ARTICULOS ESPECIALES

 

Aspectos sociales y legales del aborto

 

 

Dr. Rubén Darío Costa Benavides
Especialista en Primer Grado en Ginecología y Obstetricia
E-mail: dubylin@yahoo.com

 

 

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El aborto es un tema complejo desde cualquier vía que se lo aborde, puesto que siempre presentará distintos criterios humanos dependientes de la cultura, religión, profesión, situación socioeconómica y moralidad. En el texto ¿LIBERJZAR EL ABORTO? detalladamente redactado por profesionales juristas, moralistas y ginecólogos a la cabeza del Dr. J. Ferin, se expone que el principio esencial de la medicina es preservar la vida del ser humano y sin embargo, es al ginecólogo al que a veces se le pide que la destruya. La pregunta es: ¿tenemos derecho a hacerlo?.

El resultado de esa conducta se halla estructurada en los distintos cuadros que son capaces de comprometer la vida de la mujer y cuyo embarazo esta contraindicado, así como también en aquellos que se detecta malformaciones fetales incompatibles con la vida o con el resultado de adversidades familiares, sociales y económicas dificiles de superar. A estos elementos, se suman aquellos embarazos resultantes de violación o estupro, que juegan un papel complejo en los campos legales, morales, sociales y culturales en los diferentes estados. El aborto criminal es sancionado por los distintos códigos penales en casi la totalidad de los países latinoamericanos por hallarse catalogado dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, influenciando negativamente en las tasas de mortalidad materna y fetal, mismas que son indicadores en salud de cada país. Es claro que el aborto provocado se ha constituido en todos los sectores sociales un proceder tan generalizado, que se podría decir que constituye una verdadera endemia. 1

Surgen pues distintas interrogantes respecto al por que de esta situación. Cuando se hace una retrospectiva histórica de la humanidad, se determina que la misma ha sido labil a pestes, guerras, desastres naturales e incluso hambre; que los grandes lideres evocaban a la alta fertilidad como algo absolutamente necesario para la perpetuación de la especie, siendo las grandes familias dignas de aprecio social y no así las que no tenían hijos o menos numerosas. Este hecho se vio favorecido por la situación doméstica de la mujer, cuya tarea estaba dedicada a engendrar y que la condujo a ocupar un lugar secundario en la sociedad tradicional. Hoy, que las condiciones de vida, garantizan una igualdad de géneros y en que la mujer juega un rol indiscutiblemente importante en las funciones de la sociedad, además de su independización económica que la hace dueña de sus decisiones y actitudes tan legitimas como reales; se ha impuesto la posibilidad de que sea la mujer quien pueda determinar la interrupción de un embarazo no deseado.2Esta aseveración es dada debido a que en la actualidad existen razones jurídicas en algunos países que reconocen a la mujer como ser independiente, capaz de disponer libremente del fruto de su vientre como parte de su cuerpo.

Por supuesto también, que la sociedad moderna incursiono en los valores basados en el cumplimiento de obligaciones necesarias para la propia familia como núcleo social. Incluso, en muchos grupos humanos las familias "sienten" la necesidad de limitar el numero de hijos. Entonces podríamos preguntar sí: ¿el control de la natalidad es una necesidad social que impera dentro del matrimonio y en toda situación de pareja?. Sin embargo, cuando se habla públicamente de aborto en los distintos niveles de la sociedad todos sienten la necesidad de condenarlo.³

El análisis que hacen los doctores Calandra, del Valle, Olivares, Regueira y Mormandi en su texto titulado "Aborto: estudio clínico, psicológico, social y jurídico", permite entender la conducta respecto al aborto en los distintos grupos sociales, reuniendo dentro de un Primer Grupo a aquellos seres cuyo desarrollo económico no existe, con niveles de vida bajos y que no tienen un control de natalidad, con una tasa de fecundidad alta como resultante. Un Segundo Grupo orientado a la "clase media" en el que existe un ascendente control de natalidad disminuyendo la taza de fecundidad. Y finalmente un Tercer Grupo más apreciable en países desarrollados en el que existe un control mas eficaz y por ende una menor fecundidad.

El control de la natalidad se halla íntegramente delimitado por el aborto provocado y los diferentes métodos de planificación familiar. Transcribo también de dicho texto el siguiente cuadro donde se expone la relación de estos componentes.

Todos estos conceptos conducen a divergencias de criterio, en los que la iglesia católica también ha adoptado una posición más cerrada, no solo al no aceptar el aborto en cualquiera de sus formas, sino también censurando el uso de métodos para prevenir embarazos.3 Las bases teológicas afirman que los valores fundamentales provienen de Dios mediante la revelación bíblica y no de la situación humana solamente. Tampoco es justificable la recurrencia al aborto Inducido como recurso al desconocimiento de métodos preventivos y menos aún al no deseo de su uso.

