INTRODUCCIÓN

 

Introducción: hidrocarburos,política y sociedad 

 

 

Fernanda Wanderley*

 

* Doctora en Sociología por la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Coordinadora de Investigación y docente-investigadora del CIDES-UMSA. Coordinadora del Proyecto “Sociedades Inflamables: el caso boliviano”.

 

 

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El debate sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo económico es tan antiguo como inconcluso. Hasta los años 80 se pregonaba que la abundancia de recursos naturales era un factor positivo para el desarrollo. Walter Rostow (1961), importante teórico sobre el desarrollo, argumentaba que la disponibilidad de recursos naturales facilitaría el proceso de industrialización como ocurrió en Australia, Estados Unidos e Inglaterra. Economistas como Bela Balassa (1980) y Anne Krueger (1980) desarrollaron argumentos en la misma línea, silenciando las lecturas sobre los problemas estructurales que enfrentan los países cuyo crecimiento se sostenía sobre la exportación de recursos naturales (Singer, 1950; Prebisch, 1950; Furtado, 1963; Cardoso y Faleto, 1979).

Contrariando esta visión, una importante literatura viene acumulando evidencias y argumentos sobre la relación inversa entre, por un lado, abundancia de recursos naturales y, por el otro, crecimiento económico, consolidación democrática, disminución de la pobreza y desigualdad social (Humphreys, Sachs y Stiglitz, 2007; Acosta, 2009). En lugar de concretizarse las expectativas de prosperidad económica y social, el descubrimiento de petróleo y gas se mostró fuertemente correlacionado con bajo crecimiento económico, altas tasas de pobreza, desnutrición, analfabetismo infantil, corrupción, autoritarismo y endeudamiento. Estas evidencias llevaron a la caracterización de muchos países exportadores de petróleo y gas como víctimas de la “maldición de los recursos naturales” (“resource curse”) y de la “paradoja de la bonanza” (“paradox of plenty”).

Pese a estas evidencias, se observa grandes variaciones de resultados entre los países ricos en recursos naturales; algunos tuvieron resultados mucho mejores que otros en términos de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo. De la misma manera se constata diferencias importantes en términos de bienestar social y otras variables políticas entre los países con abundantes recursos naturales. La variación de los efectos de la dotación de los recursos naturales sobre la calidad de vida de los ciudadanos también es grande al interior de ellos. Diversos marcos teóricos y metodológicos abordan estas paradojas y proponen recomendaciones de políticas para gestionar los recursos naturales y prevenir los problemas recurrentes que enfrentan la mayoría de los países ricos en recursos naturales (Rosser, 2006). En el transcurso de todo este amplio debate, lo único indiscutible es que las preguntas sobre las condiciones que determinan las ventajas o desventajas de los recursos naturales para el desarrollo socio-económico y político siguen sin respuestas conclusivas.

Una nueva generación de estudios aboga por explicaciones que incorporen el rol de las fuerzas sociales y políticas en la construcción de las trayectorias de desarrollo de los países con abundantes recursos naturales (Watts, 1996; Schrank, 2004; Snyder y Bhavnani, 2005). Reclaman la inclusión del tema de la legitimidad (factibilidad) política y los costos medio ambientales, en articulación con las cuestiones de eficacia y eficiencia económica y con los temas de equidad y derechos ciudadanos para explicar las divergentes experiencias de los países ricos en recursos naturales. Estos estudios proponen que la comprensión de los factores históricos y sociales, que intermedian la disponibilidad de recursos naturales y los resultados sociales, económicos y políticos, es fundamental para fortalecer las esferas públicas de construcción de acuerdos colectivos sobre cómo gobernar el petróleo y el gas natural.

