivianTimes” (La Paz)	(1994-1996; 1998)
“Le Monde” (Bolivia)	(1994)
“Ahora” (Tarija)	(1995-1998)
“Estrella del Oriente” (Santa Cruz)	(1996-)
“Primera Plana” (La Paz)	(1992-1998)
“La Prensa” (La Paz)	(1998-)
“Renacer” (Bs. As, Argentina)	(1999-2008)

 

Periódicos extranjeros (siglo XX)
Título	Años
“El País” (Madrid)	(1990-1991; 1993)
“Le Monde” (París, Francia)	(1994)
“Tiempos del Mundo” (Bs.As )	( )

El siglo XXI, siglo de desafíos, también tuvo un significativo despliegue de prensa escrita, con una nueva propuesta de periodismo investigativo que se reclama imparcial, más que independiente, como el es caso de “Página Siete” (2010). En este siglo surge otro periódico estatal, “Cambio”, que forma parte de un grupo

mediático más amplio con “Radio Patria Nueva” (antigua Radio Illimani) y la red de radios comunitarias. El semanario “La Época”, ejemplo de periódico gratuito, trata de ocupar el espacio que dejó “Pulso”, pero esta vez con una mirada de izquierda muy afín al proceso de cambio.

 

Periódicos editados el siglo XXI
Título	Años
“Pulso”	(2000-2010)
“Tiempos del mundo”	(2001-2004)
“Alerta”	(2001-2004)
“Cambio”	(2009-)
“Página Siete”	(2010-)
“La Época”	(2005-)
“El Semanario”	( )
“Pukara”	(2005-2008)

Las fuentes de la Hemeroteca son cruciales para la clase política, ya sea en función de gobierno o en la acera opuesta. Numerosos investigadores escudriñan en ella para formar dossiers que sirvan de respaldo documental las acciones de sus dirigentes. Similar alcance tiene para la alta administración del Estado, que dosifica y matiza sus intervenciones en conferencias de prensa o debates públicos. Por otro lado, es la fuente complementaria más idónea para apoyar la investigación científica. Eso explica que los estudiantes de postgrado acudan a revisar sus registros permanentemente. Pero la hemeroteca tiene también un valor inusual para el ciudadano común, que busca con afán el dato, la información o la nota que respalde algún derecho o referencia personalísima.

 

El Archivo Histórico 

A partir de 1899, instalado en su nueva sede (La Paz), el Poder Legislativo desarrolló sus actividades sin contar con un archivo general, como era tradicional en el siglo XIX. Tampoco se organizaron los archivos centrales en las Cámaras, pues no había necesidad de ello. Organizó su documentación oficial, emitiendo una normativa precaria, incorporada en los Reglamentos de la Presidencia del H. Congreso Nacional y de las dos Cámaras. El modelo que se adoptó fue descentralizado, es decir, formó archivos de manera natural en ambas cámaras. La situación de los archivos del Congreso fue, al igual que el resto de la administración, caótica, signada por la destrucción sistemática, aunque las series más importantes se mantuvieron intactas, tales como los autógrafos de ley, ordenanzas municipales, proyectos de creación de unidades políticas administrativas.

Durante las dictaduras militares que conculcaron el estado de derecho, las instalaciones del Congreso Nacional sirvieron para recluir a los presos políticos, y entre 1971 y 1978 a la Comisión Nacional de Legislación (CONAL) que asesoraba al gobierno militar en materia legislativa y normativa.

Un periodista, que en su tiempo fue estudiante de la Carrera de Historia (UMSA), fue testigo de la destrucción de documentación antigua del Poder Legislativo, que era empleado por presos y carceleros, para solventar necesidades básicas de higiene, y en otros casos, como combustible para combatir las bajas temperaturas de esos tenebrosos recintos(2). De las actuaciones del tristemente célebre CONAL, queda un pequeño fondo, en el actual Archivo Histórico del Congreso Nacional.

En 1988, Mario Bedoya Ballivián, hombre muy ligado a la labor intelectual, en su condición de Diputado nacional observó horrorizado la situación crítica de los archivos de esa Cámara, procediendo a recogerlos y conservarlos de la mejor forma posible, dadas las precarias condiciones en que se encontraban, y sobre todo por la falta de infraestructura que albergue a las documentaciones inactivas. Cooperado por un grupo de archivistas y bibliotecarios(3), al término de ese arduo trabajo elaboró un catálogo e índice de aquellas documentaciones, cuyo valor para la reconstrucción de la historia nacional, recién se empieza a precisar.

