RESEÑAS

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE LUIS OPORTO ORDOÑEZ

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Hoy ha llegado a mis manos su última publicación titulada Acceso a la Información Pública, Archivos y Bibliotecas en la Constitución Política del Estado. Obra que en sus apretadas 119 páginas nos introduce en el análisis de un tema tan importante para la construcción y desarrollo de toda democracia como es el derecho de acceso a la información pública, derecho fundamental en toda sociedad que impulsa el desarrollo de una cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública. Ello sin olvidar que el derecho de acceso a la información es un derecho universal contenido en el Art. 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 y Bolivia es uno de los Estados que la suscribieron.

Luis Oporto aborda por vez primera cuáles son los alcances de la Carta Magna boliviana en cuanto al acceso a la información pública se refiere, así como las responsabilidades que de ella se desprenden para los funcionarios públicos, destacándose la expresa participación que les compete a quienes laboran en los archivos (Gestión, Centrales, Intermedios e Históricos), bibliotecas y centros de documentación del Estado. Las instituciones privadas que brindan servicios públicos, estarían comprendidas por lo dispuesto en la Constitución, debiendo en consecuencia facilitar el acceso a la información que requieran los ciudadanos.

Es imposible hablar de acceso a la información pública sin hacer referencia a los documentos archivísticos y por lo tanto a los Archivos que son los responsables de organizarlos, conservarlos y servirlos; por ello, Oporto resalta la estrecha relación existente entre la Constitución y los archivos y bibliotecas, partiendo del hecho que “el éxito del nuevo Estado Plurinacional se basa en un eje transversal: la información pública”. Facilitar a los ciudadanos la información pública permite transparentar ante la sociedad el quehacer de sus instituciones, cómo se ejecuta el gasto presupuestal y qué decisiones toman los funcionarios en el ejercicio de sus competencias. Esto sólo será posible en tanto se conserven adecuadamente los documentos archivísticos producidos como sustento de dichas actividades, aquellos se constituyen en los instrumentos del derecho de acceso a la información, de ahí que la responsabilidad funcional de los servidores públicos, contenida en anterior ley expresa (Ley 2027 Ley del estatuto del Funcionario Público), ahora adquiere rango constitucional y establece como obligación de todos los funcionarios públicos “Inventariar y custodiar en oficinas públicas los documentos propios de la función pública, sin que puedan sustraerlos ni destruirlos” (Art. 237^º de la C.P.E.), favorecerá sin duda alguna al desarrollo de los archivos y bibliotecas bolivianos como bien apunta su autor: “… la infoestructura (infraestructura + información) es una unidad indivisible, por lo que no puede existir real acceso y uso de la información, si no existe un desarrollo sostenido de los archivos y las bibliotecas”.

La obra se desarrolla a lo largo de dos grandes apartados, el primero de ellos, El proceso de construcción del Estado Plurinacional, a través de sus tres capítulos nos permite conocer los antecedentes y sucesos previos que llevaron al proceso mismo de elaboración del texto constitucional. Estamos ante un trabajo pionero que se establece como la primera aproximación a la historia de la actual Constitución del Estado Plurinacional Boliviano. En su primer capítulo, sobre la Asamblea Constituyente, quiero resaltar el tema que el autor desarrolla sobre los mitos en torno a la elaboración de la Constitución boliviana, y que fueron de alguna manera propalados por los medios televisivos a nivel internacional, donde se la presentaba como un texto “impuesto” por unos pocos y cuyo proyecto aprobado “no había sido difundido” lo suficiente para el conocimiento y debate por parte de los diversos agentes sociales, como paso previo a su aprobación vía consulta. Luis Oporto, como buen investigador, sabe que las fuentes documentales son las que nos permiten fundamentar las afirmaciones, por ello para romper el primer mito y acudiendo a la rigurosidad de las fuentes refiere que la participación de los diversos sectores de la población fue tan amplia que superó las expectativas, el sustento a su afirmación esta contenido en un total de 352 cajas de archivo, conformadas -cada una- por un promedio de mil hojas, de las cuales 61 cajas proceden de Organismos del Estado, 258 cajas de organizaciones diversas de la Sociedad Civil y 33 cajas de diversas representaciones políticas. Oporto nos dice que el segundo mito cae al ver las elevadas cifras de distribución del texto una vez aprobado el proyecto en detalle y revisión que alcanzaría la cifra de 2.400.000 ejemplares, lo cual sería la edición impresa con mayor tiraje en la historia de Bolivia.