A pesar de ello el Profesor D.V. Glass en Inglaterra dice que: "difícilmente puede considerarse al aborto como método ideal de prevención natal. Sin embargo, dado los defectos de las actuales técnicas anticonceptivas, debe considerarse realista una política que tienda a incrementar el acceso al aborto legal".

Este planteamiento es muy entendible si consideramos que la mujer que ha tomado la decisión de interrumpir su embarazo por más de los consejos disuasivos que le planteemos, controlaría por lo menos las complicaciones graves y muchas veces fatales del aborto clandestino.4 Surge entonces el concepto de F. Werthan: "si hoy damos a una madre el derecho legal de matar a su hijo (todavía por nacer), el cual es una carga social para ella, mañana tendremos que dar lógicamente el derecho al hijo de matar a su madre, que ha llegado a ser una carga social para él". Si bien en varios de los países europeos, asiáticos y Estados Unidos de Norte América, la práctica del aborto inducido es legitima en mujeres con embarazos no deseados, en Latinoamérica aún se presentan diversidad de criterios legales que van desde la negatividad completa hasta la aprobación legal y justificación como condición en casos delictivos, honoris causa, riesgo de muerte materna y malformaciones fetales severas. Los únicos países que tienen ley amplia son Cuba, Barbados y Puerto Rico.

También se registra en países más progresistas una tendencia a la legalización amplia del aborto, disminuyendo las medidas legales que restringen su práctica y que obligan a la clandestinidad. Aunque existe similitudes en los códigos penales de toda Latinoamérica, la legislación específica no se interpreta con el mismo rigor en cada país y en la mayoría se imponen requisitos comunes, como que el aborto sea realizado por médico diplomado especialista y que la mujer o representante legal hayan presentado su consentimiento. Los códigol de Ecuador, México y Panamá guardan muchas similitudes al nuestro, con falencias para algunos grupos humanos y condescendencias exageradas y atropelladas para otros.5 De todas formas, mientras existan puntos encontrados y con decisiones absolutas e inobjetables por todos menos por la mujer involucrada, aún no podemos agruparnos a las llamadas naciones progresistas. El autor Gonzalez Asencio afirma que debería existir la posibilidad real de interrumpir el embarazo y dejar a los particulares en libertad para optar por esta práctica si su "moral" o "ética" se lo permiten.

El hecho real es que las distintas penalizaciones sostienen la intención de controlar la práctica clandestina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1998 señalo que en América Latina y el Caribe se realizaron 30 abortos inseguros por cada 1000 mujeres entre las edades de 15 a 49 años, estimándose que de 20 millones de abortos inseguros que se producen en el mundo, 4 millones son de América Latina, además que algunos estudios afirman que en este continente las complicaciones del aborto ilegal son la primera causa de muerte.6 El Alan Guttmacher Institute (AGI) en el año 1999 estima que de los 18 millones de embarazos que se producen en el Caribe y América Latina el 52 % no son planificados y 21 % terminan en aborto. Existen distintas cifras referidas a la mortalidad resultante por abortos inseguros que oscilan entre 200.000 a 600.000 en el mundo. Las preguntas son: ¿Cuan reales son estos valores?, ¿existe realmente una respuesta madura y conciente de la mujer a encuestas relacionadas sobre abortos clandestinos?, ¿la presunción de índices de los abortos clandestinos son realmente aproximadas?. Históricamente en Bolivia el aborto en la época del incario fue sancionado con la pena capital. Posteriormente es pionera en el área en establecer normas jurídicas con referencia al aborto en el Código Penal de 1834. En 1943 se consigna entre los delitos contra la integridad y la comunidad, para finalmente hallarse comprendido en la actualidad entre los delitos contra la vida y la integridad corporal como se menciono anteriormente. El decreto de ley 10.426 del Código Penal de Bolivia en sus artículos 263 a 269, sanciona al practicante del aborto con penas que van de 1 a 9 años en dependencia de la razón del mismo, así como las posibles lesiones y/o muerte como consecuencia. El artículo 266 (aborto impune) dice que: "Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiera sido iniciada.9 Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso".¹⁰ Este es el único artículo que no tiene sanción severa de inicio, siempre y cuando exista autorización de juez o por lo menos la acción judicial haya sido iniciada.^? Bolivia es sin duda uno de los pocos países donde la idiosincrasia es un mal que obliga a la mujer a callar y ocultar abortos clandestinos ó a la continuación de embarazos no deseados por principios religiosos y morales, además de que por otro lado no hallan a quien arrimarse, con la susceptibilidad real de ser criticadas, castigadas y aisladas por la sociedad.''