Continuaron la obra de Bedoya (1988-1990), Yolanda Tejerina (1990-1994), en cuya gestión el Archivo Legislativo se trasladó al edificio de la Vicepresidencia; Juan Carlos Fernández (1994-1995), quien trabajó infructuosamente para su fortalecimiento; Narda Pacheco (1995-1998), que continuó la obra de sus antecesores. Existe un vacío desde 1998 hasta 2002, durante el cual René Mérida custodia el Archivo, hasta la designación del primer Director General del ente unificado: la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional(4).

Tardíamente, el Congreso Nacional aprobó una serie de leyes y normas para organizar sus archivos. En 1991 transfirió el edificio del antiguo Banco de la Nación Boliviana (Banco Central de Bolivia), para albergar a la Biblioteca del Congreso, la Hemeroteca y el Archivo Legislativo(5). En 1998, culminó una serie de recomendaciones y gestiones de la State University of New York, que señalaban la unificación de los dos servicios, inspirada quizá en el ejemplo del ABNB de Sucre. De esa manera, el H. Senado Nacional trasfirió su valiosa Biblioteca y Hemeroteca, y la H. Cámara de Diputados hizo lo propio con su Archivo Legislativo. Se ponía fin a la irracionalidad que había caracterizado a la administración de estas unidades informativas, pues la Biblioteca del Congreso Nacional (creada en 1911) y la Hemeroteca dependían de la Cámara de Senadores, en tanto el Archivo (creado en 1988) dependía de la de Diputados, es decir eran dos unidades diferentes. Mediante resoluciones camarales, aprobadas por separado, se determinó la transferencia de cada una de ellas a la Presidencia del H. Congreso Nacional(6).

Así, el Poder Legislativo retomaba una vieja e histórica tradición, tan antigua como el propio Estado: organizar su archivo general. Desde 1831, se había establecido un archivo general, único, para atender los requerimientos de ambas Cámaras. Este Archivo Legislativo estaba bajo la tuición y administración de la Presidencia del H. Congreso Nacional y de la Vicepresidencia de la República.

En 2002, se reconoce a la Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional, como Repositorio Oficial del Poder Legislativo y se implementa el Sistema de Archivo del Poder Legislativo, conformado por:

1. Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Repositorio Oficial del Órgano Legislativo y ente rector del Sistema de  Archivos del Órgano Legislativo). Reúne esporádica documentación histórica desde el siglo XVIII; y fundamentalmente del Senado y Diputados desde 1898.

2. Archivo Central de la Vicepresidencia del Estado/Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (constituido por Resolución Secretarial 007/03, de 15 de enero de 2003). Contiene la documentación de las gestiones vicepresidenciales de Julio Garret Ayllón (1985-1989); Luis Ossio Sanjinés (1989-1993), Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), Jorge Quiroga Ramírez (1997-2002) y Carlos D. Mesa Gisbert (2002)(7).

3. Archivo Central de la H. Cámara de Senadores (constituido en octubre de 2002). Reúne documentación desde 1995 a 2010.

4. Archivo Central de la H. Cámara de Diputados (inaugurado el 23 de abril de 2003). Reúne documentación desde 1995 a 2010.

Los fondos del Archivo Histórico, catalogados por Mario Bedoya consignan las siguientes series:

Documentos Reservados (1896-1946), 53 series documentales facticias, referentes a la Guerra del Pacífico, Guerra del Acre, Guerra del Chaco y otros asuntos calificados igualmente como reservados(8).

101 series facticias o colecciones (1892-1974), que contienen Resoluciones, Proyectos de Ley, Indultos, Correspondencia, Solicitudes, Antecedentes de Proyectos de Ley y Resoluciones, Credenciales(9).

Con la unificación del servicio bibliotecario y archivístico del Poder Legislativo, se logró recoger la documentación histórica del Senado Nacional, con documentación desde 1826 (cif. Actas originales de la Primera Asamblea Constituyente de 1826) hasta 1986, organizadas en secciones de archivo y series documentales naturales, que se encuentran en proceso de descripción.

La acción desarrollada por el Archivo Histórico permitió regularizar las transferencias intra-archivísticas, estableciendo el calendario de transferencias y tablas de retención, de cumplimiento obligatorio por los archivos del sistema, que contemplan los siguientes parámetros:

a)    Archivos de Gestión: 5 años. Transfieren al Archivo Central de su Cámara.

b)   Archivos Centrales: 15 años. Transfieren al Archivo Intermedio (función del Archivo Histórico del Congreso).

c)    Archivo Intermedio: realiza la valoración para determinar su destino final. Para este fin se basa en la norma legal establecida por el DS 22146. Transfiere la documentación valorada al Archivo Histórico.

d)   Archivo Histórico. Administra, conserva y accesibiliza la documentación de valor permanente.