El presente número de la Revista Umbrales se inscribe en estas preocupaciones y aproximaciones. Reúne trabajos que abordan los procesos de formulación e implementación de las políticas hidrocarburíferas como parte de entramados de relaciones sociales, simbólicas y económicas que escenifican continuas disputas de poder, legitimidad y control de recursos. La atención se vuelca hacia las configuraciones socio-políticas, los significados de soberanía y los debates sobre modelos de desarrollo; procesos que articulan la gestión hidrocarburífera con la continua configuración de los Estados nacionales, con las culturas políticas, los imaginarios colectivos y las estrategias de participación en el espacio público. Se pone en primera plana las tensiones entre agendas, intereses y visiones, las pugnas entre actores en condiciones asimétricas de poder y las trayectorias de construcción de esferas públicas en las que se truncan o se definen acuerdos más o menos estables y factibles sobre las políticas de los recursos naturales.

La mayoría de los artículos reunidos en la presente publicación son resultado del proyecto de Investigación “Sociedades Inflamables” en el que participan investigadores de diferentes universidades que estudian el desarrollo de las industrias de hidrocarburos en países ricos en petróleo y gas natural desde la triangulación Estado, Sociedad y Economía. (www.cmi.no/flammable-societies). En el marco del proyecto Sociedades Inflamables, auspiciado por Chr. Michelsen Institute y coordinado por la Universidad de Bergen-Noruega en asociación con el cides-umsa, los trabajos que publicamos en esta oportunidad se beneficiaron de dos espacios de reflexión en el año 2009: el “Seminario Internacional Sociedades Inflamables – el rol de la Industria del gas y del petróleo en la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad social” realizado en la ciudad de La Paz y la mesa “Realidades y Alternativas Económicas” en la 5ª Conferencia de la Asociación de Estudios Bolivianos realizado en la ciudad de Sucre.

En el tema central de la revista, siete artículos discuten la relación entre el desarrollo de la industria de hidrocarburos, la construcción estatal y las dinámicas políticas y sociales en Bolivia. Cada uno de los trabajos analiza cuestiones específicas de la experiencia boliviana de los últimos 15 años desde perspectivas teóricas y entradas metodológicas diversas. El conjunto de los artículos nos invita a reflexionar sobre la complejidad de los dilemas actuales de la gestión hidrocarburífera y a articular las tensiones que enfrenta el nuevo modelo de desarrollo “extractivista-plurinacionalista” en nuestro país.

El primer artículo, a cargo de Leila Mokrani, ofrece una revisión de los cambios en las políticas hidrocarburíferas en los últimos 15 años, destacando los elementos que han caracterizado el tránsito entre lineamientos extremos de políticas. Analiza los resultados opuestos de la reforma liberal de 1996 y la reforma estatista de 2006 en términos de flujos de inversión y recaudación tributaria. Mientras la primera reforma logró resultados significativos en términos de inversión para la consolidación del sector energético, la segunda reforma logró recaudaciones tributarias sin precedentes históricos en el país pero abrió una fase de estancamiento en las inversiones. La autora alerta sobre los riesgos presentes para la consolidación del sector y la reproducción de la renta y, consecuentemente, la sostenibilidad de las políticas redistributivas y la autosuficiencia energética. Más allá de la evaluación de los resultados objetivos de los esquemas aplicados, Mokrani nos invita a reflexionar sobre nuestra permanente situación de cambio en las reglas de gestión sectorial, la tendencia histórica de repetir ciclos de políticas que se habían agotado por sus propias limitaciones y la necesidad de aprender de nuestra rica experiencia sectorial para consolidar un modelo de gestión propio, que se sostenga sobre las condiciones técnicas y económicas de la industria de nuestro país y la lectura adecuada del mandato social.

