ARTÍCULO

 

Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria.

Abriendo brecha en la construcción del Estado Plurinacional: entre los deseos y la realidad

 

 

Juan Carlos Rojas*
* Ex director general del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

 

 

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Resumen

El presente artículo aborda la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria a partir de los aspectos vinculados al proceso agrario. Con los resultados logrados en el saneamiento y titulación de las tierras, la introducción de nuevas figuras legales, y el surgimiento de nuevas tensiones entre sujetos agrarios, incluso entre campesinos e indígenas, los argumentos nos muestran que los avances logrados en derechos territoriales, principalmente indígenas, pueden ser quebrantados bajo una nueva lógica productivista que estaría detrás de alguna de la nueva normativa como la citada ley. Invita a detenerse en equilibrar la necesidad de producir más alimentos con mejoras tecnológicas que disminuyan la presión sobre nuevas superficies deforestadas y garantizar la sostenibilidad de los sistemas productivos, principalmente el suelo.

Palabras clave: Ley 144, proceso agrario, tierra, territorio, pueblos indígenas, campesinos.

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Summary

This article touches on the Law of Agricultural Community Productive Revolution from the aspects related to the agricultural process. With the results achieved in the sanitation and entitlement of lands, the introduction of new legal representatives and the resurgence of new tensions between agricultural actors, including between farmers and indigenous parties, the arguments show that the progress achieved in territorial rights, mainly indigenous, can be broken under a new productive logic that would be behind the new guidelines like the aforementioned law. The article proposes the need to achieve equilibrium: produce more food with improved technologies that decrease the pressure on new deforested land and guarantee the sustainability of productive systems, mainly soil.

Key words: Law of Agricultural Community Productive Revolution, agricultural process, land, territory, indigenous peoples, farmers.

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La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, aprobada recientemente, cubre una de las deudas históricas del Estado boliviano de contenido colonial y corte neoliberal con campesinos e indígenas, mayorías protagonistas de los grandes cambios sociales pero ausentes de los procesos económicos en sus niveles de decisión.

Los campesinos e indígenas siempre proveyeron los alimentos para los bolivianos pero muy pocas veces recibieron apoyo del Estado, más aún, no sólo no tuvieron apoyo sino que siendo soporte de la economía nacional sufrieron las consecuencias negativas de políticas y medidas tales como los impuestos y la usurpación de sus tierras; tampoco tuvieron el respaldo oficial para hacer frente a los desastres naturales.

Esta ley, gestionada por la organización nacional de los campesinos, movilizó al órgano ejecutivo para su concreción. Sus ejes temáticos probablemente no agoten la problemática agropecuaria y forestal, pero su mirada hacia y desde lo indígena originario campesino apunta a lograr equilibrios entre los diferentes actores productivos mediante el potenciamiento a los pequeños productores y economías comunitarias. Es el intento -ojalá serio-de desarrollar una economía plural potenciando a quienes siempre fueron, si no ignorados, menospreciados.

Los ejes temáticos de esta ley son: a) el reconocimiento de las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM) como actores de esta Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, b) los fines, objetivos y políticas de esta Revolución, c) la implementación del Seguro Agrícola y la creación del INSA (Instituto Nacional del Seguro Agrícola) como ente administrador del mismo, d) la creación de Consejos Económico Productivos en diferentes niveles para la definición de políticas y la planificación estratégica quinquenal, la creación y/o fortalecimiento de entidades públicas para la concreción de las políticas (agua, suelos, abonos, semillas, maquinaria, acopio, transformación y comercialización), e) la identificación y regulación de fondos de fomentos, concurrentes a nivel departamental para ejecutar transferencias condicionadas y f) la creación del fondo crediticio con condiciones favorables a los productores, en la figura de fideicomiso administrado por un banco de segundo piso y con la posibilidad de subrogación de la deuda por el seguro agrícola.

El presente artículo se detiene en algunos aspectos de la ley, sobre todo en aquellos relacionados con las etapas iniciales del proceso productivo agrario. A partir de los propósitos de la ley se analiza a los actores productivos y las políticas que sientan las bases del proceso productivo.

 

Lo que pretende la ley

El Art. 2 de la ley define como objeto: normar el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la Madre Tierra.

Se inaugura la revolución productiva para lograr la soberanía alimentaria, la que deberá lograrse con la producción orgánica y respeto a la Madre Tierra; para ello se definen las bases necesarias para la producción, transformación y comercialización de alimentos producidos por los diferentes actores.

Sin duda, es inobjetable la intención de definir nuestra propia política agraria y alimentaria, que reconoce que los productores tienen derecho a producir los alimentos y los consumidores a decidir qué consumir, y cómo y quién lo produce. Se trata de una política que establece que es el Estado el que debe garantizar la provisión de alimentos a la población, proteger la producción nacional, el patrimonio genético y medioambiental; proteger al mercado y a la sociedad de las importaciones agropecuarias y alimentarias; evitar el libre ingreso de semillas y el acaparamiento de tierras, todos ellos aspectos aceptados generalmente para expresar el concepto de soberanía alimentaria. Nadie puede estar en desacuerdo con estos postulados, más aún si están vinculados a la priorización de la producción orgánica y el respeto a la Madre Tierra.

También establece como finalidad: lograrla soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural (Art. 3).

Momento de extravío en la ley porque redunda en lo inicialmente definido, que es la soberanía alimentaria y que está mejor desarrollado en el objeto. En realidad se trata de vincular la seguridad a la soberanía alimentaria, dado que la seguridad pretende que todas las personas tengan acceso físico y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa; lo que puede entenderse como concreción del vivir bien en términos estrictamente personales.

Además, define como ámbito de aplicación de la ley a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas; y a otras entidades públicas, privadas, mixtas, así como las y los productores individuales y colectivos, que directa o indirectamente intervienen o se relacionan con el desarrollo productivo, la seguridad y soberanía alimentaria (Art. 4).