Ante la falta expresa de una ley de accesibilidad a los archivos públicos del Estado, los archivos del Poder Legislativo aplican sus propios reglamentos y, por la vía supletoria, la Ley 2341, en lo que corresponde a la administración documentaria.

Los Archivos Centrales tienen tuición sobre los archivos de gestión existentes en cada una de sus organismos (v.g. Vicepresidencia de la República/Presidencia del Congreso, H. Cámara de Senadores y H. Cámara de Diputados), los mismos que aplican las normativas y reglamentos específicos.

 

Valor y alcance de la memoria social

Los archivos y bibliotecas están conformados por documentos y libros ajados por el uso que se les ha dado y por el castigo natural del tiempo. Papeles casi centenarios que sirven para muchos propósitos. En su vida útil, son esenciales para apoyar la toma de decisiones, la formulación de políticas de Estado y el goce pleno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres de a pie. Con el tiempo los documentos de Archivo pierden sus valores primarios (vg. administrativo, fiscal, legal) y dejan de ser útiles para las instituciones que los han creado y tampoco son esenciales para los ciudadanos. Es entonces que adquieren el llamado “valor informativo” y por ello, esenciales para la investigación científica del pasado, con capacidad de informar de lo que aconteció en determinado tiempo y espacio, pues el valor de prueba de los documentos no desaparece. Entonces son apetecidos por los investigadores del pasado, no solo de nuestro país sino del mundo entero. Es así que huestes de investigadores se vuelcan en busca del dato, de la información, con valor crucial para generar el nuevo conocimiento, para construir ciencia social.

Las bibliotecas, por su parte, conservan y custodian la creación de nuestros intelectuales. El conocimiento y los saberes se vuelcan con toda su fortaleza para informar a la comunidad, a la sociedad. El servicio que prestan las bibliotecas es vital para liberar a los pueblos de la ignorancia. Una sociedad instruida y correctamente informada, tendrá más opciones de convertirse en una potencia, en industrializar sus materias primas, en avanzar al desarrollo sostenible y sustentable, en superar atavismos y prejuicios de toda índole (racial, social, cultural, político, etc.). Con el tiempo transcurrido, a pesar que los libros caen en la obsolescencia en virtud de la ley de Bradford, muchos de ellos se convierten en preciados testigos de su época. Atrapan de manera irremisible las tendencias ideológicas de las clases dominantes, los gustos de las élites letradas, las vehementes denuncias de políticos probos, las diatribas y el infaltable libelo; así como los anhelos de los oprimidos, las luchas de los rebeldes y contestatarios. Esos tesoros forman las Bibliotecas Patrimoniales que existen en la mayoría de las respetables bibliotecas de nuestro país.

Esos invaluables tesoros documentales y bibliográficos contienen la doble memoria de la sociedad: la memoria institucional conformada por los documentos de archivo y la memoria intelectual construida por las obras bibliográficas de nuestros intelectuales y profesionales de diversas áreas del conocimiento. En conjunto, es la memoria social de los pueblos, que se convierte en un formidable instrumento para la transformación social. Esa memoria no puede ser útil ni accesible sin el concurso de hombres y mujeres que trabajan en bibliotecas y archivos, pues en sus espaldas y experticia recae la delicada misión de su custodia, y las fatigosas labores de rescate o adquisición, procesamiento técnico o sistematización y la morosa tarea de descripción o catalogación, requisitos sine qua non para que sean accesibles.

¿Cómo permanecieron esos tesoros bibliográficos en la Biblioteca del Congreso, sobre todo considerando la época de turbulencias que vivió el país, con largos periodos de clausura del Congreso, para dar lugar a los regímenes de fuerza?

El simple hecho que subsistan hasta hoy semejantes tesoros, muestra una faceta de nobleza de los diputados y senadores, sin duda alguna.

 

Tiempos actuales

En 2002, se decidió separar las obras de literatura de sus colecciones con lo que la Biblioteca quedó reducida a una pequeña colección de 4.000 ejemplares, la que fue organizada en una colección única en la que se fusionaron libros, revistas, obras patrimoniales y publicaciones oficiales.

El 2002 se moderniza el servicio, mediante el desarrollo de sus colecciones, con una visión moderna y adecuada a los desafíos que debe enfrentar la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso. Para ello decide migrar sus bases de datos a la plataforma LILDBI y reorganizar sus colecciones, desarrollándose la Colección Principal (obras monográficas), la Colección de Publicaciones Oficiales (obras producidas por los organismos e instituciones del Estado), Colección de Publicaciones Periódicas y Seriadas (revistas, boletines y series propiamente dichas). A estas se suma la Hemeroteca Nacional.