El segundo artículo de Alice Guimaraes complementa la investigación de Mokrani con una lectura de las tramas sociales y simbólicas en que se inscribió la primera reforma liberal del sector de los hidrocarburos en 1996. A través de la reconstrucción del debate público en los medios de comunicación, la autora identifica las ideas, percepciones, significados y valores que subyacían e informaban a los defensores y críticos de la capitalización de la empresa petrolera; trayectoria que, diez años después, culminó en la segunda reforma de corte estatista. Guimaraes muestra cómo la discusión pública sobre la gestión hidrocarburífera y, más específicamente, el futuro de la empresa estatal petrolera boliviana, dividió la nación en dos grandes grupos, ambos asegurando la defensa de los intereses nacionales. Se constata que las cuestiones más técnicas relacionadas a la gestión de los hidrocarburos y la factibilidad de las distintas propuestas para el sector, aunque no estuvieron ausentes, se quedaron obscurecidas por un debate más ideológico sobre los modelos de Estado, Sociedad y Economía en el marco de visiones contrapuestas de modernización y soberanía. Esta lectura nos permite comprender cómo los cambios de las políticas hidrocarburíferas en Bolivia se dieron a partir de una compleja trama de intereses, percepciones y objetivos que se vincularon a la recuperación de la memoria social de diferentes horizontes históricos y su proyección a temáticas más amplias sobre el Desarrollo.

El tercer artículo, de autoría de Isabella M. Radhuber, propone analizar el proceso actual de construcción estatal boliviana desde un enfoque teórico que subraya la dimensión relacional del Estado en tanto materialización de correlaciones de fuerza y órdenes simbólicos, donde la política pública y los aparatos estatales se configuran desde contradicciones sociales y sus contenciones. La autora explora la relación entre los cambios en la correlación de fuerzas sociales y sus imaginarios en la última década, el actual concepto de desarrollo y las iniciativas económicas y sociales que resultan de estas conceptualizaciones. Enfatiza la centralidad de los recursos naturales en la organización del Estado boliviano y en el nuevo marco de acción socio-político. A través de la descripción de los flujos financieros y de las políticas económicas y sociales, Radhuber defiende que el actual gobierno se orienta hacia la democratización económica en articulación con un proceso más amplio de democratización social y política. El artículo concluye con consideraciones sobre los desafíos que enfrenta el nuevo modelo económico e indaga sobre el alcance que tendrá el Estado en el fomento de un modelo económico plural y social-comunitario. Pondera el riesgo de que las formas económicas alternativas queden subordinadas a los ingresos del Estado y a la renta de los recursos naturales, los cuales surgen de una lógica económica capitalista y son generados en el marco de iniciativas propias del capitalismo de Estado.

El cuarto artículo de Denise H. Bebbington y Anthony J. Bebbington nos invita a analizar las tensiones actuales entre las lógicas territoriales de los proyectos indígenas y la lógica política del nuevo Estado boliviano. Discute las paradojas que enfrenta el nuevo Estado para responder a los diferentes compromisos asumidos con los sectores y grupos sociales. La expansión de las industrias extractivas para financiar los nuevos programas sociales dirigidos a reducir la desigualdad en la distribución del gasto público, el ingreso interpersonal y a compensar los desequilibrios geográficos y políticos, conllevan procesos que, paradójicamente, reproducen formas más tradicionales de desigualdad e inequidad, al mismo tiempo que producen nuevas dimensiones de las mismas. Los autores analizan cómo la estrategia de territorialización del Estado central asociada al gas natural va a contracorriente de los proyectos de territorialización locales de los pueblos indígenas, específicamente del pueblo indígena Weenhayek del Chaco de Tarija. Los autores concluyen que pese a que los diferentes procesos de movilización social presentes en la sociedad boliviana han podido contrarrestar las inequidades que los afectan, estos procesos de movilización social no han convergido a la creación de una esfera pública en la que los actores involucrados puedan transitar hacia un acuerdo relativamente estable respecto a lo que ellos, en términos colectivos, consideran justo para gobernar el gas.