Se dice que la ley se aplica en realidad en todos los ámbitos, públicos y privados, y con todos los actores productivos que tienen que ver con la soberanía y seguridad alimentaria. Pero aquí se abre lo que será el telón de fondo de esta ley: la incorporación o participación activa de lo indígena campesino en todas sus acepciones; productores pequeños o grandes, individuales o colectivos, organizados o no, de tierras altas y bajas, son los actores centrales de esta revolución, lo que es ampliamente reforzado más adelante en la redacción de la ley. No es que se ignore a los productores pequeños, medianos o grandes que no forman parte de estas nacionalidades y sus organizaciones, lo que se hace es poner en primer plano lo que estaba invisibilizado.

Para estos propósitos se desarrollan las políticas, espacios institucionales de definición y planificación, se crean nuevas instituciones e identifican fondos y mecanismos para la concreción de las políticas. Veamos lo que está en el fondo de las formulaciones de la ley.

 

Cómo se propone concretar los propósitos de la ley

El Art. 5 establece los alcances de la ley en los siguientes términos:

2. Reconocimiento de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas como Organización Económica Comunitaria - OECOM.

4. Planificación estratégica alimentaria participativa desde las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y, las y los actores de la economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas del desarrollo productivo agropecuario integral y sostenible.

9. Promover el proceso de gestión territorial indígena originaria campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas.

10. Fortalecimiento de las capacidades orgánicas, productivas, de transformación, comercialización y financiamiento de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, desde un enfoque intercultural que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales.

12. Transferencia de recursos a las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, además de otros mecanismos de financiamiento.

Este conjunto de disposiciones establecen los rasgos y roles que se asignan a los movimientos sociales indígenas y campesinos nucleados en comunidades, en el ámbito económico productivo, centralmente agrario. Se asigna a la comunidad la cualidad de organización económica, actor económico colectivo, rasgo que antes era asumido por otras instancias promovidas por iniciativas particulares; reconoce y promueve la participación de este actor en procesos de planificación del desarrollo y gestión de los territorios; abre la puerta para que las instancias estatales fortalezcan las capacidades internas para cumplir el objetivo de la ley; define como una suerte de requisito la transferencia de recursos públicos y de otras fuentes a las comunidades. Así planteados, este conjunto de elementos perfilan claramente la importancia de estos actores en la revolución productiva, los convierte en pilares básicos.

La ley define a la comunidad como el conjunto de familias indígena originaria campesinas, comunidades Ínter culturales y afrobolivianas que comparten territorio, cultura, historia, lengua y están organizadas legítimamente de acuerdo a sus normas y procedimientos propios (Art. 7, inc. 3). Al ser el sujeto principal, la ley también precisa el concepto y cualidades de las Organizaciones Económicas Comunitarias, para ello las reconoce como el núcleo orgánico, productivo, social y cultural para el vivir bien (Art. 8), que tiene la capacidad de gestión territorial y sus estructuras orgánicas territoriales para implementar la producción, transformación, comercialización y financiamiento de la actividad agropecuaria y forestal(Art. 9).

En el Art. lile reconoce el derecho de participar en el diseño de políticas públicas y ejercer el control social a la gestión pública del sector agropecuario, al destino de los recursos fiscales, a la calidad de los servicios públicos, al manejo transparente de la información en todos los niveles del Estado y al control social de las empresas e instituciones públicas y empresas mixtas en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, además de garantizar su participación en todos los niveles de gobierno del ámbito agropecuario a través de sus normas, procedimientos y estructuras orgánicas propias, en el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, el manejo y la gestión sustentable del agua, el aprovechamiento forestal, la consolidación del territorio indígena originario campesino y la planificación (Art. 10).

Con esto queda claro que este colectivo social se convierte en actor económico y núcleo donde poner en práctica la filosofía del vivir bien; rol que lo convierte en protagónico con las responsabilidades y ventajas que ello supone. Precisamente, las ventajas, o discriminación positiva, configuran claramente los alcances de su rol como actor en los espacios territoriales, en los espacios públicos de planificación y definición de políticas, y de control social en todos los espacios de ejecución de esta ley. Con estos postulados se revaloriza a la comunidad, se la reposiciona en sus roles y se la convierte en el centro de las acciones estatales y privadas, lo que ciertamente corresponde a demandas históricamente planteadas por las organizaciones que representan a las diversas comunidades. Esto debe entenderse como parte de la construcción del Estado Plurinacional.

Pero como la historia no es en blanco y negro, ni empieza con esta ley, más bien continúa con la esperanza de que sea diferente y mejor de la que discurrió hasta ahora, para su implementación es necesario tomar en cuenta algunos factores que ya están presentes en las comunidades, y que enunciamos a continuación.

Esta ley salva errores pasados que promovieron la creación de entidades paralelas o parcialidades que generaron muchos conflictos internos (como las OTB) y que obligaron a la modificación de sus estructuras organizativas tradicionales. Sin embargo, también hay que resolver cómo concatenar con organizaciones económicas existentes al interior de las comunidades y que tienen bastante tradición y experticia en el tema, cuyos núcleos más dinámicos se autodefinieron como OECA, con una estructura institucional a nivel nacional, para citar un solo ejemplo de los muchos que existen en el ámbito productivo. Además existen otras estructuras dentro de las comunidades como los comités de regantes, comités de gestión de proyectos específicos o de seguimiento a proyectos productivos con fondos públicos y privados.

Esto puede entenderse como una evolución en las tesis programáticas, especialmente de la CSUTCB, que postulaban la creación de brazos económicos de la organización con el fin de potenciar la economía comunal como soporte fáctico de una organización que debía disputarse el poder político. Entonces, ahora que se conquistó el poder político, correspondería al Estado efectivizar esas demandas y ya no se requerirían brazos económicos, sino convertir a la misma comunidad en actor político y brazo económico a la vez; ecuación ambiciosa y complicada.

Para tener una referencia actual sobre el tema habría que conocer los resultados, productos y procesos que se desarrollan con la ejecución del IDH a través del Fondo Indígena desde 2009; este balance podría dar algunas pistas para encarar la concreción de estos postulados, dado que existen dudas acerca del manejo de los recursos económicos y sus resultados; lo que se espera es que este fondo no corra el mismo destino del ex Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).