Desde el 2006, con la elección popular del presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera, el apoyo institucional a la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso se fortalece. Se autoriza la adquisición de estantería compacta para el Archivo Histórico del Senado y el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, se adquiere estantería para la Hemeroteca, se dispone de recursos para la encuadernación en pasta dura de sus las colecciones y la adquisición de nuevos títulos para actualizar las colecciones de la Biblioteca. Un paso significativo es la autorización para crear el Fondo de Libros Antiguos, Raros y Curiosos, conformado por las antiguas colecciones con las que se crea la Biblioteca del Congreso, a la que se añade la Biblioteca de Simón Bolívar, creada sobre la base de la colección que donó Luis Ramiro Beltrán Salmón.

El Fondo de Libros Antiguos, Raros y Curiosos fue catalogado por dos pasantes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Doris Calcina Tintaya y Mariana Mérida Brito. Otro logro importante es la organización del Archivo Sonoro del Congreso/Asamblea Legislativa Plurinacional, conformado por 7.245 casetes procedentes de la Cámara de Diputados (Legislaturas 1982-2005) y 6.189 casetes del Senado (Legislaturas 1982-2005).

 

Talento humano

Ha sido muy dificultoso establecer la relación de directores de la Biblioteca del Congreso, pues siendo este cargo de designación directa, no han quedado registros que den cuenta de los numerosos directores que se han sucedido a lo largo de su historia.

El primer director de la Biblioteca fue el bibliotecario paceño Carlos Flores (1912), quien tomó la biblioteca organizada por Moisés Ascarrunz.

Severino Campuzano (11 de febrero de 1852-15 de noviembre de 1943), ilustre personaje, ocupó también el cargo de Director de la Biblioteca del Congreso. Abogado graduado de la Universidad de San Francisco Xavier (1876), fue Munícipe en Antofagasta (1878) y secretario privado del Gral. N. Campero en la contienda del Pacífico, ocasión en la que organizó el Archivo de la Quinta División. En 1879, impulsó la organización de una sociedad exclusivamente destinada a las viudas y huérfanos de la Guerra del Pacífico. En la Administración pública, ocupó cargos de responsabilidad, como el de Comisionado Honorario para el estudio de las cuestiones internacionales con Chile, emergentes del Tratado de Tregua (1884), así como en la Corte Superior de Oruro, la Fiscalía de Gobierno, fue Prefecto de Oruro, Profesor de Derecho en la UMSA; Director General de Correos y Telégrafos y Rector de la Universidad de San Andrés en 1922.

Otro personaje célebre que fue Director de la Biblioteca del Congreso, en la época de posguerra del Chaco, fue el Dr. Hernán Siles Zuazo, ex presidente de la República (1956-1960; 1982-1985). Abogado, parlamentario y político. Comandó las milicias que derrocaron al presidente militar Hugo Ballivián Rojas (abril de 1952), instaurando la época del Nacionalismo Revolucionario.

Posteriormente fueron designados en este cargo el escritor Homero Carvalho Oliva (1987-1988), Wenceslao Guzmán Vera, Beatriz Bozo de Aguirre (1993-1994), Víctor Bernal Solares (1995-1997) y Raúl Argandoña de Fernández (1997-1998).

Actualmente, el personal de la Biblioteca y Archivo Histórico está conformado por profesionales con formación académica en las Carreras de Historia, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Comunicación Social y Derecho, todas de la Universidad Mayor de San Andrés. Todos han participado en cursos de especialización y postgrado en universidades estatales e instituciones internacionales.

 

Dirección General 

Director: Luis Oporto Ordóñez. Licenciado en Historia (UMSA). Realizó la Maestría en Historias Andinas y Amazónicas (UMSA). Investigador visitante de Smithsonian Institution (EE.UU.) y la Biblioteque de l’Homme, Museum de Histoire Naturelle (París, Francia). Participó en el VIII Curso de Administración de Archivos Históricos (Madrid, España, 1979). Autor de 20 obras especializadas, miembro de número de la Academia de Genealogía y Ciencias Heráldicas de Bolivia y de la institución benemérita Amigos de la Ciudad. Es docente universitario y de postgrado en universidades de La Paz.

Representante oficial de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es responsable de diseñar y, una vez aprobada, ejecutar la política institucional, archivística y bibliotecaria de la Vicepresidencia del Estado. Tiene a su cargo el Programa Permanente de Asistencia Técnica, creado con el propósito de apoyar iniciativas institucionales para mejorar los servicios de archivo en las instituciones archivísticas estatales. Planifica y desarrolla el Programa de Extensión Cultural, por medio de presentaciones de libros, conferencias, congresos, seminarios, y otros eventos dirigidos a la sociedad en su conjunto. Es responsable del Fondo Editorial de la Biblioteca y Archivo Histórico y Editor de la Revista Fuentes del Congreso.