En el capítulo segundo precisa sobre la Documentación generada y su destino final, la cual resulta realmente copiosa y que está contenida en diversos soportes, predominando el papel, como es natural. Esta documentación cuenta con tres grandes agrupaciones:

2.    Documentos propios de la Administración de la Asamblea.

3.    Documentos especiales en formato electrónico;

el detalle de las series documentales aparece en cada uno de los cuadros que se acompañan en este capítulo. Nos precisa, al mismo tiempo, que por las particularidades en que se gesta la Constitución boliviana, descritas en el primer capítulo, estos documentos se encuentran distribuidos entre dos instancias del Estado que son el Archivo Nacional de Bolivia (grupo 1) y el Archivo Histórico del Congreso Nacional de Bolivia (grupo 2 y 3). Quedando aún por ser transferidos un grupo de documentos finales procedentes de las comisiones de constitución.

El capítulo tercero desarrolla de forma sucinta pero detallada las Implicancias de la constitución política del Estado en el trabajo de las bibliotecas y archivos de Bolivia, partiendo de la articulación entre los principios y valores existentes en la relación Estado-sociedad civil y los derechos fundamentales de los ciudadanos, donde el acceso libre a la información y el derecho de petición se constituyen en eje central del nuevo Estado Plurinacional, sin dejar de considerar las restricciones establecidas por la propia Constitución al acceso, se enuncian los elementos básicos del régimen de reserva que deben mantener los funcionarios públicos durante y después de haber cesado en la función, y la salvaguarda del derecho a la intimidad de las personas. De estos preceptos se desprenden las responsabilidades de los funcionarios que trabajan en los archivos y bibliotecas del Estado, los cuales ahora son pasibles de sanción en caso de impedir el acceso a la información (salvo las restricciones establecidas en la propia Constitución) o por la demora en los plazos de las tramitaciones realizadas por los ciudadanos a la Acción de Cumplimiento, que está dirigida a asegurar y garantizar los derechos ciudadanos contenidos en las normas constitucionales y su debido cumplimiento por parte de todos los funcionarios públicos, acción que resulta innovadora desde el aspecto jurídico a todas luces.

En la segunda parte de la obra se hace un Análisis de los artículos de la constitución política del Estado relacionados con el trabajo en bibliotecas y archivos, el cual se inicia con el Art. 5º, donde se precisa cual es el nuevo Modelo de Estado en Bolivia, desde allí su autor nos lleva paso a paso por un recorrido detallado y razonado sobre cada artículo de la nueva Constitución, y sus implicancias directas e indirectas en el trabajo que deberán desarrollar quienes laboran en los archivos y bibliotecas de Bolivia.

La autoridad de Luis Oporto Ordóñez en el desarrollo de estos temas queda evidenciada por su rigurosa formación y la experiencia adquirida en el ejercicio de la función pública, por lo tanto Acceso a la Información Pública, Archivos y Bibliotecas en la Constitución Política del Estado resulta una obra de mucho interés, tanto para el estudio comparativo como para adentrarnos en la génesis de la Constitución recientemente promulgada en Bolivia. No cabe duda que será una obra de referencia y consulta obligada para quienes desde los archivos y bibliotecas de Bolivia ejercen la función pública, y para quienes aspiran en incorporarse al servicio del nuevo Estado Plurinacional en construcción.

 

Lima, 26 de junio del 2009

José Luis Abanto Arrelucea

Master en Archivística Consultor en Sistemas de Archivo y Gestión de Documentos