Por otro lado, entre las comunidades y organizaciones del campo corre la "línea o instrucción" de que todos los recursos, proyectos, iniciativas, etc. vinculados a ésta y otras leyes deberán ser canalizados "orgánicamente"; lo que significa que los niveles dirigenciales nacional, departamental y provincial tendrán la llave del grifo para abrir o cerrar los fondos dejando de lado a otras organizaciones también campesinas pero con larga tradición en la producción.

Además, los actores productivos agrarios tradicionales, especialmente de Santa Cruz, están incluidos en las acciones orientadas a lograr la soberanía y seguridad alimentarias, pero tienen roles más atenuados, más bien complementarios. Se conoce que existen varias mesas de trabajo entre el gobierno y la CAO que están atendiendo las demandas de estos sectores, mesas que están logrando acuerdos que viabilizan el uso de recursos públicos destinados para estos sectores. Habrá que esperar los resultados y conocer si las acciones concertadas son parte de una estrategia más amplia, a la que se sumarán las comunidades como actores fortalecidos.

 

La producción dirigida hacia la soberanía y la seguridad alimentarias

Es necesario identificar las pistas de uno de los temas de fondo, sino el principal: la base productiva, porque de la forma en que se la encare y construya sabremos si vamos en dirección de lograr la soberanía y seguridad alimentarias y si estamos verdaderamente respetando a la Madre Tierra. Entendemos por base productiva al conjunto de recursos naturales que constituyen la base de la producción agropecuaria, conformado por los recursos suelo, agua, flora y fauna de la Madre Tierra (Art. 7, inc. 3).

Entre las políticas formuladas en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Art. 12), cuatro de ellas se refieren de manera específica a la base productiva: 1) Fortalecimiento de la base productiva, 2) Conservación de áreas para la producción, 4) Fomento a la producción y 14) Gestión territorial indígena originario campesina.

La política de fortalecimiento de la base productiva (Art. 13) se propone fortalecer integralmente esta base con énfasis en los conocimientos propios, optimizando el acceso y uso del recurso agua a partir del manejo de cuencas, la recuperación de la fertilidad del suelo a través de un conjunto de acciones y la defensa de la biodiversidad mediante la recuperación y crianza de semillas nativas.

En relación al agua, la política promoverá el aprovechamiento y uso sos-tenible del agua para la producción de alimentos de acuerdo a las prioridades y potencialidades productivas de las diferentes zonas, mediante:

a)    La construcción y mejoramiento de infraestructura de riego y acueductos, identificando los mejores sistemas de captación de agua en cantidad y calidad, implementando tecnologías eficientes de uso del agua en parcela y la conservación del suelo, recuperando saberes, ciencia y tecnología.

b)    El almacenamiento de agua, a través de represas y reservónos, para garantizar su disponibilidad y uso durante periodos secos.

c)    El fortalecimiento de la autogestión de sistemas de aprovechamiento y manejo de agua con fines de producción agropecuaria, según los diferentes sistemas incluyendo prácticas ancestrales de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas.

d)    Estudios de calidad de agua y balances hídricos por cuencas y micro-cuencas que permitan el uso adecuado del agua en actividades agropecuarias protegiendo el suelo y la vida.

Para la recuperación de la fertilidad del suelo esta política establece que la gestión integral del suelo tendrá por objeto la recuperación de la cobertura vegetal del suelo en base a especies nativas e introducidas adaptadas, la disminución de la presión o carga animal mejorando la pradera nativa y el uso de especies forrajeras, el empleo de abonos orgánicos mediante el reciclaje de residuos orgánicos, sustitución y eliminación gradual de agroquímicos, prácticas ancestrales de conservación de suelos, terraceo, andenería, cercos, rotación de tierras, el mantenimiento de bosques y la biodiversidad, el aprovechamiento racional de los recursos forestales no maderables, agroforestería, fortalecimiento de la organización y gestión comunal para el uso de suelos en función de su vocación natural o aptitud de uso.

En tanto que para la protección e incremento de la biodiversidad establece dos líneas de políticas complementarias: semillas y recursos genéticos. En relación a los recursos genéticos define:

a)    El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) es la instancia encargada de garantizar la conservación y administración in situ (en el lugar de origen) y ex situ (fuera del lugar de origen) de los recursos genéticos de la agrobiodiversidad, parientes silvestres y microorganismos de las diferentes eco regiones del país, con la finalidad de evitar la erosión genética y asegurar su disponibilidad como fuente de variabilidad genética y primer eslabón de la producción agropecuaria.

b)    El Estado facilitará el acceso a recursos genéticos con fines productivos y de investigación para consolidar la seguridad y soberanía alimentaria del país, siempre y cuando su uso se enmarque en las políticas de protección y defensa de los recursos genéticos del país.

Mientras que para las semillas define que se promoverá y protegerá la producción, uso, conservación e intercambio de semillas de alta calidad que garanticen su provisión para la producción, mediante:

a)    El fomento a la producción de semilla de alta calidad priorizando los productos estratégicos.

b)    El estímulo a la recuperación, conservación, mejoramiento, producción y difusión de semillas nativas provenientes de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y de pequeños productores.

c)    El control de las actividades de producción, acondicionamiento, certificación, promoción y comercialización de semillas.

d)    La creación de bancos de semillas, fondos de semillas y centros de acopio que permitan conservar y generar reservas estratégicas de semillas promoviendo mercados.

e)    El fortalecimiento y generación de condiciones para el almacenamiento y conservación de semillas.

f)    Alianzas estratégicas con sectores privados que se dedican a la producción y acopio de semillas.

La política de conservación de áreas para la producción (Art. 14) vela por la conservación de las áreas de vocación productiva protegiéndolas del crecimiento urbano y el consiguiente cambio de uso de suelo:

1.    El MDRyT, como instancia técnica de monitoreo y gestión de la información agropecuaria, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, generará el Plan Nacional de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial para la Producción Agropecuaria y Forestal, identificando las áreas de vocación productiva y estableciendo las áreas estratégicas de producción, debiendo las entidades territoriales autónomas definir su ordenamiento territorial en base a los lincamientos nacionales.