 

Biblioteca

Responsable: Sandra Edith de la Quintana Ríos. Licenciada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información (UMSA). Participó en la estancia en Restauración de Manuscritos e Impresos en el IPHE (Instituto del Patrimonio Histórico Español) (Madrid, España, 2001) y en el Curso de Conservación de Santa Cruz de la Sierra (AECID, 2005). Es docente interina de la Carrera de Bibliotecología (UMSA).

Las colecciones de biblioteca abarcan una amplia temática centrada en el derecho constitucional, historia política y legislación, cuenta con material bibliográfico del ámbito nacional e internacional. Cumple las siguientes funciones: Organiza la Colección Principal, formada por el fondo bibliográfico (Derecho, Ciencias Sociales, Historia, Legislación); y la Colección de Publicaciones Oficiales. Tiene a su cargo la clasificación del fondo bibliográfico de acuerdo a normas internacionales (Sistema de Clasificación Decimal Dewey). Responsable de la actualización de la bibliografía (publicaciones o nuevos ingresos), que bimestralmente presenta  para su publicación en la revista Fuentes.

 

Procesos Técnicos 

Responsable: Rolando Álvarez López. Bachellor de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información (UMSA). Participó en el Curso Internacional de la Biblioteca Virtual en Salud (Montevideo, Uruguay, 2009). Miembro de la Biblioteca Virtual en Salud.

Tiene a su cargo los procesos técnicos de las colecciones de la Biblioteca, aplicando las AACR, la Lista de Encabezamiento de Materias de Rovira y Aguayo. Mantiene actualizada la base de datos de las colecciones de la Biblioteca, y dirige el Plan de Descripción Bibliográfica de la Biblioteca. Es representante en la Red Internacional de Salud.

 

Hemeroteca Nacional

 Responsable: José Eduardo Flores Mamani. Egresado de las Carreras de Derecho y Ciencias de la Comunicación Social de la UMSA. Ha participado en el XX Escuela de Archivos para Iberoamérica en Alcalá de Henares (Madrid, España, 2010) y en el Curso Internacional de Preservación y Manejo de Colecciones Fotográficas que dicta el Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de Chile (CENFOTO) realizado en (Antofagasta, Chile, 2010).

Es responsable de actualizar las colecciones, mandarlas a encuadernar en pasta dura y ordenarlas en estantería. Hace el seguimiento mediante las fichas de control de los periódicos y de las publicaciones periódicas y seriadas. Encargado de la cronología bimestral en base a la revisión de la prensa nacional sobre Archivos, Bibliotecas y Museos para la revista Fuentes.

La Hemeroteca está conformada por 10.000 volúmenes debidamente encuadernados y ordenados por título y cronológicamente, permitiendo al usuario consultar la prensa de circulación departamental y nacional. La modalidad de consulta es de estantería abierta, para un mejor servicio y conservación del material. La fotocopia está prohibida, pero el usuario tiene la posibilidad de hacer tomas libremente con cámara digital. Es una de las secciones más consultadas por diferentes usuarios que acuden a nuestra Biblioteca, especialmente candidatos a doctor, magíster, tesistas universitarios, nacionales y extranjeros, y público en general.

 

Archivo Histórico

Responsable: Sr. René Mérida Suárez. Estudió en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Es miembro del cuerpo de facilitadores del Programa de Asistencia Técnica Permanente. Es el funcionario más antiguo de la Biblioteca y Archivo Histórico y de la Vicepresidencia del Estado. 

Creado en 1988 por Mario Bedoya Ballivián, desde 1994 se ha fusionado en un único servicio con la Biblioteca del Congreso y la Hemeroteca. Es responsable de la conservación, clasificación, sistematización y ordenamiento físico de la documentación proveniente de las Cámaras Legislativas de Senadores y Diputados, así como de la Presidencia del H. Congreso Nacional. Está organizada sobre la base de los documentos legislativos existentes (leyes, proyectos de ley, resoluciones, peticiones de informe escrito y oral, minutas de comunicación e interpelaciones). Elabora instrumentos de descripción (inventarios, catálogos automatizados), para una correcta ubicación de la documentación, así como su colocación en cajas normalizadas. Presta servicios de apoyo y búsqueda de información para los Asambleistas, Secretarios Técnicos y Asesores de la Asamblea, investigadores nacionales y extranjeros. Colabora a otras secciones de la Biblioteca, en caso necesario. Remite Proyectos de Ley existentes en el Archivo Histórico a Secretaría General de la H. Cámara de Diputados, para su posterior reposición.