El quinto artículo de Bret Gustafson, en una línea de reflexión similar al trabajo anterior, realiza un recuento de los conflictos sobre la Tierra Comunitaria de Origen (tco) Guaraní de Alto Parapetí durante el primer gobierno de Evo Morales, poniendo en cuestión las relaciones emergentes entre gas, los significados de soberanía, el Estado y los proyectos territoriales indígenas. El autor argumenta que los conflictos en Alto Parapetí escenifican dos momentos de transformación de soberanía: el primero, con el desmantelamiento parcial de los poderes locales (hacendados y sus redes) mediante la movilización de cuerpos indígenas resignificados como ciudadanos sacrificables y, el segundo, con la movilización de colectividades e imaginarios indígenas que, frente a la violencia colonial del pasado y del presente, buscan articular nuevas visiones territoriales al proyecto de refundar la soberanía (pluri) nacional. La presencia de un megacampo de gas natural (Incahuasi) en esta región genera nuevas tensiones éticas y políticas entre el esfuerzo estatal de construir soberanía hegemónica y los esfuerzos de los movimientos de defender diversos proyectos de gestión territorial. El modelo extractivista-plurinacionalista enfrenta nuevas cuestiones éticas y políticas: ¿Cómo se articulan las presiones extractivistas con los proyectos históricos de los pueblos indígenas?; ¿Será que el gas viabiliza nuevas soberanías que rompen los esquemas del colonialismo? O ¿El caso Parapetí fue solamente una táctica para consolidar la hegemonía estatal y entablar un intercambio desigual entre el Estado y el pueblo Guaraní, para luego dar paso a una situación donde el gas es el soberano absoluto?

El sexto artículo de John McNeish analiza las dinámicas políticas alrededor de los recursos naturales en el Departamento de Tarija y argumenta que estos proveen señales importantes sobre los vínculos existentes entre las políticas de autonomía y las políticas de recursos dentro de la región. El estudio etnográfico de las protestas y bloqueos durante 2009 resalta aspectos importantes e ignorados sobre las dinámicas alrededor de los recursos en Tarija, los cuales sirven para una reflexión más amplia sobre las políticas de los recursos naturales. El autor argumenta que las protestas no son solamente motivadas por una racionalidad económica orientada a aumentar los ingresos y los estándares materiales. Además del deseo de adquirir más, las protestas se fundan sobre identidades regionales y sociales y se alimentan de sentidos cambiantes y disputados de soberanía. El trabajo concluye que para encontrar soluciones a largo plazo para los conflictos en torno a los recursos, es necesario considerar las ideas contrastantes sobre soberanía que están asociadas a los recursos naturales.

El séptimo artículo de Leila Mokrani y Mauricio Medinaceli realiza una evaluación de dos instrumentos de protección social en actual aplicación –el Bono Dignidad y el Bono Juancito Pinto– los cuales constituyen instrumentos de transferencia monetaria directa que son financiados a través de la renta generada por la explotación de hidrocarburos. El artículo propone dos preguntas: ¿Estas contribuciones incorporan en su estructuración mecanismos idóneos para llegar a la población objetivo y para la consecución de resultados que se esperan de su aplicación?, y ¿Cuál es el impacto sobre la distribución del ingreso y la pobreza, de este tipo de bonos, tomando en cuenta que su financiamiento depende, casi directamente, de los precios del petróleo? El estudio concluye que las familias más pobres incorporan una cantidad más que proporcional del monto total del Bono Juancito Pinto mientras la progresividad es más moderada en el caso del Bono Dignidad. También se ha evidenciado que la entrega del Bono Juancito Pinto incrementa la probabilidad de asistencia de los niños(as) a la unidad educativa, paralelamente a la importancia de otras variables socio-económicas. El estudio recomienda el perfeccionamiento de los mecanismos de transferencia como la evaluación de los criterios de focalización, la determinación de los montos de transferencia para la permanencia escolar, la reducción del trabajo infantil y la inclusión de parámetros específicos para el control de condicionamientos.