2.    Se planificarán los asentamientos humanos y se delimitará el crecimiento urbano a fin de proteger las áreas de vocación productiva, en base a la política nacional de ordenamiento territorial.

3.    Se identificarán las áreas de vocación productiva en zonas periurbanas, permitiendo nuevos asentamientos humanos sobre superficies que combinen espacios de producción agropecuaria con espacios habitacionales y que no perjudiquen la actividad productiva.

4.    Se promoverá el crecimiento vertical de los asentamientos urbanos frente a la expansión urbana horizontal.

5.    Se promoverá la producción agropecuaria y forestal diversificada a través de la implementación de planes, programas y proyectos alternativos a fin de evitar la expansión de monocultivos.

6.    Las comunidades y territorios indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, en el marco de sus derechos y en ejercicio de la gestión territorial, y en base a los lincamientos nacionales definirán la forma de uso, ocupación y aprovechamiento de su espacio precautelando las áreas productivas en beneficio de la seguridad alimentaria con soberanía, de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la Madre Tierra.

La política de fomento a la producción (Art. 16) es general en su formulación y bastante somera en su redacción; establece que se fomentará un mejor y mayor rendimiento de la producción en el marco de la economía plural y de la producción tradicional, orgánica, ecológica, agropecuaria y forestal con destino al consumo interno que permita alcanzar la soberanía alimentaria así como la generación de excedentes, en el marco de los saberes, prácticas locales e innovación tecnológica en base a las formas de producción familiar, comunitaria, asociativa y cooperativa.

La política de apoyo a la gestión territorial indígena originario campesina, comunidades interculturales y afrobolivianas (Art. 28) es complementaria a las anteriores y, aunque amplia en su formulación, su redacción se orienta principalmente a indígenas y originarios dentro sus territorios; tiene como objeto apoyar los procesos de implementación, ejecución y financiamiento de Programas de Gestión Territorial Indígena - GTI, elaborados y presentados por las organizaciones matrices de los pueblos indígenas y naciones originarias, con el fin de promover y dinamizar el desarrollo organizativo, social, cultural, económico y productivo de los pueblos indígenas en sus territorios, destinados a mejorar su calidad de vida y contribuir a la seguridad con soberanía alimentaria, de acuerdo a sus saberes, tecnologías y valores culturales. Esta política es complementaria a las políticas y estrategias establecidas en la presente Ley a las cuales las naciones, pueblos y comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas pueden acceder y participar sin restricción alguna.

Hasta aquí recogimos las formulaciones de la ley relativas al tema de interés planteado inicialmente. La novedad es el reconocimiento de la comunidad como actor económico productivo y la protección de las áreas de vocación productiva del imparable crecimiento urbano. Lo que no es nuevo pero necesario es la concatenación de agua, suelo y biodiversidad como soporte de la producción de alimentos; lo reiterativo y por ello difuso, y con riesgo de perderse en la burocracia, es el fomento a la producción y el apoyo a la gestión territorial.

Antes de entrar en análisis de algunos aspectos reveladores de las políticas planteadas, parece pertinente apuntar algunos elementos respecto de la política de protección de las áreas productivas amenazadas por el crecimiento urbano, aspecto de inaplazable tratamiento debido al desarrollo urbano exponencial de las últimas décadas: Cobija, por ejemplo, de ser un departamento de población mayoritariamente rural, en los últimos 20 años se ha convertido en urbano y con tendencia a seguir creciendo en ese rumbo. Estos procesos migratorios, generalizados en todo el país pero más acentuados en las ciudades del eje troncal, ocasionan un crecimiento caótico de las manchas urbanas que al no estar planificados se han "comido" más del 50% de las áreas de cultivo agrícola que existían alrededor de la ciudad, como es el caso de Cochabamba y cuyo proceso aún no ha concluido.

En este fenómeno intervienen varios actores y factores que deberían tomarse en cuenta para encararlo seriamente, dado que sin una acción concertada no será posible. Este crecimiento urbano caótico involucra a varios actores y su manifestación son las urbanizaciones promovidas agresivamente por sus promotores, como los vendedores de terrenos vinculados -o no- a inmobiliarias que luego incorporan profesionales encargados de darle el toque de legalidad; normalmente son personas inescrupulosas que con documentos legales o fraguados ofrecen lotes a precios "accesibles" a sectores populares que necesitan llevar a sus familias a las ciudades; cuando se tratan de comunidades, a veces los dirigentes o pseudo dirigentes aparecen como vendedores.

Estos grupos tienen sus relaciones con el poder político en diferentes niveles, sea con las alcaldías, los ministerios o con el propio poder judicial; hacen uso de estas relaciones para consolidar sus negocios y cuando eso no es suficiente recurren a la presión movilizando a los "beneficiarios" bajo amenaza de quitarles los lotes. El circuito se completa en las alcaldías ya que apenas el 10% de los municipios del país tiene definida legalmente su área urbana y los gobiernos municipales se resisten o se entraban en los trámites para establecer sus manchas urbanas; esta situación de indefinición es el mejor condimento para el surgimiento de estas urbanizaciones, que luego por la presión y lo ya obrado no les queda otra que legalizar estos asentamientos.

En este sentido, operativizar esta política es urgente e imprescindible pero requiere de algo más que voluntad política y el compromiso fáctico de todos los actores y niveles estatales para hacerla cumplir, de lo contrario será una política más, expresión de buenas intenciones.

 

En busca de las pistas

A la hora de concretar las políticas, la realidad se encarga de poner todas las tonalidades para que el cuadro sea completo, con todos sus colores. A continuación, con una mirada histórica, describimos algunos aspectos que condicionan esas políticas, entendiendo que pueden ser útiles para la toma de decisiones.

Para este análisis tomaremos datos de los dos únicos censos agropecuarios (1950 y 1984) realizados en Bolivia e información del INE y de otras instituciones. Como es ampliamente reconocido -y por experiencia como ex servidor público-, existe una gran debilidad del Estado por poner a disposición pública datos oficiales y actualizados, razón por la cual, también en este trabajo se han agrupado los datos a partir de criterios que permitan hacer las comparaciones necesarias.