Se podría decir que la única autoridad gubernamental que se pronuncio a favor de legalizar el aborto fue el Dr. Oscar Crespo Soliz en su función de Fiscal General de la República. Las Organizaciones No Gubernamentales presentan una opinión más amplia y sugerencias al respecto, quien sabe por que además de ser los que más estudios relacionados han producido, contemplan y analizan el tema desde una perspectiva más objetiva.⁸ Es así que la Dra. Julieta Montaño propone reformas en las que el aborto sea sancionado en aquellos casos que es practicado en contra de la voluntad de la mujer y agravado cuando el agente fuera el progenitor, cónyuge o persona que tuviera relación de pareja con la mujer. La Dra. Montaño propone también abolir el artículo 265 (honoris causa) y plantea modificar el artículo 263 (aborto) eximiendo de pena al que practicase el aborto, si este se realizara con el consentimiento de la mujer.¹² Pero si realmente legalizáramos el aborto o ampliáramos la ley que lo sanciona, ¿tendríamos la capacidad institucional y humanitaria para resolver el problema?, ¿somos realmente un pueblo con criterio amplio para aceptar sus consecuencias?, ¹³¿no se destaparía una avalancha incontrolable de usuarias del aborto como un método falso de planificación familiar?. Lo que realmente importa, es que en la actualidad tenemos una ley a la que debemos regirnos, pero que debería de ser reanalizada, debido a los índices estimados de su práctica insegura y consecuencias nefastas, además de evaluar la real celeridad en la aprobación de los entes judiciales en los casos estipulados en el art. 263, de forma tal que el tema no sea minimizado y pueda convertirse en un trayecto de obstáculos perjudiciales para la resolución del mismo.

De acuerdo al ministerio de Salud, en Bolivia se registran un promedio de 50.000 a 80.000 abortos por año, de los cuales 400 terminan en muerte por complicaciones propias de las condiciones en que se realizan y que se mencionaron repetidamente. Considero que hablar de n'meros es muy inestable y casi ficticio, lo real es que el problema existe y es cada vez m^. creciente, mientras que los directos implicados en el tema no intentemos soluciones.¹⁴ Si bien el Juramento Hipoc^.tico rezaba: "Por Apolo, MÉdico y Esculapio juro: No me avendrÉ a pretensiones que afecten a la administraciÚn de venenos, ni persuadirÉ a persona alguna con sugestiones de esta especie; me abstendrÉ igualmente de administrar a las mujeres embarazadas pesarios abortivos". Hoy por hoy los tiempos cambiaron y con Él la conducta humana, priorizando condiciones sociales y economicas nys que morales y Éticas.

 

BIBLIOGRAFIA.

1.    Ferin J., Lecart C., Meulders M., Heylen V. oLiberizar el aborto? Bilbao-EspaÓa. 1974        [ Links ]

2.    Codigo penal de Bolivia. Texto ordenado seg'n Ley No 1768 de 18 de Marzo de 1997        [ Links ]

3.    MontaÓes del Olmo E. PolÉmica y realidad del aborto. Bilbao-EspaÓa. 1975        [ Links ]

4.    Calandra D., Del Valle E., Olivare D., et.al. Aborto Estudio clínico, psicolúgico, social y jurídico. Buenos Aires-Argentina. 1972; 191-200, 257-276, 309-311.        [ Links ]

5.    Spitzer W., Saylor C. El control de la natalidad desde el punto de vista protestante. Barcelona-EspaÓa. 1971        [ Links ]

6.    Bl^.zquez N. La dictadura del aborto. Madrid-EspaÓa. 1978        [ Links ]

7.    CIA World Factbook; Latin America on the Net: Inf, NetPoint Communications, 1995-1996.        [ Links ]

8.    CIA World Factbook. Fallos "Roe v. Wade", "Doe v. Bolton" (ambos en 1973), Webster v. Reproductive Health Services (1999) y Planned Parenthood of Pennsylvania v. Casey (1992). Todos son fallos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.        [ Links ]

9.    García E. Aborto e infanticidio. Buenos Aires-Argentina. 1982; 203-33.        [ Links ]

10.   OMS, Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of and Mortal ity Due to Unsafe with a Listing of Available Country Data, 3rd ed. Ginebra, 1998.        [ Links ]

11.   Alan Guttmacher Institute (AGI), Sharing Responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide. Nueva York, 1999; p.42.        [ Links ]

12.   Oblitas E. Derecho penal y proceso en el incario. La Paz: Ed. Isla. 1970.        [ Links ]

13.   CIDEM. 1996: 20-6.        [ Links ]

14.   CIDEM. 1996: 2-7; 22-44.        [ Links ]