En la sesión de aportes de la Revista, se publican estudios comparativos de experiencias internacionales de países exportadores de petróleo y gas. Los artículos discuten las trayectorias diversas de desarrollo, los diferentes roles que juegan los Estados nacionales, las iniciativas de los actores económicos y sociales en la construcción de institucionalidades para la gestión de los recursos naturales y los desafíos futuros que imponen la industria hidrocarburífera en los procesos de integración global.

El artículo de Andrew Cumbers investiga, comparativamente, la relación entre la gestión de la industria petrolera en el Mar del Norte y las trayectorias de desarrollo recorridas por el Reino Unido y Noruega. El estudio muestra que, en ambos países, el Estado ha cumplido roles activos, aunque diferentes, en el desarrollo de sus respectivas industrias petroleras: mientras el Reino Unido siguió un camino más orientado al libre mercado, en el cual el Estado articuló un ambiente más favorable a las empresas y corporaciones multinacionales, la vía noruega ha favorecido el desarrollo de su naciente industria petrolera con medidas que condujeron a una mayor diversificación productiva y la descentralización regional de la industria. Además de la tipificación de los dos modelos de intervención estatal y sus resultados en términos de desarrollo, el artículo explica cómo las diferentes estrategias estatales reflejan los equilibrios diversos de relaciones de poder entre intereses en competencia que conforman los dos Estados nacionales.

El artículo de Anthony Bebbington realiza un análisis comparativo de las políticas recientes de expansión de las industrias extractivas de tres países andinos: Perú, Ecuador y Bolivia. Muestra que, no obstante las diferencias entre los proyectos políticos de los gobiernos actuales, sus políticas frente al sector extractivo revelan convergencias. En todos ellos, el sector extractivo genera los recursos necesarios para financiar políticas sociales y de reducción de la pobreza; ha habido crecientes niveles de descontento frente a la expansión extractiva; y, en las respuestas gubernamentales, los intereses nacionales priman sobre los intereses locales. Bebbington analiza la tendencia común en los tres países hacia discursos gubernamentales que deslegitiman los actores locales y organizaciones de la sociedad civil que cuestionan la expansión del sector extractivo. Discute además que, pese a las diferencias propuestas relacionadas a la propiedad de la industria extractiva (más estatista en Bolivia y Ecuador y más privada en Perú), las implicaciones ambientales y sociales de la extracción son mucho menos variables. Advierte que los gobiernos de Bolivia y Ecuador están igualmente predispuestos a permitir la expansión de sus actividades extractivas en zonas de ecología frágil y protegida y a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas que residen en los territorios de industrias extractivas a una consulta libre e informada y mucho menos su consentimiento completo. El artículo pone sobre la mesa los peligros de la expansión extractiva para la consolidación democrática y los desafíos futuros en términos de construcción de institucionalidad para la regulación ambiental y el respeto de los derechos de las poblaciones locales.

El artículo de Anna Zalik analiza los conflictos por la extracción de petróleo en dos campos petroleros –las arenas bituminosas de Alberta en Canadá y el Delta de Niger en Nigeria–. Más específicamente propone una lectura sobre los programas de asuntos públicos de las empresas petroleras, también conocidos como la “licencia social para operar”, como una extensión de los procesos de gobernanza social industrial y autorregulación corporativa. El texto explora las estrategias de mediación entre la industria petrolera y las comunidades en dos campos petroleros que, por su carácter de enclave territorial y aislamiento de los grandes centros urbanos, configuran disputas socio-territoriales claramente “localizadas”, pero con resonancia globalizada. En este sentido, discute la globalización de las estrategias de gobernanza de la industria del petróleo y gas, por un lado, y las estrategias de resistencia popular al capitalismo extractivo, por el otro.

En los últimos años, la reflexión nacional sobre la gestión del gas natural generó una importante colección de publicaciones que viene alimentando el debate público nacional. El presente número de la Revista umbrales publica dos reseñas de libros recientes: El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales de Fernando Molina, a cargo de Henry Oporto y, Gas y política. Una geopolítica explosiva de Carlos Miranda Pacheco y Javier Aliaga Lordeman, a cargo de Carlos Toranzo.