Si el objetivo de la ley es lograr la soberanía y seguridad alimentarias el primer y mayor problema que se debe entender y explicar es la situación de la producción de alimentos en el país. No contamos con información que explique cuál es la demanda de la población boliviana para satisfacer sus necesidades alimenticias, sólo existen estimaciones que dan algunas pautas al respecto. La Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria define como alimentos estratégicos al maíz, trigo, arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo, entendiendo que algunos son para el consumo directo, otros para su transformación y posterior consumo, y otros para la alimentación del ganado, que luego es consumida por la población como carne y leche. Lo que no se conoce es cuánto se requiere en cantidad de cada uno de estos alimentos, información que permitiría saber la superficie de tierras necesarias para su producción, la cantidad de insumos, la mano de obra, las inversiones y otros factores.

Utilizando otras fuentes para realizar el análisis, observamos en el siguiente gráfico la evolución de la superficie cultivada en el país en relación al crecimiento de la población:

Incremento de la población y superficie cultivada

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 1950, Censo 1984, INEy ex Superintendencia Agraria, citados por P. Gregorio Iriarte, OMI.

En la Bolivia esencialmente rural de 1950, con una población de 2.7 millones de habitantes, la superficie total cultivada era de 654.258 ha, que significa el 16% de la superficie de vocación agrícola intensiva en el país de acuerdo a información de la ex Superintendencia Agraria (4.064.750 ha) y el 3 % de la superficie de vocación agrícola extensiva (24.937.789 ha) según la misma fuente. En la Bolivia todavía rural de 1984 la población creció en 2.3 veces en relación a 1950 y la superficie cultivada ascendió a 859.727 ha, con un incremento de 1.3 veces en relación a 1950, superficie que significa el 21 % de la superficie con vocación agrícola intensiva y el 3 % de la superficie de vocación agrícola extensiva. Para el término de la primera década del presente siglo, en una Bolivia que se torna más urbana (64%), la población creció a 10.2 millones de habitantes, es decir, que se incrementó en 1.6 veces en relación a 1984, la superficie total cultivada es 2.9 millones de hectáreas, es decir que sufrió un incremento de 3.4 veces en relación a 1984, lo que significa el 72 % de la superficie de vocación agrícola intensiva y el 12% de vocación agrícola extensiva.

Estos datos permiten hacer algunas consideraciones necesarias. En el lapso de 60 años, entre 1950 y 2009 -indudablemente existen cambios sustanciales en cualquier país-, en Bolivia la población creció en 3.7 veces y la superficie cultivada en 4.4 veces, cuya tendencia más pronunciada en las últimas décadas se debe a la incursión de la soya, como se verá más adelante.

En esta relación entre población y superficie cultivada existiría cierto equilibrio en el crecimiento; del ejercicio aritmético resulta que en 1950 se cultivaban 0.2411 ha por habitante, en 1984 se lo hacía en 0.1375 ha y el 2009 se cultivaban 0.2867 ha; como se observa, la superficie cultivada por persona más bien incrementó. El ejercicio no estaría completo si no se repara en que el mayor incremento de superficie es de cultivos de oleaginosas, principalmente soya, destinadas al mercado y no a la alimentación, por lo que es necesario hacer el cálculo sin considerar a este grupo de cultivos.

Entonces, a los 2.411 m² que se cultivaban por persona en 1950 -que se pueden considerar básicamente para la alimentación de la población, porque en ese entonces no se cultivaba soya ni tampoco había exportaciones importantes de productos agrícolas-, en 1985 la superficie cultivada para la alimentación es de 1.155 m² y el 2009 alcanza a 1.503 m².

Entonces podemos concluir que la superficie destinada a cultivar los alimentos para la población, que cada día crece, más bien se ha reducido en algo más de 900 m²; cabe preguntarse si los bolivianos comemos menos cantidad de alimentos de origen agrícola que hace 60 años, ¿comemos menos alimentos pero de mayor calidad?, ¿o comemos alimentos que ya no producimos?

Por otro lado, por la tendencia en el incremento de la superficie cultivada, es previsible que al final de la presente década se llegue a ocupar el 100% de la superficie con vocación agrícola intensiva (4.064.750 hectáreas) y, como sabemos, la población seguirá creciendo pero la tierra no, entonces se presenta la necesidad de apurar definiciones para tomar previsiones a futuro.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la superficie cultivada efectivamente no necesariamente está ubicada en áreas de vocación agrícola, sabemos que los productores ocupan tierras que tienen otra vocación, así como se ocupan áreas de pastoreo en comunidades campesinas e indígenas, empresarios desmontan bosques para habilitar tierras para cultivos o pastizales. Este es un problema que se debe resolver para que las estadísticas reflejen la realidad, más aún si reconocemos que los planes de uso de suelo tienen limitaciones porque se realizaron hace como una década. Necesitamos datos actualizados. Estaremos todavía a tiempo para tomar estas definiciones urgentes si es que fenómenos como el cambio climático no nos ponen en mayores apuros.

Si existen cerca de 2 5 millones de hectáreas de vocación agrícola extensiva, será necesario centrar la atención en esas áreas para identificar de manera más precisa sus potencialidades y las acciones que se requieren tomar para habilitarlas y hacerlas productivas de manera sostenible; ciertamente eso supondrá inversiones enormes pero imprescindibles si el objetivo es garantizar la alimentación de la población con soberanía.

Ver como tierras agrícolas solamente a las que existen en Santa Cruz es desconocer la tradición agrícola de otros departamentos o regiones que siempre proveyeron, y lo siguen haciendo, de alimentos a los centros urbanos como Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, el área circunlacustre de La Paz y el gran mojos del Beni; o como es la tendencia muy fuerte últimamente de mirar a las tierras de vocación forestal para tumbar monte y volverlas agrícolas incluso sabiendo que sus suelos se agotan rápidamente.

Las mejores tierras agrícolas que tiene el país, que están en Santa Cruz, se destinan principalmente a la producción de soya cuyos beneficios se traducen en ingresos por exportación e impuestos, ciertamente importantes para el TGN, pero que como país estamos aportando principalmente al consumo de energía de la población de otros países. No se trata de definir si es más importante generar ingresos para el TGN o alimentar a la población, porque la respuesta es obvia, ambas son importantes, pero una de ellas es vital.