 

Archivo Central de la Vicepresidencia del Estado

Responsable: Lic Judith Ozuna Tarifa. Licenciada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información y de la Carrera de Ciencias Jurídicas (UMSA). participó en el XVIII Taller Iberoaméricano de Archivos de Alcalá de Henares (Madrid, España, 2008) y en el Curso de Conservación de Cartagena de Indias, Colombia (2008).

El Archivo Central de la Vicepresidencia de la República, a partir de su creación el 31 de enero de 2003, custodia y conserva la documentación inactiva, que se genera desde las distintas unidades, y que son reflejo de la actuación administrativa de diversas áreas funcionales. La organización se realiza a partir de los documentos transferidos por las distintas unidades, identificando, ordenando y clasificando el fondo documental en diferentes series de acuerdo al cuadro de clasificación del Archivo Central mediante el organigrama de la institución. Las transferencias documentales realizadas por los Archivos de oficina de cada unidad, se remiten al Archivo Central mediante un formulario de Relación de Entrega. La documentación se conserva en cajas de archivo para su tratamiento definitivo. Ofrece servicios internos de préstamo y consulta a diferentes oficinas, previa solicitud y llenado del formulario de préstamo. Extiende copias simples y legalizadas de acuerdo a ley.

 

Área de Circulación y Referencia

Responsable: Lic. Fabiola Carla Nina López. Licenciada de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información (UMSA). Participó en el IX Congreso de Archivología del Mercosur (2011). Ha publicado recientemente su obra, Archivos gráficos (carteles) de Bolivia, tema con el que obtuvo su licenciatura.

Responsable de la atención de consultas en sala, telefónicas y por Internet. Mantiene directorios institucionales para el intercambio institucional de información y publicaciones. Tiene a su cargo el Registro de Investigadores, que forma una base de datos sobre el estado de la investigación socio cultural que se realiza en nuestra institución. Levanta estadísticas diarias y prepara un resumen que se publica bimestralmente en la revista Fuentes. Apoya en la realización de eventos y actividades de extensión cultural (presentación de libros, conferencias, seminarios, etc.). Ha dispuesto una sección especial de diccionarios y enciclopedias de estantería abierta para uso general.

 

Servicios 

Los servicios en sala de lectura hoy incluyen la estantería abierta para la Hemeroteca y referencia. El resto es accesible empleando los catálogos, impreso y electrónico, de la información clasificada bajo normas internacionales. El usuario puede utilizar los recursos informáticos existentes en sala o por Internet, y buscar información a través de la base de datos que contiene más de 35.000 registros de los fondos bibliográficos, hemerográficos y de archivo. En caso de información complementaria o especializada, recibirán apoyo del personal técnico.

 

Horarios de atención

Los horarios de atención al público son de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:30, de lunes a viernes, excepto feriados.

 

Requisitos para la consulta

La consulta en sala es gratuita, a la simple presentación de un documento de identidad vigente.

Parlamentarios. Los parlamentarios y personal del Poder Legislativo, deben acreditar su condición de tales, para recibir el servicio de acuerdo a reglamento específico.

Servidores públicos. Los funcionarios públicos, accederán al servicio previa identificación, para ser atendido de acuerdo a reglamento específico.

Bibliotecas. Las bibliotecas pueden acogerse a la suscripción de convenios para acceder al préstamo interbibliotecario y el canje institucional.

Servicio de copias. La reprografía se facilita en concordancia con la Ley de Derecho de Autor. El servicio fedatario se realiza de acuerdo a la Ley 2341 y el DS 27113. Las formas de reprografía y costos, se establecen por reglamento. No existe préstamo a domicilio. Los usuarios que realizan estudios de investigación académica, o aplicada, deben llenar el Registro de Investigadores para servicios personalizados.

Pérdidas o daños. En caso de extravío o daños ocasionados a los documentos o publicaciones, como consecuencia del servicio, el usuario o la institución beneficiaria, está obligado a reparar o restituir dicho material informativo, de acuerdo a reglamento interno y leyes en vigencia.

A través de Internet. El usuario puede ingresar a un tour virtual y consultar las bases de datos, a través de www.vicepresidencia.gob.bo/biblioteca. Los visitantes tendrán a disposición amplia información sobre los recursos, servicios y el material de consulta de la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional. Igualmente podrán informarse de las actividades que organiza y auspicia la Vicepresidencia del Estado y la base de datos a texto completo de las leyes nacionales, desde 1825.