A propósito de la lectura del libro de Fernando Molina, Oporto reflexiona sobre el momento político actual que, según el autor, confirma la vigencia del “mito del eterno retorno” en la historia boliviana: la vuelta recurrente de la idealización del pasado, la tradición política revolucionaria y la estadolatría. El libro de Molina plantea la tesis de la existencia de otro mito constitutivo de la sociedad boliviana: la fetichización de los recursos naturales y la dimensión sobrenatural que estos adquieren en el imaginario social y que hace que sean objeto de adoración colectiva. El libro aborda las raíces simbólicas del nacionalismo rentista en Bolivia e ilumina las razones del masivo apoyo popular a la política de nacionalización del gobierno de Evo Morales.

El libro de Carlos Miranda y Javier Aliaga, reúne dos artículos: el primero analiza las relaciones del gas y la política y el gas como partero de una geopolítica explosiva; el segundo trabaja la relación entre Estado rentista, desarrollo económico y régimen político. En relación al primer artículo, Toranzo nos invita a leer la fascinante historia política-energética que desarrolla uno de los más importantes especialistas del tema en Bolivia. En medio de la amplitud y profundidad del análisis internacional y nacional de la política energética, Miranda reconstruye los procesos políticos que resultaron en la apertura de los mercados de Argentina y Brasil para Bolivia y, posteriormente, la pérdida de la oportunidad de concretizar el proyecto de conversión de Bolivia en el centro energético de la región. El segundo artículo de Aliaga, analiza la política de los años del boom, antes y después de la elección de Morales, y puntualiza cómo en esta última fase resurgieron las prácticas políticas rentistas, clientelares y corporativas. Ubica muy bien al Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos como renta asignada y como terreno práctico de lucha por las rentas y no de la discusión sobre la industrialización del país o de la modernización del sector hidrocarburos. El autor abre la discusión sobre cómo gobiernos basados en excedentes gasíferos pueden tornarse autoritarios y tener dificultad para hallar soluciones concertadas con grupos opositores, no sólo en la distribución de la renta, sino en otras áreas políticas.

El conjunto de los artículos reunidos en la presente publicación, propone importantes cuestiones para la agenda futura de investigación y del debate público. Reafirma que la gestión de los hidrocarburos está en el centro de los desafíos que enfrenta la construcción del nuevo modelo de desarrollo en Bolivia y de políticas coherentes que conduzcan al cumplimiento de las expectativas de crecimiento sostenible de la riqueza, el incremento sustantivo del bienestar social (a través de la erradicación de la pobreza y de la distribución equitativa de recursos y oportunidades), en un marco democrático e intercultural de convivencia social y responsable con la naturaleza.

También nos dejan el mensaje de que el nuevo desafío del proceso de cambio es la construcción de institucionalidades sociales y políticas que posibiliten el debate público plural, informado y libre y la emergencia de nuevas prácticas de negociación con el destierro de los mecanismos de cooptación y corrupción. Reclaman la consideración seria y pragmática, por parte de las autoridades e instancias responsables de la formulación e implementación de las políticas públicas, de los diversos modelos de desarrollo y de administración territorial que se están gestando en diferentes espacios de la sociedad civil.

Lo que está en cuestión es la profundización democrática y el tránsito hacia acuerdos colectivos relativamente estables, los cuales dependen de innovaciones institucionales con capacidad de gestionar (y no suprimir) las tensiones y disputas entre agendas, intereses y perspectivas y conducir las discusiones y negociaciones hacia la consolidación de nociones y principios colectivos que transformen nuestra cultura política rentista, prebendal y clientelar. Este cuerpo de estudios nos invita a asumir, con humildad y urgencia, el hecho de que mucho queda por hacer en la pavimentación de los caminos hacia la superación de la “maldición de los recursos naturales”.

 

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