Lo anteriormente descrito plantea el desafío de que en Bolivia discutamos cuál es el requerimiento de alimentos por día para definir las políticas necesarias para la provisión de dichos alimentos, caso contrario será imposible que el Estado pueda decir que en algún momento ha logrado cubrir las necesidades alimentarias de la población.

Un ejemplo de ello es la noticia que dio el director del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en julio de 2011, que decía que debido a factores externos no se podrá cubrir la demanda interna de trigo y prometió que en dos años se cubrirá el 80% de la demanda interna y se continuará importando. En dicha nota de prensa se indica que la producción de trigo cubre el 43% de la demanda interna, que sería 631.000 toneladas por año, y se importará alrededor de 240.000 toneladas de trigo para cubrir el 80% de esa demanda, cuando en realidad se debería importar alrededor de 400.000 toneladas.

A raíz de esta nota, una de las razones explicadas por los productores fue la reducción de la superficie cultivada de 120.000 a 70.000 ha. Lo que corresponde decir es que la superficie que se requeriría para cubrir la demanda interna de trigo es de algo más de 400.000 ha en todo el país, con un rendimiento aceptable de 1.5 TM/ha, caso contrario se requeriría mayor superficie. Históricamente nunca se logró sobrepasar de 200.000 ha cultivadas en todo el país. Si los datos y cálculos son correctos, estaríamos lejos de tener trigo suficiente y ser soberanos en este rubro.

Ayudaría mucho para despejar estas dudas conocer el consumo de energía o consumo calórico por persona. El consumo de energía en países de Europa y EE.UU. (alto consumo) requiere de mayor superficie de tierra para cubrir este modelo de consumo, 6 ha en Europa y 10 ha en EE.UU.; la superficie requerida por habitante está compuesta por el área agrícola, la superficie destinada al pastoreo de animales para consumo humano, los recursos forestales, la extracción y producción de energía y minerales y el área urbanizada; misma que cada país calcula por el número de habitantes que tiene.

En países de bajo consumo energético, como el nuestro, el requerimiento es de menos de 1 ha por habitante, y como vimos, disponemos de 0.2 ha agrícolas por habitante pero que incluye a la soya que no la consumimos. Aquí encontramos otra pista: debemos saber qué superficie requerimos por habitante para cubrir nuestro consumo de energía y materias primas, dentro la cual calcularemos la superficie requerida para agricultura y ganadería, que igualmente forman parte de la alimentación. Se calcula que el promedio de requerimiento calórico diario en Bolivia es de 2.000 calorías, se necesita saber entonces qué alimentos componen este requerimiento para conocer su cobertura y cuánto y qué hace falta.

Pero si con la superficie requerida para producir alimentos tenemos dificultades, también tenemos problemas con los índices de productividad de los productos agrícolas. El siguiente gráfico muestra la superficie cultivada por grupo de cultivos en un horizonte de 20 años. Hay un comportamiento disímil en los distintos productos, hay algunos con tendencia creciente y otros con valores constantes; tal parece que la soya y los cereales acompañan el ritmo del mercado y el crecimiento de la población, en tanto que los otros, al contar con cierta regularidad, estarían más bien alejándose del crecimiento de la población.

Esto nos lleva a preguntarnos si la población está cambiando sus patrones de consumo, o si por lo menos no requiere ya las mismas cantidades de estos alimentos, principalmente frutas, verduras y tubérculos. ¿O es que el incremento en el hato ganadero no requiere mayor cantidad de forraje?, ¿o el ganado se alimenta de pastos naturales o al ramoneo?

Los estimulantes, que son básicamente el cacao y el café -y a pesar del consumo generalizado del segundo- tienen todavía relativa importancia y su producción abastece el mercado interno, dejando margen para la exportación; en tanto que el cacao está en inusitado desarrollo en los últimos años, de lo cual esperamos contar con resultados en el futuro próximo.

Es necesario también reparar en la situación de los cultivos más importantes; en superficie y valor económico los cereales y las oleaginosas son los cultivos que han tenido un crecimiento constante, siendo los rubros que concentran el 82% de la superficie cultivada el 2009.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Los cereales arroz, cebada, maíz, quinua, sorgo y trigo suman 1 millón de hectáreas cultivadas al 2009. De esta superficie el 40.5% es de maíz en grano, 19.9% es de arroz con cascara y 15.5% de trigo; el resto tiene superficies menores. El maíz cubre la alimentación de la población y la producción cárnica de animales de corral, especialmente pollo; el arroz cubre el consumo de la población con algunos sobresaltos, en tanto que el trigo, como lo anotamos antes, no logra cubrir la demanda interna, lo que obliga a importar cerca del 60% de dicho consumo. En general, en estos últimos años se han tenido que importar estos productos debido a su escasez. En cambio, la quinua es un producto que cubre la demanda interna, pero principalmente está destinado a la exportación con precios expectables.

Entre las oleaginosas se encuentra el algodón, caña de azúcar, girasol, maní, sésamo y soya; que suman 1.4 millones de hectáreas cultivadas al 2009. De esta superficie el producto estrella es la soya (64%), le sigue de lejos el girasol (22.3%) y la caña de azúcar (11.1%); más atrás se encuentran el algodón, maní y sésamo. Si sumamos los productos que se industrializan y tienen por destino principal el mercado externo, la soya y el girasol, tenemos que 86% de la superficie de las oleaginosas está destinada a la producción para la exportación, esa superficie excede en 200.000 hectáreas a la que está siendo cultivada para producir los alimentos de la población. La caña también es un producto que se industrializa, sin embargo, es para abastecer el mercado interno, que se cubre sin muchas dificultades hasta ahora.

Para tener una idea de lo que podría ser un punto de partida de aplicación de la ley y seguramente de la definición del plan estratégico de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, encargado al Consejo Plurinacional Económico Productivo (COPEP) para su elaboración con plazo perentorio a partir de su constitución (Disposición Transitoria Décimo Segunda), la superficie cultivada de los alimentos definidos como estratégicos por la ley se presentan en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Como se observa, la tendencia en los diferentes productos es irregular, aunque en general es creciente, suman 1.4 millones de ha, lo que supone el 50.3% de la superficie cultivada al 2009.