 

Impacto social del servicio

La antigua Biblioteca del Congreso, actual Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue modernizada y dotada de tecnología de punta, colecciones actualizadas y personal profesional, facilitando el servicio público irrestricto, pues a la par de atender los requerimientos de los parlamentarios, presta servicios públicos a cualquier ciudadano que así lo requiera, y se constituye en apoyo fundamental a la investigación científica, que se traduce en un número cada vez en constante crecimiento de estudiantes de pregrado y postgrado, procedentes de universidades nacionales y extranjeras. Las consultan en sala ascienden a 15.000 anuales (promedio), y el número de usuarios en línea crece exponencialmente, facilitando la consulta de nuestros catálogos y las leyes bolivianas promulgadas.

Es importante señalar que uno de los servicios más importantes es la consulta de la Colección Oficial de Leyes, instrumento de valor legal que es requerido por ciudadanos y autoridades que buscan con ello la garantía plena de sus derechos ciudadanos. Notable fue el servicio que prestó nuestra institución en ocasión de atender a las víctimas de la violencia política en épocas de gobiernos de fuerza, como consecuencia de la Ley de 22 de febrero de 2005, que instruye el resarcimiento a miles de ciudadanos. Aquellos buscaban febrilmente en la prensa diaria algún dato que reportara noticias sobre su apresamiento o exilio, con los que lograron demostrar la triste condición de víctimas de la dictadura, gracias a las colecciones de la prensa diaria.

La Biblioteca y Archivo Histórico publica su órgano oficial desde septiembre de 2002 con el título de Fuentes del Congreso, Boletín de la Biblioteca del H. Congreso Nacional (2002, Nº 1-2007, Vol. II-Nº 12, nov-dic), que cambia posteriormente a Fuentes, Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa (2008 a la fecha). 

A esta se suman los numerosos títulos publicados por el Fondo Editorial de la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso, que se formó en 2002, y es accesible al intercambio institucional referido a la historia, jurisprudencia, los archivos y las bibliotecas, según la relación siguiente:

Historia del Parlamento, Tomos I-III (Valentín Abecia Baldivieso, 1999), El Senado Nacional Bosquejo Histórico Parlamentario 1825-1925 (Pío Cáceres Bilbao, 2000), Los Palacios del Congreso (2002), Reglamento Histórico del Poder Legislativo Boliviano 1831-1884 (Carlos Cordero, Gustavo Aliaga, comp., 2002), Historia de la Estructura Administrativa del Poder Ejecutivo 1825-2002 (Rolando Costa Ardúz , 2002), El Vicepresidente ¿La sombra del poder? (Mariano Baptista, Carlos Cordero, Carlos D. Mesa, Luis Ossio, José Antonio Rivera, Mario D. Serrafero, 2003), Las Constituciones de Bolivia (Ciro Félix Trigo, 2003), Derecho Constitucional Boliviano (Ciro Félix Trigo, 2003), Digesto, Normas del Sistema Político Boliviano (Carlos Cordero, ed., 2003), Archivos de Oruro, Tarija y Cochabamba (Luis Oporto Ordóñez, Dir., 2004), Archivos Mineros de Bolivia (Luis Oporto Ordóñez, 2005), Reflexiones para el debate constituyente (2006), La Biblioteca y Archivo H. del Congreso Nacional. Las bibliotecas a través de la historia (Luis Oporto Ordóñez, 2008), Acceso a la información pública, Archivos, Bibliotecas y Museos en la Constitución Política del Estado (Luis Oporto Ordóñez, 2009), Destrucción de la Riqueza Documental y Bibliográfica y la necesidad de su rescate para el desarrollo nacional. Memoria del Seminario Internacional de Archivística (Luis Oporto Ordóñez, Edgar  Ramírez Santiesteban, Editores, 2011).

 

Moisés Ascarrunz Peláez. Vida y obra intelectual

Moisés Ascarrunz Peláez nació en La Paz el 24 de diciembre de 1862 y falleció el 24 de junio de 1939. Su educación básica fue realizada en su ciudad natal. Siendo Muy joven sus padres decidieron enviarlo a Suiza y a su retorno al país estudió Derecho en la Universidad de La Paz, graduándose como Abogado en 1885. En su producción intelectual, destacan La Revolución Liberal y sus Héroes (1899), El Partido Liberal en el Poder (1917), Hombres Célebres de Bolivia (1920) y La Confraternidad Perú-Boliviana en el Centenario de Ayacucho (1925)(10).

Moisés Ascarrunz integró de forma militante las filas del Partido Liberal. Encarnaba a una nueva generación de liberales, que habían formado el “ala radical” del partido, es decir, eran “miembros jóvenes y viriles del liberalismo, que ansían las reformas y los progresos rápidos e inmediatos”.