Hay mucha variación en las superficies del arroz y trigo, regularidad en la papa y la caña de azúcar; lo que requiere de un análisis más pormenorizado y técnico para identificar las causas de estas variaciones. El principal producto en superficie es el maíz en grano que está un poco por encima de las 400.000 ha.

Si este es el punto de partida para volvernos soberanos, podemos decir que a partir de estas 1.4 millones de ha habría 0.1458 ha por habitante; es decir, se dispondrían de 1.458 m² para la producción de los alimentos definidos como estratégicos que, como vimos, es una superficie de por sí deficitaria. Lo lógico, entonces, es definir cómo se incrementa la superficie o los niveles de productividad de estos cultivos estratégicos; o lo que podría haber sido el cambio del patrón de consumo de alimentos.

Para complementar el análisis en el siguiente cuadro se muestra los rendimientos (kg/ha) de tres productos importantes para la alimentación y la economía en un horizonte de 10 años: el maíz, el trigo y la soya.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

La tendencia del maíz y del trigo es creciente, leve pero creciente; en cambio, la tendencia de la soya es bastante irregular pero no es creciente, por lo menos en este periodo histórico. Se podría pensar en incrementar los niveles de productividad del maíz y el trigo, a la par de incrementar la superficie cultivada; recordemos que para cubrir la demanda de trigo se requiere cuadruplicar la superficie cultivada en base a los rendimientos actuales; entonces se requiere una acción combinada: incremento de superficie e incremento de niveles de rendimiento.

En cambio, si se observa el comportamiento de la soya, al parecer demandará mayores superficies para incrementar sus volúmenes, lo que plantea escenarios complicados si no se define una acción combinada similar a los anteriores productos. Si no se elevan los rendimientos se tendrá que recurrir a ampliar la superficie cultivada, lo que supone habilitar nuevas tierras o ampliar a tierras de otros cultivos; caso contrario, se planteará la opción de elevar la productividad utilizando semillas genéticamente modificadas y la incorporación de tecnologías que suponen importantes inversiones.

Ciertamente, el camino que se debe seguir es complicado: o incrementar la superficie (o frontera) agrícola o incrementar el apoyo estatal en términos de subvención, con lo que el mayor peso está en el Estado, dejando muchas veces con poco compromiso a los productores.

En el siguiente gráfico se muestra el rendimiento de los alimentos estratégicos, no se incluye la caña de azúcar por sus altísimos índices en relación al resto ni las hortalizas porque no se cuenta con datos agregados (aunque hay que anotar que la caña de azúcar tiene una tendencia creciente y su rendimiento está rondando los 50.000 kg/ha).

Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

En general, la tendencia de los diferentes productos es levemente creciente, con altibajos que dan la idea de ciclos temporales.

Para llevar a cabo una acción combinada de incremento de superficie y rendimiento es imprescindible saber cuál es la demanda interna en cantidad, calidad y oportunidad de los diferentes productos, ello ayudaría en la definición de las necesidades y consiguientemente del destino de las inversiones que se comprometen con la ley. Así sabremos si lo que se requiere es más tierras, mejores semillas, sistemas de riego, apoyo técnico y tecnológico, subvención para la producción, obras en gran escala o reubicación de cultivos, además qué actores pueden asumir mejor qué tipo de tareas para que los objetivos se cumplan, la política no se caiga y los recursos económicos sean bien invertidos. Sólo así podremos producir alimentos que nos permitan tener una vida sana y ser soberanos en términos de alimento.

Otro asunto muy importante es la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia, por lo que últimamente se insiste en la necesidad de ampliar la frontera agrícola o crear nuevos latifundios. Los resultados del proceso de saneamiento hasta el 2010, como se ven en el gráfico a continuación, muestran una tendencia en la estructuración de la tierra cuyos mayores beneficiarios son indígenas y campesinos, comparando los resultados de la distribución gratuita de tierras del periodo 1953-1996 y los resultados del saneamiento entre 1996 y 2006.

Resultados por tipo de propiedad (en millones de has)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INRA- Informe de gestión 2010.

Si bien el proceso no ha concluido ni se han intervenido todas las áreas de dotación del periodo 1953-1993,los resultados en la redistribución de las tierras son importantes. Sin haber descuidado ningún tipo de propiedad, los resultados muestran que, habiéndose ya intervenido en más de la mitad del territorio nacional, la mayor superficie reconocida con derecho propietario, individual o colectivo, es a favor de campesinos, indígenas y originarios.

De las 54.9 millones de hectáreas saneadas y tituladas, 35.056.509 ha fueron reconocidas con derecho agrario (63.82%) mientras que las 19.8 millones de hectáreas restantes fueron declaradas como tierras fiscales y, especialmente aquellas no disponibles, gozan de protección legal. De estas 35 millones de hectáreas con derecho agrario, 31.7 millones han sido tituladas a favor de campesinos, indígenas y originarios (90.57%) y el saldo a favor de la mediana propiedad y empresa agropecuaria.

Hay que reconocer que dentro de la pequeña propiedad se encuentran también propietarios individuales que no están afiliados a una organización o no forman parte de alguna comunidad, o que dentro de la propiedad comunaria figuran colonias menonitas que obtuvieron su título colectivo y se autodenominan campesinos, sin embargo, es claro hasta ahora el establecimiento de una nueva estructura de tenencia de la tierra en Bolivia.

En cuatro departamentos resta sanear más del 50% de la superficie objeto de saneamiento, mientras que en dos ya pasaron prácticamente la mitad de su superficie. La preocupación está en Tarija por el porcentaje de superficie faltante y en Cochabamba por la alta densidad predial que caracteriza a este departamento, además que -de acuerdo a la proyección según la meta establecida para el 2011- sería el único departamento con superficie mayor al 50% faltante.

Entre los departamentos con mayor superficie por sanear, en el Beni resta intervenir en áreas con mayor presencia de propietarios individuales dedicados a la actividad ganadera, lo que incrementará el tipo de propiedad mediana y empresa; en Cochabamba faltan las áreas de comunidades campesinas, lo que incrementará la superficie y beneficiarios de la pequeña propiedad; en La Paz falta intervenir el altiplano, valles y parte de los yungas, lo que incrementará la superficie y beneficiarios de la pequeña propiedad y la comunaria (se espera que en la pequeña propiedad existan parcelas por debajo de 1 ha).

En Tarija falta intervenir el municipio de Villamontes y los valles, lo que incrementará la mediana propiedad ganadera y la pequeña propiedad campesina, con algunas superficies pendientes para TCO guaraníes; en tanto que en Santa Cruz, que tiene una superficie importante que falta sanear, se intervendrá en la Chiquitanía y en las tierras de vocación agrícola intensiva con presencia de propiedad empresarial.

En este tramo restante también se prevé la identificación de tierras fiscales en superficies todavía importantes por los recortes en predios que no cumplan la función económica y social (FES), especialmente en Beni y en el Chaco, y algo de tierras baldías. Se incrementará la superficie de la pequeña propiedad, mediana propiedad y empresa agropecuaria, pero exponencialmente el número de beneficiarios en la pequeña propiedad, asimismo, la propiedad a favor de campesinos e interculturales superará en superficie a la de indígenas y originarios de tierras altas y bajas.

Es previsible que al concluir el proceso de saneamiento, indígenas, originarios, campesinos, interculturales y afrobolivianos sean dueños de las mayores superficies de tierra, en correspondencia con el número de su población, lo que significaría haber concluido con éxito una reforma agraria iniciada hace más de 50 años. Esto será posible siempre y cuando se mantengan la línea y el ritmo de la política agraria, ya que existen señales preocupantes en la actual administración agraria y grupos de presión que influyen en las decisiones.

El signo preocupante está en la propuesta de Ley de Tierras presentada por el Secretario Ejecutivo de la CSUTCB al presidente Evo Morales en la celebración del día del campesino; en resumen, el corazón de la propuesta campesina abre la posibilidad de que, mediante ley, se reconozcan los "asentamientos campesinos" (léase avasallamientos espontáneos o promovidos) en tierras fiscales, tierras presuntamente fiscales (propiedades privadas donde se identifican recortes), áreas protegidas y TCO; con el aditamento de que no se podría desalojar a quienes forman parte de estos asentamientos hasta que se concluya su trámite de dotación.

Esta visión apunta a ocupar tierras "fáciles", perdiendo de vista dos problemas estructurales: el latifundio y el minifundio, especialmente el primero que fue el motor que movió los procesos redistributivos de la tierra en nuestro país. Con esta propuesta se deja de lado la posibilidad de resolver este problema que tiene todavía casos pendientes, por eso se va por lo fácil (lo que nos recuerda el esquema de la "nacionalización" de autos chutos).

 

LEY N° 144 Y PROCESO AGRARIO

La propuesta plantea para el caso de las TCO la figura de pactos territoriales consentidos entre campesinos e indígenas, lo que obligaría al Estado a titular las tierras campesinas, así la TCO ya estuviera titulada. Esto significa abrir la puerta para que cualquier grupo, a título de campesino, realice su asentamiento, luego su pacto (consentido o presionado) para que las TCO se llenen de "nuevas" comunidades, de manera que ocupen esas tierras sin gente y hagan productivo a ese territorio ya que sus dueños no saben producir.

Esto estaría respaldado además por la institucionalidad que proponen, ya que el Consejo Nacional de Tierras, con participación social mayoritaria, es el encargado de aprobar el plan de distribución de tierras y sus ejecutores son los Consejos Provinciales. Podemos imaginar lo que sigue después en lo territorial y organizativo; esa es la preocupación de fondo de los indígenas del TIPNIS por los asentamientos cocaleros.

A partir de esa visión, que tiene mucho de los conquistadores llegados de España, se está diciendo que los protagonistas de esta propuesta (campesinos e interculturales principalmente) quieren las tierras de los nuevos latifundistas que serían los indígenas. Este criterio es totalmente errado, no sólo por ser ahistórico sino porque el Estado boliviano está en condiciones de resolver la "demanda" campesina sin mayores dificultades porque existen cinco millones de hectáreas disponibles para su dotación, es decir, que no tienen ningún impedimento legal para ser dotadas a los que necesiten, con los recaudos necesarios porque la mayoría de estas tierras son de vocación forestal.

Vistas así las cosas, desde esta mirada parcial de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria celebramos su existencia a la vez que nos preocupa su aplicación. De la información desarrollada podemos colegir que tierra para garantizar alimentos y ser soberanos como país existe en cantidad suficiente; lo que se debe cuidar es que los suelos no pierdan sus cualidades productivas, es decir, cuidar a la Madre Tierra desde la producción agropecuaria. Esto lleva a volcar los esfuerzos en los otros componentes vinculados a la producción agropecuaria, como la conservación y recuperación de semillas, recuperación y adaptación de tecnologías, gestión integral de cuencas para el riego, entre muchas otras, todo ello al alcance de productores y del Estado.

Está bien que se destinen recursos económicos y se preste asistencia técnica a quienes producen alimentos para la población, con el debido cuidado en erradicar la visión rentista que nos caracteriza a los bolivianos y evitar repetir historias del pasado. Pero, se debe reconocer que la historia nos ha cambiado y necesitamos partir con certezas para la elaboración e implementación de la ley y las políticas, para lo que necesitamos información básica debidamente respaldada y actualizada; de lo contrario, seguiremos a tientas y volviendo sobre nuestros pasos.

 

Bibliografía

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2011           Etnodesarrollo, tierra y vida: una alternativa a la crisis alimentaria y energética.

CSUTCB
2011 Anteproyecto de la Ley de Tierras, Bolivia.

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Iriarte, Gregorio
2004 Análisis crítico de la realidad - Compendio de datos actualizados OMI, Editorial Kipus, La Paz.

Ley N° 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Bolivia.
Paz Ballivián, Danilo; Zeballos Hurtado, Hernán
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