Vinculados por la semejanza de doctrinas y de escuela científica, estos jóvenes impetuosos, muchos de ellos formados en Europa, habían apoyado la candidatura de José Gutiérrez Guerra, un tecnócrata que alcanzó la primera magistratura. La falta de experiencia de este gobernante, terminó con la era liberal, que fue depuesto por un golpe de Estado por Bautista Saavedra, líder de una fuerza emergente calificada como Republicana.

Como buen político, Moisés Ascarrunz incursionó en el periodismo, habiendo escrito sus crónicas con el seudónimo de Ignoto en varios periódicos. En 1889 fue director del periódico liberal El Imparcial, que fue intervenido en 1892 debido a su posición antigubernamental, con su consecuente prisión y exilio. Sin embargo, su prestigio y juventud se impusieron para su elección como Diputado Liberal por el Departamento de Oruro en 1895. Ante esa situación, en 1897, el gobierno de Severo Fernández Alonso lo envía como Ministro Plenipotenciario a España, y, consecuente con sus ideales, en esa capital defiende la revolución liberal de 1899. A partir de 1901, fue redactor de los periódicos liberales paceños El Comercio de Bolivia, El Diario y El Tiempo.

Posteriormente, ya con el gobierno liberal en el poder, tuvo una fulgurante carrera política. Volvió a ser elegido como Diputado (1902) y Senador (1910). En mérito a su militancia política, ocupó altos cargos como Presidente del Concejo Municipal de Oruro (1903), Prefecto del Departamento de Oruro (1908-1909)(11), Director Nacional de Estadística y Estudios Geográficos (l918-1919). Fue también catedrático de la Escuela de Derecho, y Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (1922).

Curioso, pero más tarde figura colaborando en La República, en época del presidente Bautista Saavedra, quien derrocó al último presidente liberal. En su producción intelectual, destacan La Revolución Liberal y sus Héroes (1899), El Partido Liberal en el Poder (1917) y Hombres Célebres de Bolivia (1920).

 

Notas

1.     Las referencias de los años corresponden a la existencia en la hemeroteca de la BAHALP. Actualmente la hemeroteca recibe suscripción de los periódicos: Cambio, El Diario, La Época, Extra, Gaceta Jurídica, Página Siete, La Prensa, La Razón (La Paz), Opinión y Los Tiempos (Cochabamba), El Deber, El Día, El Sol (edición gratuita junto a El Día), El Mundo (Santa Cruz), Correo del Sur (Sucre), La Patria (Oruro), El Potosí (Potosí), El País (Tarija).

2.     Carlos Soria Galvarro. “La quema de los Archivos del Congreso”, Semana de Última Hora. La Paz, 17 de diciembre de 1982.

3.     Entre sus colaboradores con Mario Bedoya Balliván, citamos a Yolanda Tejerina, René Mérida Suárez, Oscar Anave P., Silvia Brito G., Miguel Ticona Q. y Teresa de Méndez.

4.     En agosto de 2002, el entonces Vicepresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, designa en el cargo al historiador y archivista, Luis Oporto Ordóñez, por Resolución Vicepresidencial.

5.     Ley 1230 del 17 de enero de 1991.

6.     Resolución Camaral de Diputados Nº 159/97-98 del 22 de enero de 1998, y Resolución Camaral de Senadores Nº 008/97-98 del 18 de junio de 1998.

7.     No existe documentación de la gestión de Jaime Paz Zamora (1982-1985), por cuanto éste mandatario remitió la misma al Archivo Nacional de Bolivia.

8.     Mario Bedoya Ballivián, El Archivo Histórico de la Cámara de Diputados presenta el Catálogo de Documentos Reservados que comprende: Guerra del Pacífico, Guerra del Acre y Guerra del Chaco. La Paz, 1988. (mecanografiado).

9.     Mario Bedoya Ballivián y Yolanda Tejerina Peña: Índice de documentos del Archivo Histórico de la Honorable Cámara de Diputados. La Paz, noviembre de 1988. Mecanografiado.

10. La Biblioteca del Congreso conserva un ejemplar de El Partido Liberal en el Poder y La Confraternidad Perú-Boliviana en el Centenario de Ayacucho.

11. Ante la evidente contradicción, usamos preferentemente las referencias bibliográficas publicadas por Arturo Costa de la Torre, Catálogo de la Bibliografía de Bolivia, La Paz, UMSA, 1968.

 

Bibliografía

- Ascarrunz Peláez, Moisés. Informe del Secretario del Senado nacional en la Solemne Inauguración de la Biblioteca del Congreso. La Paz: Imprenta Velarde, 1912.        [ Links ]

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- Costa de la Torre, Arturo. Catálogo de la Bibliografía de Bolivia. La Paz: UMSA, 1968.        [ Links ]

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